Guillermo Rodríguez Sánchez
Expediente 467/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 467/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Guillermo Rodríguez Sánchez
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero
- Gildardo Olmedo Arellanes
- Guillermo Rodríguez Sánchez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido a la parte quejosa la vista que se le otorgó mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintidós; por tanto, este órgano de control constitucional de oficio se pronuncia en relación al cumplimiento a la sentencia amparadora. I. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, los quejosos Guillermo Rodríguez Sánchez y Gildardo Olmedo Arellanes, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra los actos emitidos por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por la omisión de llevar a cabo el requerimiento de pago del laudo dictado dentro del juicio laboral 421/2015. II. Seguida la secuela procesal en todas sus formalidades, con fecha dos de febrero de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: ".Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir una determinación con relación a la promoción que le fue presentada por la parte trabajadora el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en el que solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral 421/2015." III. Luego, por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia respectiva ordenándose requerir el cumplimiento de la misma a la autoridad laboral responsable. IV. Enseguida, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, por oficio 3890/2022 de cuatro de mayo de dos mil veintidós, remitió el cumplimiento de la sentencia de amparo para lo cual anexó copia certificada del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 421/2015, en el cual acordó la promoción presentada por la parte trabajadora el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, dentro del cual entre otras cuestiones jurídicas acordó: Comisionó al Actuario adscrito a ese tribunal laboral para que el trece de abril de dos mil veintidós, se constituyera en el domicilio del Ayuntamiento demandado, asociado dela parte actora, y le requiriera el cumplimiento de laudo, esto es, exhibir el pago de la cantidad de ciento treinta y dos mil seiscientos treinta y tres pesos, para cada uno de los actores aquí quejosos. V. Por tanto, con lo anterior se advierte que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió el lineamiento establecido en la misma, al emitir el auto de diez de febrero de dos mil veintidós, en el cual acordó la promoción que recibió el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la cual fue emitida con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, señalando fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago en el juicio laboral 421/2015. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. VI. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VII. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. VIII. En razón del o anterior, y en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido tres años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. En términos del capítulo quinto, artículo 15 del referido Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual atiende el requerimiento de veintinueve de abril de dos mil veintidós, informando el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee con su anexo, para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir una determinación con relación a la promoción que le fue presentada por la parte trabajadora el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en el que solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral ****. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a *********, Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del tribunal laboral responsable dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
- Principal
dos de febrero de dos mil veintidós. A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L. En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las diez horas con cinco minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 467/2021, promovido por Guillermo Rodríguez Sánchez y Gildardo Olmedo Arellanes, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez; estando en audiencia pública Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria que da fe, declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Enseguida la secretaria da cuenta al Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero acuerda: con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Asimismo, dado que de la revisión del expediente se advierte que está debidamente integrado para dictar sentencia, se deja sin efectos el requerimiento formulado en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad capital. A continuación, se declara abierto el período de pruebas, dentro del cual se da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda y con las remitidas por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. A lo anterior, el Juez Primero de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia. Acto continúo, la secretaria: certifica que no existen pruebas por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. El Juez Primero de Distrito, acuerda: atento a la certificación de cuenta, se culmina la etapa probatoria y se continúa con la de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho y que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito sí presentó pedimento. El Juez Primero de Distrito acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para formular alegatos y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito presentando sus manifestaciones. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, para dictar la resolución que en derecho proceda. VISTO para resolver el juicio de amparo indirecto 467/2021, promovido por Guillermo Rodríguez Sánchez y Gildardo Olmedo Arellanes, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En demanda de amparo presentada el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, remitida ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Guillermo Rodríguez Sánchez y Gildardo Olmedo Arellanes, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital. ACTO RECLAMADO: "LA OMISIÓN DE LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE PAGO..." SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; al Agente del Ministerio Público de la Federación se le dio la intervención que le compete; se emplazó a la parte tercera interesada; se solicitó a la autoridad señalada como responsable rindiera su informe justificado; se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; además, el acto reclamado es atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción y no requiere ejecución por tratarse de un acto omisivo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar el escrito que le presentó el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en el que solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral 421/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, es oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos tildados de inconstitucionales, pues por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En ese orden se tiene, que la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad capital al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, argumentando que efectivamente el dieciocho de febrero de dos mil veinte, recibió la promoción de la parte actora aquí quejosa, la cual no ha acordado. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. De conformidad con el numeral 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de orden público analizable aún de oficio, lo aleguen o no las partes, y debe ocurrir previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causal de improcedencia, resultaría innecesario el estudio de la litis constitucional planteada. En ese aspecto, no existe alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes, y de un estudio oficioso tampoco se advierte alguna que imposibilite el análisis de la litis constitucional, sin ser obligatorio abordar el estudio de cada una de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el artículo 62 de la misma ley no lo establece así. QUINTO. Estudio de fondo. Al no haberse hecho valer ni se advierte de oficio que opere alguna causal de improcedencia del juicio, se procede a examinar el fondo del debate planteado a la luz de los motivos de disenso vertidos por la parte quejosa. Como conceptos de violación, la parte quejosa expresó los contenidos en su escrito inicial de demanda, cuya transcripción se omite en obvio de innecesarias repeticiones, y además, porque en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa, en esencia, aduce que el acto reclamado es violatorio de las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, ya que la autoridad responsable no está respetando el procedimiento de ejecución previamente establecido en la Ley 51 Burocrática Municipal y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados, aunque suplidos en la deficiencia de la queja, conforme a lo establecido en el artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es así, dado que asiste razón a la parte quejosa en relación con la omisión de la autoridad laboral responsable de pronunciarse respecto al escrito que le presentó el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en el que solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral 421/2015, omitiendo pronunciarse al respecto; lo anterior se sostiene, porque la autoridad responsable trasgrede el derecho de acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 17 Constitucional garantiza que, cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia pronta y expedita, pues los conflictos surgidos entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Dicho precepto constitucional dispone: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El artículo 17 párrafos segundo y séptimo, de la Constitución Federal, establecen diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los cuales se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; y ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales. Principios cuyo cumplimiento es imperativo para la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, por ello, debe garantizar en todo momento e instancia que, la administración de justicia se apegue a esas bases fundamentales. El derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, incluyendo la plena ejecución de una resolución, implica la remoción de todos los obstáculos que impidan la ejecución, tanto iniciales como posteriores, y en su caso, la realización de todos los actos necesarios para el acatamiento, así como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, por un cumplimiento aparente o defectuoso. La tutela judicial efectiva no comprende solamente la solución de controversias, pues la exigencia que la impartición de justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye también la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. De lo anterior se deduce que, para una plena ejecución del fallo, los sujetos vinculados a su acatamiento y las autoridades que lo emiten deben cumplir forzosamente con obligaciones específicas en él contenidas. El imperativo constitucional previsto en el artículo 17 séptimo párrafo, también constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, pues la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria, si las resoluciones definitivas no fueran acatadas de manera pronta y expedita por quien se encuentra obligado a ello, ya que sería absurdo que se resolvieran las controversias si quien obtiene resolución favorable a sus intereses, no puede lograr su cumplimiento, por omisión o retardo, sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello. En consonancia con el precepto constitucional transcrito, debe tenerse en cuenta los artículos 91, 94 y 97, de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, aplicable al procedimiento laboral de origen, y que prevén: "ARTICULO 91.- Todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en éllos el día del vencimiento." "Artículo 94. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Arbitraje serán inapelables y deberán ser cumplidas, desde luego por las autoridades y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados correspondientes." "Artículo 97. El Tribunal tiene la obligación de promover a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes." De los preceptos legales antes transcritos, se advierte que los laudos dictados en los juicios laborales por el Tribunal de Arbitraje, deben ser cumplidas desde luego, y para ello, el tribunal laboral tiene la obligación de promover la eficaz e inmediata ejecución de los laudos sometidos a su potestad, así como de dictar las medidas necesarias para tal efecto, en los términos procedentes. Con lo cual, se enfatiza la obligación irrestricta, en el sentido que dichas determinaciones deben acatarse por cualquier autoridad del Estado, aunque no hayan sido parte en el juicio correspondiente; criterio fundamentado en el principio que establece que, el cumplimiento de los fallos es de orden público, por lo cual, dicho precepto vincula a las autoridades a su cumplimiento. Lineamientos que en el caso la responsable ha dejado de observar, pues desde el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral 421/2015; no obstante que, ya ha excedido en demasía el plazo que tenía para pronunciarse con relación a la citada promoción; así su conducta ha propiciado el retardo en la impartición de justicia, porque la actora (aquí quejosa) ha solicitado acciones más eficaces para lograr la plena ejecución del laudo condenatorio, y la autoridad simplemente pasó inadvertidas tales peticiones. Sin que el suscrito Juzgador deba hacerlo, pues se estaría sustituyendo en la autoridad responsable, lo cual no está permitido, porque el juicio de amparo no constituye otra instancia en dicho procedimiento, sino un juicio extraordinario a través del cual el órgano judicial federal controla la constitucionalidad de los actos de las autoridades; por ende, sólo puede examinar si el acto reclamado es violatorio o no de los derechos humanos invocados por la parte quejosa. Apoya lo anterior, la tesis I.6o.C.3 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro 6, mayo de 2014, tomo III, página 2098, que establece: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." En consecuencia, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, lo procedente es concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación supliendo la deficiencia de la queja, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción II, de la Ley de Amparo (una vez adquiera firmeza la presente sentencia), la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, queda obligada a respetar el derecho fundamental violado, por lo cual deberá: Con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, emitir una determinación con relación a la promoción que le fue presentada por la parte trabajadora el dieciocho de febrero de dos mil veinte, a través de su apoderado legal, en el que solicitó se señalara fecha y hora para llevar a cabo el requerimiento de pago, en el juicio laboral 421/2015. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; captura que deberá realizar el Secretario; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo antes expuesto y fundado; se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Guillermo Rodríguez Sánchez y Gildardo Olmedo Arellanes, por conducto de su apoderado Jesús Montalván Ramírez, para los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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