Guillermo Thomas Castorena
Expediente 278/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/03/2018
Partes del expediente
- Guillermo Thomas Castorena
- Guillermo Thomas Castorena y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos del que se advierte que obra en resguardo dentro de la caja de valores de este Juzgado, un sobre lacrado que contiene: escritura pública número setenta y cinco mil trescientos cuarenta, de catorce de enero de dos mil catorce, pasada ante la fe del Notario Público número doscientos veintisiete del Distrito Federal, exhibidas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, sin que a la fecha se haya ordenado la devolución del mismo. Al efecto, se acuerda: En atención a ello, se deja a disposición de la parte quejosa para que dentro de los tres días, acuda al local de este Juzgado de Distrito, a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que en día y hora hábil, debidamente identificado, se apersone a recoger los documentos que exhibió; en la inteligencia que de ser omiso, será extraído del lugar en que actualmente se encuentra bajo resguardo y, se glosará al expediente dicho instrumento, el cual podrá ser destruido conjuntamente con el presente asunto.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ********, por propio derecho, contra actos de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 278/2018-VI, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Este juzgador procede a examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a las promociones presentadas el dieciséis y veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en los que en el primero promovió recurso de revisión, contra un acto del Presidente, y en el segundo solicitó se requiriera a la demandada que realizara el pago de la subsistencia del trabajador con motivo de la demanda de amparo directo presentada contra el laudo emitido dentro del expediente laboral J/O/671/2016. Atento a lo anterior, este órgano de control constitucional estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. Del precepto en comento, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de éstas. Lo que debe entenderse en un sentido amplio, es decir, el juicio de amparo también resultará improcedente contra las resoluciones pronunciadas por la autoridad responsable o las que actúen en auxilio de la justicia federal, que tengan como fin hacer cumplir una determinación dentro del procedimiento del amparo, de conformidad con los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Amparo. Lo anterior permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de amparo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados. De ahí, que si el juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, y ésta omite cumplir con su obligación de remitir la demanda de amparo directo presentada por su conducto, al Tribunal Colegiado que corresponda u omita pronunciarse sobre la suspensión, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de amparo. En efecto de una interpretación teleológica del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo vigente, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de amparo es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Apoya a la anterior consideración, la siguiente tesis, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías, al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. Cabe mencionar que cuando la autoridad responsable que actúa como auxiliar del Poder Judicial de la Federación, en la sustanciación del juicio de amparo directo, emite una resolución en la que deseche, tenga por no interpuesta o niegue la remisión de una demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, omite su remisión a esa superioridad, no prevea sobre la suspensión o lo haga de manera indebida, la parte interesada puede denunciar tal irregularidad ante el tribunal colegiado correspondiente, para que éste, de inmediato, requiera, con apercibimiento de multa, a la autoridad responsable, en el sentido de que remita la demanda y sus anexos, pues ello constituye una obligación que se impone como carga procesal a aquélla, en términos del artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, sin perjuicio de que, si insiste en el incumplimiento, después de agotados los medios de apremio, se proceda en contra de la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción V, del ordenamiento jurídico citado, para que se le sancione en la forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia. Lo anterior, debido a que los artículos 177 y 178 de la Ley de la materia son suficientes para fundar el requerimiento de mérito, con el que el Tribunal Colegiado está en aptitud de proveer, en forma expedita y pronta, sobre la demanda de amparo directo, y evitar que la parte interesada quede en estado de indefensión. Precisado lo anterior, resulta menester señalar los antecedentes que se obtienen del escrito de demanda de amparo, a saber: 1.- El tres de mayo de dos mil dieciséis, el hoy quejoso promovio demanda laboral por despido injustificado contra el Colegio de Bachilleres de Chiapas, el cual se substanció ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje radicado bajo el número J/O/671/2016. 2.- El veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, se dictó laudo correspondiente, condenando a la demandada, la reinstalación y al pago de diversas prestaciones. 3.- El veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Colegió de Bachilleres de Chiapas y/o COBACH, presentó amparo directo contra el laudo dictado en ese expediente. 