Guillermo Soberano Solís

Expediente 1320/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1320/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Soberano Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y negó la definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Guillermo Soberano Solís, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1320/2022-9, promovido por *********, contra los actos que reclama del Juez de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el once siguiente, Guillermo Soberano Solís solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Sentido del Informe justificado Foja 1 Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco. Niega acto reclamado 43 2 Fiscal General del Estado de Tabasco. Niega acto reclamado 20 3 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Municipio de Cunduacán, Tabasco, en su Primer Turno. Niega acto reclamado 30 4 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Municipio de Cunduacán, Tabasco, en su Tercer Turno. Niega acto reclamado 31 5 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Agencia del Municipio de Cunduacán, Tabasco, en su Segundo Turno. Niega acto reclamado 29 6 Fiscalía de Victimas en Situación de Vulnerabilidad (denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces (CAMVI), en su Primer, Segundo y Tercer Turno). Niega acto reclamado Cuadernillo incidental 7 Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Niega acto reclamado 24 8 Comandante General de la Policía Ministerial adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, en el municipio de Centro, Tabasco. Inexistente Acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós 9 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Cunduacán, Tabasco. Niega acto reclamado 47 10 Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Tenosique, Tabasco. Niega acto reclamado 48 SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1320/2022-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. AUTORIDAD INEXISTENTE. En auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de agosto del mismo año, en el que se le concedió a la parte quejosa el término de cinco días, para que aclarara la denominación de la autoridad que señaló como Comandante General de la Policía Ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, sin que lo hiciera; por lo que se tuvo por inexistente a la precitada autoridad. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que las autoridades responsables tienen su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de detención y/o aprehensión, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado, por haberlo negado las autoridades señaladas como responsables en sus respectivos informes justificados, de los que se dio vista a la parte quejosa en autos de dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintiséis y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, respectivamente, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, los cuales le fueron notificados oportunamente, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento jurídico. Al respecto, es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 903, del rubro y texto siguiente: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Asimismo, sirve de apoyo lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Ahora, si bien la Fiscalía de Victimas en Situación de Vulnerabilidad denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Centro de Atención a Menores Víctimas e Incapaces (CAMVI), en su Primer, Segundo y Tercer Turno) fue omisa en rendir informe justificado. No obstante, en los cuadernos incidentales que derivan del presente juicio de amparo, obra agregado su informe previo, del que se obtiene que negó el acto reclamado, mismo que se toma en consideración y sirve apoyo para determinar su inexistencia. Sobre el particular, cabe tener en cuenta las consideraciones que sustentan la tesis II.2o.P.25 K (10a.), formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 42, mayo de 2017, Tomo III, página 1933, con número de registro 2014261, del siguiente rubro y texto: INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado". En consecuencia, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 928/2021-9, promovido por *********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, se advierte que por proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se le concedió a la parte quejosa el término de cinco días, para que aclarara la denominación de la autoridad que señaló como Comandante General de la Policía Ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, lapso que ya aconteció, sin que a la fecha haya realizado manifestación al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado; esto es, se tiene por inexistente a la autoridad responsable antes citada y por ende sus actos, por lo tanto, suspéndase toda comunicación con ésta. Notifíquese.

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