Guillermo Thomas Castorena

Expediente 1361/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1361/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Thomas Castorena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara ha causado ejecutoria la determinación en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicha resolución. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Por otra parte, al resultar innecesario conservar el documento original que exhibió la autoridad responsable 1. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado; en consecuencia, devuélvase a la autoridad indicada, previo cotejo y certificación que del mismo se haga con la copia simple que anexa para que obre en autos como corresponda; sin necesidad de que acuse de recibo, debido a que en la constancia de notificación respectiva, se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, como lo dispone el numeral 9, de la ley de la materia, téngase como delegados de la responsable a los profesionistas que señala y como domicilio el que al efecto indica. Sin que pase inadvertido que la autoridad de cuenta, haya exhibido copia certificada del formato único de movimientos, que lo acredita con el carácter que ostenta; en atención a ello, es de precisarse que las autoridades responsables no tienen la obligación de acreditar el carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías, ya que la única obligación que se les impone es la de rendir su respectivo informe, con oportunidad y en su caso acompañando las constancias que lo justifiquen, pero no existe precepto legal que las obligue al acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. . Ahora, del contenido de la demanda, del informe justificado de cuenta, así como de las constancias que remite en apoyo al mismo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, ante el Departamento de Recurso Humanos del Instituto Nacional Electoral, por el que solicitó se le expidiera la hoja única de servicios de los años que prestó su servicio ante dicho Instituto. En ese sentido, y toda vez que la autoridad responsable de mérito, remite original del acuse de recibo por el que se hizo entrega al quejoso *** de la hoja única de servicios que requirió a través del escrito que aduce, las autoridades no le han dado respuesta; es dable concluir que se actualiza una casual manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. . En efecto, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia que dispone: . La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. . Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, como se adelantó en líneas que anteceden, la parte quejosa se duele de la falta de dar contestación por parte de las autoridades responsables, a su escrito de catorce de julio del año en curso, en el que únicamente solicitó la entrega de la hoja única de servicios a nombre del aquí quejoso. Esto es, impugna un acto de carácter omisivo, vinculado con la transgresión del derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual le asiste a la autoridad pública la obligación de emitir acuerdo por escrito y notificarlo en breve término, al gobernado que por el mismo medio plantea una solicitud de manera pacífica y respetuosa. De ahí que, si la autoridad 1. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, adjunto a su informe justificado remitió original del acuse de recibo (foja 51) por el que fue entregada al quejoso ***, la hoja única de servicios que solicitó en escrito de catorce de julio del año en curso; queda claro que subsanó así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo se atendió la petición del quejoso mediante escrito de catorce de julio del año en curso y se le entregó la hoja única de servicios a su nombre, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. . Sin que pase desapercibido a lo anterior, que la parte quejosa refiera en su escrito de demanda que las autoridades responsables también han sido omisas en entregarle el aviso de baja del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, este órgano constitucional se encuentra impedido para realizar pronunciamiento al respecto, ya que del análisis realizado al escrito catorce de julio del año en curso, se advierte que su petición se constriñó únicamente a la solicitud de la entrega de la hoja única de servicios a su nombre. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que por el momento no ha lugar a ordenar la devolución de los documentos que refiere; pues, se encuentran vinculados con los actos reclamados en el presente asunto, por lo que una vez que cause estado la presente resolución, se acordará lo conducente. