Guillermo Tapia Preciado

Expediente 978/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 51 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
978/2020
Año
2020
Actuaciones
51
Última actuación
06/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Tapia Preciado
  • Guillermo Tapia Preciado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    *Se estima que la responsable, acató el fallo protector. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. El presente asunto es susceptible de depuración. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Por lo que ve al original de los cuadernos incidentales es susceptible de depuración y por lo que ve al duplicado es destruible...

  2. Principal

    CITATORIO.- Por este conducto y en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso B, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSOS GUILLERMO TAPIA PRECIADO y GUILLERMO TAPIA MORENO lo resuelto en acuerdo de seis de octubre de dos mil veintidós que en síntesis refiere: Visto lo de cuenta, se advierte que en acuerdo catorce de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable, en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que obren en autos, sin que lo haya realizado. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto siguiente: "a) Se desincorpore de la esfera jurídica de los solicitantes la aplicación del artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil veinte. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco (sin que sea obstáculo que no haya sido llamada a juicio): c) Emita otros recibos de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la cantidad que se haya pagado en exceso, tal como consta en los siguientes recibos electrónicos de pago 2605591; 2605595; 2605596; 2605597, 2605600, 2605601, 2605602, 2605603, 2605604, 2605605, 2605642, 2605643, 2605644, 2605645, 2605646, 2605652, 2605647, 2605648, 2605649, 2605650 y 2605651, todos de veintinueve de mayo de dos mil veinte, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados; así como la devolución de las cantidades que de ser el caso haya pagado en exceso de todos aquellos recibos que le hayan sido expedidos con motivo de la aplicación de dicho numeral, desde el primer acto de aplicación y hasta que cause ejecutoria este fallo." En auto de doce de julio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, y se requirió a las responsables por cumplimiento. Atento a lo anterior, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, informó las gestiones a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, para lo cual emitió el acuerdo de devolución ACDEVIP1400/2021/T-7284 mediante el cual desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos legales declarados inconstitucionales y solicitó a la Dirección de Egresos la emisión del cheque correspondiente. Posteriormente, el quejoso manifestó su oposición a la cantidad que la Tesorería Municipal pretendió devolver en cumplimiento a la sentencia de amparo, por lo que en auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno se ordenó la apertura del incidente innominado para determinar el monto que debe devolverse a la quejosa en términos de la sentencia dictada en el presente juicio, mediante un incidente de liquidación. Seguido que fue el trámite del incidente a que refiere el párrafo anterior, por interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se resolvió dicha incidencia para determinar el monto a devolver a los quejosos, la cual causó estado el cinco de abril de dos mil veintidós. Luego, en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que remitió la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, a través del cual informa que realizó la transferencia electrónica, constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente expediente, acató el fallo protector en su totalidad. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Ahora bien, en atención al artículo 15 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, vigente a partir del veintiséis de marzo siguiente, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y gestión ambiental, no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, o bien, relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes, no trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no se generó por el Pleno de Circuito, no versa sobre materia agraria y no integró jurisprudencia o tesis aislada en este Tribunal Colegiado. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el diverso artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General mencionado en el párrafo que antecede, el presente asunto es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la protección constitucional en el presente amparo. Por tanto, el órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Ahora bien, por lo que ve al original de los cuadernos incidentales es susceptible de depuración y por lo que ve al duplicado es destruible. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. En otro aspecto, se ordena notificar personalmente a las partes el presente acuerdo, a efecto de que, si es su deseo, acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo correr traslado con el oficio y anexo de mérito.

  4. Principal

    CITATORIO.- Por este conducto y en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso B, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA GUILLERMO TAPIA PRECIADO y GUILLERMO TAPIA MORENO lo resuelto en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintidós que en síntesis refiere: Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio que suscribe la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual informa que ya realizó la trasferencia electrónica a la cuenta bancaria del quejoso respecto del pago de las cantidades determinadas en el trámite manual con pago con número de folio 1388, y el efecto remite copia certificada de la transferencia con referencia de movimiento 2110104191, por la cantidad de $158,916.65 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis pesos 65/100 moneda nacional), correspondiente al monto determinado en la interlocutoria del incidente innominado de liquidación de veinticinco de febrero del actual, con lo cual manifiesta haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de garantías; comunicado y anexo que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En consecuencia, con el oficio y anexo de referencia, así como con el presente proveído, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable en mención, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto o, si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia.

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