Guillermo Rodríguez Ávalos

Expediente 1479/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1479/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Rodríguez Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara de igual forma que es susceptible de depuración el incidente de suspensión, en la inteligencia de que solo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y violación a la suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva; consecuentemente en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1479/2022 y su acumulado 1480/2022, promovido por********************, por propio derecho, contra los actos que reclama del Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, por considerarlos violatorios de garantías. I. T R Á M I T E PRIMERO. Presentación de la demanda, acumulación y prevención. Mediante escritos presentados el ocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitidos el nueve siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, se recibieron las demandas promovidas por********************, contra actos del Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, por lo que en auto de diez de noviembre de dos mil veintidós, al haber sido realizado un estudio integral de las demandas, las cuales fueron promovidas en contra de actos derivados del mismo juicio de origen, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de amparo, se decretó de oficio la acumulación del juicio de amparo 1480/2022 al 1479/2022, a efecto de que fungieran como uno solo y se formuló una prevención. SEGUNDO. Admisión. Previo desahogo de prevención mediante autos de treinta de noviembre se admitieron a trámite, por lo que se requirió a la autoridad responsable sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; demandas en las cuales********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y actos que se describen a continuación: Amparo 1479/2022: I.- Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos: La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. Amparo 1480/2012: I.- Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos: La resolución interlocutoria de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictada en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. TERCERO. Ulteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción IV, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza civil atribuida a autoridades en esa materia, en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de las demandas de amparo, se advierte que en el caso se reclama: I.- Juzgado Especializado en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos: Las resoluciones interlocutorias de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. TERCERO. Actos reclamados existentes. Al rendir su informe justificado, la Juez Única Especializada en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, aceptó la existencia de los actos reclamados, por lo que se tienen por ciertos. Apoya la decisión adoptada, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Septiembre de 2011, Tomo II, Página 830, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que se corrobora con las copias certificadas que anexó a su oficio 2 de quince de diciembre de dos mil veintidós la Juez Única Especializada en Oralidad Mercantil del Estado de Morelos, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser de estudio preferente y una cuestión de orden público, previo al análisis de fondo de la cuestión debatida, se procede a analizar las causales de improcedencia o de sobreseimiento que aleguen las partes o se adviertan de oficio, conforme a lo estipulado por el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la Jurisprudencia número II.1o. J/5, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, T. VII, p. 95, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente juicio el suscrito advierte, de oficio, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando subsistiendo los actos reclamados, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: La hipótesis prevista en esta causal de improcedencia toma como presupuesto la existencia de un acto o actos de autoridad que han causado efectos sobre la esfera jurídica de un individuo, quien, invocándolos como violatorios de sus derechos fundamentales acude al órgano jurisdiccional correspondiente a promover un juicio de amparo, a través del cual le puedan ser reparadas dichas violaciones y con el que pueda ser restituido en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido trasgredidas. No obstante lo anterior, sí con anterioridad a la decisión que se pronuncie en el juicio de amparo relativo, ocurre una modificación en el entorno en el que tuvieron lugar los acto que se reclaman, esto provoca que dichos actos subsistan en todos sus extremos, pero que sus consecuencias no puedan producirse legal o materialmente en virtud de que no existe un objeto o materia sobre la cual puedan recaer. Lo anterior, porque si se declarara la inconstitucionalidad de tales actos, la protección que en su caso llegara a otorgarse no podría causar efectos en su esfera jurídica, porque las prerrogativas que se vieron afectadas por los actos de autoridad reclamados se encontraban incorporadas temporal o provisionalmente a la esfera jurídica de la quejosa, y en virtud de la modificación acontecida, ésta ya no forma parte de esa esfera; o bien, porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera de la gobernada; o incluso, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos de los actos reclamados se concreten en ésta última. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.181/2006, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de diciembre de 2006, visible en la página 189, con el texto siguiente: En ese sentido, el propósito de esta causa de improcedencia se encuentra orientado hacia la imposibilidad de cristalizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, por lo que no existe motivo legal alguno para la promoción y resolución del juicio de amparo si no puede alcanzarse su objetivo protector, cuando los actos reclamados no pueden surtir efecto material alguno en la esfera jurídica de la quejosa por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo y sus efectos no puedan concretarse, en virtud de la modificación del entorno en donde tuvo su origen. Ello es así, porque de concluirse que los actos reclamados son inconstitucionales, se tornaría legalmente imposible restituir a la promovente en el goce de las prerrogativas vulneradas, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia que concediera el amparo. En ese sentido, es necesario destacar que en el juicio de origen el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, (posteriormente a la fecha de presentación de la demanda, esto es el ocho de noviembre de dos mil veintidós), se dictó la sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio y también la vía elegida es la correcta. SEGUNDO.- Por las razones expuestas en este fallo, se declara que ******************** en su carácter de endosataria en procuración de GRUPO ******************** acredito la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil oral ejercitó contra ******************** en su carácter de deudor principal y de ******************** en su carácter de deudor solidario, de quienes se siguió el juicio en su rebeldía. TERCERO.- Se condena a los demandados, a pagar a la parte actora ******************** o a quien sus derechos represente, la cantidad de ********************, por concepto de SUERTE PRINCIPAL del pagaré exhibido como documentos base de la acción. CUARTO.