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México. Asimismo, como lo dispone el numeral 9, de la ley de la materia, téngase como delegados de la responsable a los profesionistas que señala y como domicilio el que al efecto indica. Sin que pase inadvertido que la autoridad de cuenta, haya exhibido copia certificada del formato único de movimientos, que lo acredita con el carácter que ostenta; en atención a ello, es de precisarse que las autoridades responsables no tienen la obligación de acreditar el carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías, ya que la única obligación que se les impone es la de rendir su respectivo informe, con oportunidad y en su caso acompañando las constancias que lo justifiquen, pero no existe precepto legal que las obligue al acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. . Ahora, del contenido de la demanda, del informe justificado de cuenta, así como de las constancias que remite en apoyo al mismo, se advierte que el acto reclamado por el quejoso se hizo consistir en la omisión de las autoridades responsables de dar contestación a su escrito presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, ante el Departamento de Recurso Humanos del Instituto Nacional Electoral, por el que solicitó se le expidiera la hoja única de servicios de los años que prestó su servicio ante dicho Instituto. En ese sentido, y toda vez que la autoridad responsable de mérito, remite original del acuse de recibo por el que se hizo entrega al quejoso *** de la hoja única de servicios que requirió a través del escrito que aduce, las autoridades no le han dado respuesta; es dable concluir que se actualiza una casual manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. . En efecto, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de la materia que dispone: . La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. . Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, como se adelantó en líneas que anteceden, la parte quejosa se duele de la falta de dar contestación por parte de las autoridades responsables, a su escrito de catorce de julio del año en curso, en el que únicamente solicitó la entrega de la hoja única de servicios a nombre del aquí quejoso. Esto es, impugna un acto de carácter omisivo, vinculado con la transgresión del derecho de petición reconocido por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual le asiste a la autoridad pública la obligación de emitir acuerdo por escrito y notificarlo en breve término, al gobernado que por el mismo medio plantea una solicitud de manera pacífica y respetuosa. De ahí que, si la autoridad 1. Director Ejecutivo de Administración del Instituto Nacional Electoral, con sede en la Ciudad de México, adjunto a su informe justificado remitió original del acuse de recibo (foja 51) por el que fue entregada al quejoso ***, la hoja única de servicios que solicitó en escrito de catorce de julio del año en curso; queda claro que subsanó así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo se atendió la petición del quejoso mediante escrito de catorce de julio del año en curso y se le entregó la hoja única de servicios a su nombre, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. . Sin que pase desapercibido a lo anterior, que la parte quejosa refiera en su escrito de demanda que las autoridades responsables también han sido omisas en entregarle el aviso de baja del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; sin embargo, este órgano constitucional se encuentra impedido para realizar pronunciamiento al respecto, ya que del análisis realizado al escrito catorce de julio del año en curso, se advierte que su petición se constriñó únicamente a la solicitud de la entrega de la hoja única de servicios a su nombre. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con seis minutos del seis de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que por el momento no ha lugar a ordenar la devolución de los documentos que refiere; pues, se encuentran vinculados con los actos reclamados en el presente asunto, por lo que una vez que cause estado la presente resolución, se acordará lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 2. Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Secretario y Apoderado Legal y 3. Jefa de Departamento de Recursos Humanos de la Junta Local Ejecutiva, residentes en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, se tiene como domicilio para oír notificaciones el que señalan. Ahora, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de la Materia, se tienen por ofrecidas las documentales que remiten las autoridades de cuenta, mismas que serán valoradas al momento de emitir el fallo correspondiente. Por otra parte, por lo que hace a la objeción que realizan a las autoridades de mérito, respecto de las documentales que exhibió la parte quejosa, dado que, dicha objeción únicamente la realiza en cuanto a su contenido y alcance de valor probatorio, ténganse por hechas sus manifestaciones mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el presente asunto. Asimismo, no pasa inadvertido que la autoridad 2. Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a través del Vocal Secretario y Apoderado Legal, haya exhibido copia certificada del poder notarial pasado ante la fe del Notario ochenta y nueve, en la Ciudad de México, expedido a su favor que lo acredita con el carácter que ostenta; en atención a ello, es de precisarse que las autoridades responsables no tienen la obligación de acreditar el carácter con el que comparezcan en el juicio de garantías, ya que la única obligación que se les impone es la de rendir su respectivo informe, con oportunidad y en su caso acompañando las constancias que lo justifiquen, pero no existe precepto legal que las obligue al acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. . Finalmente, como lo solicita la autoridad de cuenta, devuélvase la escritura pública que anexa a su informe; en consecuencia, requiérasele para que comparezca ante este Juzgado a recogerlo. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese.

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