4.- En uno de diciembre de dos mil diecisiete, el quejoso solicitó el pago de su subsistencia de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, y presentó amparo directo adhesivo. 5.- El quince de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso promovió recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, por abstenerse de ordenar el pago de la subsistencia solicitada, con motivo el trámite del amparo directo contra el laudo promovido por el demandado. 6.- En veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el quejoso presentó nueva petición para que se proveyera respecto del pago de su subsistencia, petición que está pendiente de proveer. De los antecedentes narrados se advierte que los actos reclamados se encuentran estrechamente vinculados al trámite del juicio de amparo directo, a saber, en la suspensión decretada por la autoridad responsable contra el laudo. Hecho que torna improcedente el juicio de amparo, pues ante tales omisiones existe el recurso de queja contemplado por la Ley de Amparo, del cual deberá conocer el Tribunal Colegiado en materia del Trabajo. Apoya a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE INDEBIDAMENTE LA DESECHA, LA TIENE POR NO INTERPUESTA O NIEGA REMITIRLA, NO PROCEDE RECURSO ALGUNO, SINO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REQUERIR SU ENVÍO CON LOS APERCIBIMIENTOS LEGALES. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 44, 163, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, deriva que cuando la autoridad responsable que actúa como auxiliar del Poder Judicial de la Federación, en el inicio de la sustanciación del juicio de amparo directo, emite una resolución en la que desecha, tiene por no interpuesta o niega la remisión de una demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, para lo cual carece de atribuciones, procede que la parte interesada informe tal circunstancia al Tribunal Colegiado, para que éste, de inmediato, requiera, con apercibimiento de multa, a la autoridad responsable, en el sentido de que remita la demanda y sus anexos, pues ello constituye una obligación que se impone como carga procesal de aquélla, sin perjuicio de que, si insiste en el incumplimiento, después de agotados los medios de apremio, se proceda en contra de la autoridad responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 del ordenamiento jurídico citado, para que se le sancione en la forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia; de tal manera, una vez que el tribunal federal reciba la demanda de amparo deberá, de oficio, dejar insubsistente la resolución relativa y proveer acerca de la procedencia del juicio de garantías, habida cuenta que no existe la necesidad de integrar laguna jurídica alguna, a través del razonamiento analógico, para crear un supuesto de procedencia de recurso, con la finalidad de que el interesado pueda combatir esa clase de determinaciones, pues su interposición implicaría que existiera sustanciación y significaría una carga procesal para la parte interesada que, de no realizarse en los términos previstos por la ley, daría lugar al absurdo de que, por virtud del principio de preclusión, quedara firme una determinación de la autoridad responsable, para cuya emisión carece de atribuciones. Lo anterior, debido a que el artículo 169 de la Ley de Amparo es suficiente para fundar el requerimiento de mérito, con el que el Tribunal Colegiado está en aptitud de proveer, en forma expedita y pronta, sobre la demanda de amparo directo, y evitar que la parte interesada quede en estado de indefensión. Asimismo es aplicable a lo anterior la jurisprudencia que a la letra cita: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor. Por analogía también es aplicable a la tesis aislada que cita: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO. CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE TENGA O HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO RELACIONADO CON AQUÉL. El precepto citado establece que el recurso de queja procede cuando la autoridad responsable, entre otras cuestiones, conceda la suspensión en un juicio de amparo directo. Por su parte, el artículo 99, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé que cuando se trate de actos de la autoridad responsable, el recurso de queja deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. Así, se estima que este precepto contiene una regla de competencia para los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que el competente para conocer del recurso de queja será el Tribunal Colegiado de Circuito que tenga conocimiento o haya conocido del juicio de amparo relacionado con aquél, aun cuando dicho órgano solamente se hubiere declarado incompetente por razón de la vía para conocer de la demanda relativa, ya que ello involucra el análisis del caso desde una perspectiva formal. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda en estudio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Guillermo Tahua León1402/2018
- Guillermo Thomas Castonera678/2021
- Guillermo Thomas Castorena1547/2018
- Guillermo Thomas Castorena945/2021
- Guillermo Thomas Castorena129/2017
- Guillermo Thomas Castorena47/2017
- Guillermo Thomas Castorena916/2021
- Guillermo Thomas Castorena681/2022
- Guillermo Uvenay Hernández Vicente1782/2022
- Guillermo Velázquez López y Otros.860/2017
- Guillermo Velázquez Mendoza1004/2016
- Guissel Carolina Madrid Mier1136/2022