Guillermo Sánchez Martínez y Otros.
Expediente 453/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 453/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/08/2019
Partes del expediente
- Guillermo Sánchez Martínez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de once de julio de dos mil diecinueve, en el C.C.P. 10/2019, en el sentido de que corresponde conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo 453/2019, promovido por *, al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; en consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido. Por otra parte, respecto al destino de este expediente, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por **************** y ****************, contra actos de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo ******. Del escrito inicial se advierte que el accionante indica como actos reclamados: "LA OMISIÓN CONSTITUCIONAL Y PROCESAL RELATIVA AL OLVIDO DE CONTESTAR UNA PROMOCIÓN QUE SE LE CANALIZÓ PARA SU CONTINUACIÓN EL DÍA 7 DE MAYO DE 2019.". Asimismo señala como autoridad responsable a la siguiente: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, ***********. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del presente asunto, por los motivos que enseguida se exponen. En principio, resulta necesario señalar que el estudio del tópico en comento es de orden público, es decir, preferente. Por competencia debe entenderse la facultad otorgada a un órgano jurisdiccional para que resuelva determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma establece. Se trata de un presupuesto básico para estar en aptitud de realizar cualquier otra actuación procesal; por tanto, para que un juez pueda avocarse al estudio de las controversias sometidas a su consideración, se precisa que la legislación le reserve su conocimiento, con preferencia respecto de los demás tribunales. El fundamento legal de tales argumentos, se encuentra en los ordinales 37 y 38 de la ley de la materia. De los citados arábigos se desprenden diversas hipótesis para el conocimiento de los asuntos tratándose de los Juzgados de Distrito; sin embargo, éstos atienden a la competencia por razón de territorio y grado, pero no comprenden el presupuesto en estudio, es decir, en relación con la materia. Por ello, debe acudirse a lo que dispone el precepto 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para advertir las hipótesis referentes a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. De dicho mandato se aprecia que la competencia de un juzgado de esta especialidad se surte para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y la autoridad, en específico, judicial. b) Contra actos que vulneren la libertad personal, con independencia de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de los quejosos, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. El juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. c) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos; o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, el numeral 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para atender, entre otras cosas, los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta a la judicial. Además, es de señalarse, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio al resolver conflictos competenciales por razón de la materia, respecto a que en aquéllos que éstos se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Por lo anterior, para determinar la competencia por razón de materia de un Juez de Distrito, debe privilegiarse la cualidad de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis de los actos reclamados, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Atento a lo expuesto, si en el caso los inconformes señalan como acto reclamado: "LA OMISIÓN CONSTITUCIONAL Y PROCESAL RELATIVA AL OLVIDO DE CONTESTAR UNA PROMOCIÓN QUE SE LE CANALIZÓ PARA SU CONTINUACIÓN EL DÍA 7 DE MAYO DE 2019"; deviene incontrovertible que su estudio no es del conocimiento de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal. Ello, en virtud de que dicha omisión es formal y materialmente administrativa, debido a que no guarda relación con algún procedimiento penal ni se constituye como una circunstancia conexa a ésta, pues de la constancia que allegaron los quejosos a su escrito de demanda, se advierte que solicitaron a la Secretaría de Gobernación, una revisión dentro de lo que nos compete, de las actuaciones del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********, dado que refieren que dichas actuaciones están siendo manipuladas; ya que el quejoso trata de acusar al funcionario encargado del citado juicio de amparo, lo cual, no determina la naturaleza de los actos reclamados y por ende, tampoco la competencia del órgano de amparo penal, pues cuando en una demanda de amparo se reclama de una autoridad administrativa la omisión de dar contestación a un escrito de petición formulado con apoyo en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que su naturaleza es administrativa. Máxime que con la omisión de contestar la petición formulada tampoco afectan la libertad personal, ni importan peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por el contrario, actualiza la hipótesis contenida en la referida fracción IV del precepto 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que prevé los supuestos para el conocimiento de los juicios de amparo en materia administrativa. En tal virtud, en razón de la naturaleza los actos no incumbe a la materia penal al no tratarse de una petición formulada en algún expediente de dicha especialidad, ni de un acto dictado dentro de algún proceso instruido contra aquél; tampoco de uno emitido en juicio, fuera de él o después de concluido, o bien, que perturbe a personas extrañas al mismo, conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Carta Magna, sino que, conforme a lo narrado en la demanda de amparo se traduce en uno de índole meramente administrativo (sancionador). En ese sentido, se estima que el conocimiento de la demanda de garantías que dio origen a este asunto está reservado para un Juez de Distrito en Materia Administrativa; en virtud de que lo combatido en esta vía reviste carácter administrativo de forma patente, al igual que la calidad de la autoridad a la que se lo endilgan, que es formal y materialmente administrativa, en términos del artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, previo cuaderno de antecedentes que se forme, envíese el original del libelo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que por su conducto lo haga llegar al juzgado de dicha especialización, en turno, así como las copias que se adjuntaron a él, solicitándole a éste el acuse de recibo y la comunicación de lo que determine al respecto.
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