- Se condena a los demandados, al pago de los intereses moratorios, a razón del 3% (tres por ciento), mensual, a partir del tres de agosto de del dos mil veinte y por todo el tiempo que demore en el pago de la suerte principal, previa liquidación que al efecto se formule. QUINTO.- Se condena a los demandados, al pago de COSTAS de la presente instancia, se absuelve a los demandados al pago de GASTOS, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia. SEXTO.- Se concede a los demandados, un plazo de CINCO DÍAS, para que cumplan con el pago voluntario, apercibiéndoles que de no hacerlo, en su momentos se hará trance y remate de los bienes embargados en autos." Es decir, entre otras cosas, se declaró procedente la vía y se condenó a la parte quejosa, al pago de las prestaciones que fueron solicitadas por la actora aquí tercera interesada. De ahí que, se considere que con motivo del pronunciamiento de la sentencia definitiva, el entorno en el que fueron desarrollados los actos que se reclaman, fueron modificados; lo que provoca que los actos que aquí se analizan, subsistan en todos sus extremos, sin embargo, sus consecuencias no pueden producirse legal o materialmente, en virtud de que no existe un objeto o materia sobre la cual puedan recaer. Esto porque, es el dictado de la sentencia definitiva en que se condenó a la ahora parte quejosa al pago de las prestaciones reclamadas, lo que imposibilita entrar al estudio de los actos reclamados, por haber dejado de existir el objeto de las resoluciones interlocutorias de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento al haberse ya pronunciado la sentencia que resuelve el fondo del asunto, y que a ningún fin práctico conduciría su análisis por parte de este Juzgador, si fueron ajustadas a derecho o no, es decir si cumplieron o no las formalidades esenciales del procedimiento que alega la parte quejosa, cuando ya se emitió pronunciamiento de condena dentro del procedimiento natural. De esta manera, suponiendo que se llegase a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia de la Unión, para el efecto de que se dejaran insubsistentes las resoluciones interlocutorias de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, ello no alcanzaría a dejar sin efectos la sentencia definitiva con que culminó el procedimiento; esto es, sus consecuencias no podrán producirse legal ni materialmente, en virtud de no existir materia sobre la cual pueda recaer. Lo anterior, porque esto no sería posible, dado que en el procedimiento natural ya fue pronunciada la sentencia definitiva con que culmina el procedimiento, siendo que la resolución que recaiga al incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento intentado, no podrá en ningún caso dejar sin efectos o destruir esa sentencia definitiva, debido al sistema de recursos establecido en la ley, y al principio de derecho que establece que el juez no puede revocar sus propias determinaciones; pues será en todo caso, en segunda instancia, la que podrá destruir o dejar sin efectos, revocar, modificar o confirmar dicha sentencia. Siendo esta última eventualidad, la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, lo que impide jurídicamente que los efectos de los actos reclamados se concreten en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues las consecuencias del juicio de amparo que pudieran recaer; es decir, establecer si fue o no apegado a derecho el actuar de la Juez responsable al emitir los actos reclamados, quedan sin objeto sobre el cual puedan recaer sus efectos, pues no es viable analizar los actos jurídicos desplegados por la autoridad responsable, cuando ya fue pronunciada la sentencia con que culmina el procedimiento natural. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal, respecto a los actos reclamados consistentes en las resoluciones interlocutorias de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, dictadas en el juicio oral mercantil ********************, que deriva en el incidente de nulidad de diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento. En virtud de que se actualizó la causa de improcedencia en comento, respecto de los actos reclamados en este juicio, no es posible entrar al estudio de las cuestiones de fondo planteadas en la demanda de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/23, visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro 226555, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se DECISIÓN ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por********************, respecto de la autoridad y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de ocho de marzo del año en curso, se reservó proveer lo conducente respecto al escrito presentado en línea por Yovan Erik Quirzo Baza, quien se ostenta como apoderado legal de la parte tercero interesada Grupo Alcione, Sociedad Anónima de Capital Variable, hasta en tanto se emplazara a dicha moral, lo que ya ocurrió por lo que se acuerda: Agréguese a los autos el escrito signado por Yovan Erik Quirzo Baza, quien se ostenta como apoderado legal de la parte tercero interesada Grupo Alcione, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual, se apersona al presente juicio, señala autorizados, usuario para la consulta y notificación del expediente electrónico y realiza diversas manifestaciones. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce la personalidad a Yovan Erik Quirzo Baza, para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden de ideas, se tienen como autorizados en términos amplios a los profesionistas que indica, en razón de que tienen registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Por otra parte, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Uso de medios electrónicos. Asimismo, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza a la quejosa el uso de medios electrónicos, como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Ahora bien, tal y como lo establece el artículo 35, (Las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, podrán solicitar para sí o para un tercero, acceso al expediente electrónico, para lo cual deberán proporcionar el "Nombre de Usuario") del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la parte actora, siempre y cuando se realice con base al usuario "Erikbaza", toda vez que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se faculta a la Oficial Judicial "A" de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice al usuario antes mencionado, la consulta del Expediente Electrónico del juicio en que se actúa a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, se ordena notificar electrónicamente las resoluciones judiciales a la parte promovente mediante el usuario antes señalado; lo anterior, por haberlo solicitado así en el escrito de cuenta. Finalmente, a fin de dar margen a que la parte tercero interesada se imponga del contenido de los autos del presente asunto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por Yovan Erik Quirzo Baza, quien se ostenta como apoderado legal de la parte tercero interesada Grupo Alcione, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual, se apersona al presente juicio, señala autorizados, usuario para la consulta y notificación del expediente electrónico y realiza diversas manifestaciones. En ese sentido, y toda vez que por auto de siete de marzo del año en curso se ordenó emplazar a Grupo Alcione, Sociedad Anónima de Capital Variable, sin que obren las constancias del emplazamiento respectivo, a efecto de no infringir las normas del procedimiento, se ordena reservar el acuerdo correspondiente al escrito de mérito, hasta en tanto obren en autos las constancias del emplazamiento de que se trata. Notifíquese.

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