Guillermo Silverio Hernández

Expediente 466/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
466/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
19/10/2022

Partes del expediente

  • José Arturo Castro Díaz
  • Guillermo Silverio Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto, así como el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del mismo, son susceptibles de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadran en las hipótesis establecidas en el artículo 21, incisos b) y c), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y al haberse negado la medida cautelar solicitada respecto del acto reclamado, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente, así como el cuaderno original del incidente de suspensión y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal; por lo que, agréguese a dicho cuaderno original copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desglósese del presente asunto los autos originales que integran el toca 369/2022, del índice de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, para ser devuelto a la citada autoridad responsable, solicitándole que una vez que reciba los autos del toca de mérito, acuse recibo de su recepción. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado, mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que hubiera cumplido con lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 32255 de la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 574/2022 (1630/2022), que se envió para que dicha autoridad emplazara al tercero interesado Ramón Gómez Luna -ofendido- quien representa al fallecido Víctor Manuel Gómez Luciano, por sí o por conducto de su asesor jurídico Ignacio Emilio Simbrón Martínez; agréguese a los autos para que obre como corresponda y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. Por lo que, estese en espera a que dé cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, o en su caso, que precluya el término en él concedido, para acordar lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Bruno Aníbal Rivera García, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, por autorización de licencia médica de la Titular, concedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y autorizada en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante oficio 4886/2022, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en los autos originales del toca 369/2022, de su índice. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del referido informe se advierte que el diez de junio de dos mil veintidós, la Sala responsable dictó un auto en el que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de los aquí quejosos Guillermo Silverio Hernández y José Arturo Castro Díaz, en contra del acuerdo de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, en el proceso penal 171/2020, de su índice. En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio, por las consideraciones que enseguida se especifican. En principio, cabe precisar que por criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el sobreseimiento fuera de audiencia por dos razones a saber: porque se encuentra previsto por el inciso d), fracción III, del artículo 81 de la Ley de Amparo, el cual revela que el sobreseimiento del juicio, además de decretarse en la audiencia constitucional también puede ser decretado en un auto que se emita fuera de la misma, ya que el precepto de referencia establece que procede el recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, lo cual significa que se trata de un acto distinto a la sentencia emitida en la audiencia constitucional. Además, cuando la causa de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del juicio de amparo, lo que permite que se tenga la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de continuarse con la substanciación del procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se procede, de oficio, al análisis de la causa de improcedencia que se surte en el caso, toda vez que se estima operante la hipótesis prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se hayan agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual debe agotarse previamente. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: a) Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Igualmente, no existe obligación de agotar dichos recursos, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. d) Que el acto reclamado no se trate de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal del quejoso, siempre que se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. e) No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando el juicio de amparo sea promovido por persona extraña al juicio del que derivan los actos reclamados. f) Tampoco existe obligación de agotar el recurso cuando esté sujeto a una interpretación adicional de la Ley. Establecido lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que los disconformes señalan como acto reclamado el consistente en: "DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS RECLAMO EN PRIMER LUGAR LA DECLARATORIA DE SER INADMISIBLE MI RECURSO DE APELACIÓN, DENTRO DEL TOCA 369/2022-A J.O. RELATIVO AL PROCESO PENAL 171/2020 DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DE CONTROL Y ENJUICIAMIENTO ADSCRITO AL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, ASÍ COMO TODAS SUS CONSECUENCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE DE LA MISMA EMANEN O SE DERIVEN." En ese contexto, en contra del auto dictado por la Sala responsable que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los quejosos, procede el recurso de revocación establecido por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del cual puede ser revocado o modificado. El citado precepto legal, es del tenor siguiente: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Relatado lo anterior, resulta evidente que el recurso de revocación es un medio de impugnación que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. Por consiguiente, el auto de diez de junio de dos mil veintidós dictado por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, que no admite el recurso de apelación, debe considerarse una determinación dentro del procedimiento penal y de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo del proceso penal, no pone término al procedimiento ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la parte recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Así, se observa con claridad que el legislador otorgó a las partes la oportunidad de defenderse de dichos autos, a través del recurso de revocación, el cual los quejosos debieron interponer, a fin de que la autoridad judicial se pronunciara al respecto, habida cuenta que a través de ella, podía lograrse la revocación, modificación o confirmación del diverso auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en el proceso penal natural por la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, que según los inconformes les depara agravio. Y si no hicieron valer sus derechos a través de esa vía ordinaria de defensa, resulta incuestionable que no pueden acudir ante esta instancia constitucional, por no haberse agotado el principio de definitividad que rige en el referido juicio. En ese orden de ideas, es dable sostener que el acto combatido consistente en el auto de diez de junio de dos mil veintidós, emitido por la Quinta Sala responsable, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los hoy quejosos, puede ser revocado o modificado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, debió agotarse el aludido medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, no obstante se encontraban obligados a ello, al ser los procesados en el supracitado proceso penal que se trata; por lo tanto, inobservaron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, de vinculación a proceso, ni es una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los impetrantes a que se refieren los incisos a) y b) de la fracción XVIII, del referido numeral 61 de la Ley de Amparo. Cabe concluir que si los quejosos no agotaron el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso de revocación, previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por lo tanto, inobservaron el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, resulta incuestionable la actualización en el caso de una causa de notoria e indudable improcedencia, en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar lo expuesto, se invocan las jurisprudencias siguientes: Registro digital: 2021251 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 85/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 283 Tipo: Jurisprudencia RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sin que se desatienda que por auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se reservó a emplazar al Fiscal Auxiliar adscrito a la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez y se ordenó llevar a cabo el emplazamiento del diverso tercero interesado Ramón Gómez Luna, por medio de exhorto que se giró al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez; sin embargo, a la data no se ha recibido dicha comunicación oficial, pero en nada perjudica la presente determinación a los terceros interesados, pues, como se vio, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia por actualizarse una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Por lo que, estese en espera de la recepción del exhorto de mérito para darlo de baja en el libro de comunicaciones oficiales enviadas.

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