Guillermo Sánchez Martínez y Otros.

Expediente 862/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
862/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Sánchez Martínez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia de cuenta, téngase a Patricia Arlett Félix Ramírez, Defensora Pública Federal, aceptando y protestando el cargo conferido, así como designando el respectivo domicilio en que habrá de notificársele. Ahora, dado que este órgano de control constitucional ha procurado la asistencia de los quejosos por una profesional del derecho, es procedente analizar la procedencia o no de la acción constitucional planteada. Así, en el caso, se advierte que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, una causal de improcedencia, por lo que es procedente desechar de plano la demanda de amparo, acorde con las siguientes consideraciones. De la demanda de amparo se advierte que los quejosos reclaman ".la omisión constitucional y procesal relativa al olvido de contestar una promoción elevada. el día 20 de agosto de 2019." al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México. Expuesto lo anterior, este juzgado considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, párrafo primero, del citado ordenamiento legal, que en ese orden, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)". Bajo ese marco jurídico, es claro que los tribunales de la federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos de las personas y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que las autoridades contra las que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicten, ordenen, ejecuten, o traten de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo anterior, en el específico aspecto de lo que debe entenderse por autoridad, es aplicable la la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Anterior criterio del que se aprecia que con el propósito de distinguir a una autoridad para efectos del juicio de amparo, deben considerarse los siguientes aspectos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese sentido, si los quejosos se duelen de que el director señalado como autoridad responsable se ha abstenido de contestar el ocurso que presentaron el veinte de agosto del año en curso, es inconcuso que tal omisión no pueda repararse en el juicio de amparo, pues la relación jurídica entre ellos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación derivada de la prestación de un servicio de defensa legal, asimismo, dicho director no tiene facultades para emitir algún acto unilateral a través del cual cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, o bien, que pueda omitir un acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Con la precisión que si los quejosos consideran que la conducta contumaz del director mencionado les ha ocasionado algún perjuicio que pudiera repercutir en una indebida o inadecuada defensa, esa circunstancia sólo podría actualizar una falta administrativa, en cuyo caso, tienen a salvo su derecho para que pueden hacer valer su inconstitucionalidad ante la autoridad que consideren competente. Es orientadora, dado que no se opone a la legislación de la materia vigente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 650 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Junio de 2002, que dispone: "DEFENSOR DE OFICIO. NO ES AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 11 de la Ley de Amparo señala que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por lo que si dentro de las facultades que tiene un defensor de oficio no se encuentra ninguna de las señaladas en ese precepto legal, a través de la cual tuviera imperio y decisión en relación con la sentencia reclamada por el quejoso, ya que no la pronuncia y ninguna intervención tiene en su ejecución, con apoyo en el artículo 11, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es improcedente el juicio de garantías y debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en la fracción III del numeral 74 de la propia codificación". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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