Guillermo Sosa Barrios

Expediente 1606/2016 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1606/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Sosa Barrios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese por lista de acuerdos, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado.Así lo proveyó y firma el Licenciado Miguel Ángel Luna Gracia Juez Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante la licenciada Brenda Elizabeth Grande Torres, Secretaria con quien actúa y da fe.Tampico, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico al quejoso Guillermo Sosa Barrios, el auto de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, por lista de acuerdos que se fija en los tableros del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Tampico, así como en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación (www.cjf.gob.mx), toda vez que la parte interesada no se presentó al Juzgado de mérito, dentro de los dos días hábiles siguientes al en que se dejó el citatorio relativo, en el horario de labores del mismo comprendido de las nueve a las quince horas a notificarse del acuerdo aludido

  3. Principal

    Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo de los que se advierte que por oficio registrado 780, en el libro de correspondencia de este Juzgado, remitido por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de las resoluciones de seis y siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictadas en el juicio laboral 564/2/2012, del índice de la Junta responsable. Constancias a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. En vista de lo anterior, y considerando que el principal acto reclamado en este asunto lo constituye la omisión de resolver los recursos de revisión interpuestos dentro del expediente laboral 630/2/2012, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y advirtiéndose que durante la sustanciación del presente juicio de amparo, la autoridad señalada como responsable el seis y siete de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable resolvió los recursos de revisión de actos de ejecución del Presidente y del Actuario interpuestos en el juicio laboral 564/2/2012, de su índice, razón por la cual se pone de manifiesto que en la especie se ha actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuanto hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Se estima de ese modo, en razón de que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. De ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa, ha cesado en sus efectos, pues al dictar la Junta responsable las resoluciones de seis y siete de diciembre de dos mil dieciséis, que resuelven los recursos de revisión interpuestos en el juicio laboral 564/2/2012, del índice de la Junta responsable, por ende, es obvio que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que dio motivo al presente juicio de amparo, reponiendo a dicho quejoso en el goce de los derechos que estimó se vulneraron en su perjuicio con los actos combatidos; luego, resulta incuestionable que se restituyó al accionante constitucional en el goce de las garantías que estimó vulneradas en su agravio. En esa tesitura, al haber cesado los efectos del acto reclamado por el quejoso, por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al caso, se aplica la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2ª./J.10/2003, visible en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que sea el caso dar vista a la quejosa con dichas constancias en términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio al derecho de audiencia de la parte quejosa, pues resulta obvio que su pretensión se le restituyó al haber dictado las resoluciones de seis y siete de diciembre de dos mil dieciséis, dictadas en el juicio laboral 564/2/2012, del índice de la Junta responsable, al haberse restablecido las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia número 2011905, visible en la página dos mil setecientos nueve, del tomo IV, junio de dos mil dieciséis, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.", la vista establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, en los casos en que, de oficio, el órgano jurisdiccional de amparo advierta alguna causa de improcedencia respecto de la cual el quejoso no ha tenido oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica. Por lo tanto, es innecesario otorgarla al quejoso en términos del artículo invocado, cuando la causa de improcedencia que se actualiza no le produce perjuicio alguno que justifique el ejercicio de dicho derecho humano, como ocurre en los casos en que el inconforme materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo, ya sea porque se le restituyó en el pleno goce del derecho que estimó violado y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado, o bien, porque la autoridad responsable respetó el derecho involucrado y cumplió lo que éste exige." Asimismo, la Tesis XI.P.1 K (10a.), visible en la página dos mil doscientos cincuenta y ocho, del tomo III, julio de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE OMITIRSE, SI ÚNICAMENTE TENDRÍA UN EFECTO DILATORIO EN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA AL QUEJOSO O EN LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. Cuando se examina por primera vez una causa de improcedencia, cuyo efecto es inocuo para la esfera jurídica del quejoso o recurrente, es innecesario proceder en términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, y de las jurisprudencias P./J. 51/2014 (10a.) y P./J. 5/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, y Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 8, de títulos y subtítulos: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO." e "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.", respectivamente. Así, casos en los que conjuntamente con el sobreseimiento se otorgue la protección constitucional respecto del acto de autoridad que generó el reclamo del quejoso, o bien, en que la improcedencia tiene su origen en una actuación favorable a éste dentro del proceso de origen, el cual concluye a su favor, es indudable que el trámite de la vista al quejoso con la novedosa causal de improcedencia, únicamente tendría un efecto dilatorio en la protección constitucional otorgada o en la conclusión del procedimiento del cual derivó el acto reclamado, con el consecuente retardo en la actualización de los beneficios que de la concesión del amparo o la eventual conclusión del procedimiento de origen deriven para el promovente; por lo que en aras de una más efectiva tutela del deber constitucional a proporcionar una justicia pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe omitirse dar vista al quejoso con la causa novedosa de sobreseimiento.". En atención a lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, la cual tendría verificativo a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de febrero de dos mil diecisiete Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto, agréguese a estos autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable, rinde su informe justificado, y con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término que indica el párrafo segundo de dicho precepto legal, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia programada para hoy en este juicio de amparo; por tanto, se señala como nueva fecha para su celebración el DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, A LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS.

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