Guillermo Robín Álvarez Álvarez
Expediente 1559/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1559/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Robín Álvarez Álvarez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a once de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia simple del oficio que precisa que se han agotado todos los medios de impugnación. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, es un hecho notorio que se invoca en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo resuelto por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 117/2022, derivado del juicio de amparo 370/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que estableció: "En ese orden de ideas, aun cuando el referido Tribunal Colegiado de Circuito ha estimado procedente remitir a este Alto Tribunal el incidente respectivo, importa destacar que la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los incidentes de inejecución 9/2022 y 20/2022, estableció que el respectivo procedimiento de ejecución debe cumplir con las siguientes formalidades: 1. Consistencia en el dictamen del Tribunal Colegiado de Circuito. El Tribunal Colegiado de Circuito debe emitir dictamen consistente con la secuela procesal del asunto, por lo que si el incidente de inejecución de sentencia inició por lo que ve a la autoridad vinculada al cumplimiento, y no así por las acciones de su superior jerárquico, no es dable que ese órgano jurisdiccional proponga la separación de esta última, que no fue previamente multada y, en consecuencia, requerida antes de la apertura del incidente. 2. Plazo razonable entre la imposición de la multa y el acuerdo que ordena la apertura del incidente de inejecución. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo tanto, no es adecuado que en el mismo auto en el que se imponga la multa se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. 3. Suficiencia de requerimientos a las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y superiores jerárquicos. El juez de amparo debe operar bajo una actitud oficiosa para lograr el cumplimiento de la ejecutoria, sin quedarse en una posición expectante, de ahí que debe ir más allá y requerir a la autoridad que manifestaba un obstáculo para cumplir, ya fuera la responsable o la vinculada al cumplimiento, que informara y acreditara que llevó a cabo todas las gestiones a su alcance para superar el obstáculo anunciado. Así, en caso de que las autoridades se concreten a informar que estaban a la espera de que otra autoridad actuara, el juez de amparo debe requerir que acrediten que habían solicitado la información o documentación faltante a la diversa autoridad y no asumir una actitud pasiva de simple espera; ni mucho menos emitir requerimientos genéricos, sino adecuarlos a la situación expresada de manera particular por las autoridades requeridas. En la misma tónica, resulta insuficiente que el Juez de Distrito encuentre satisfechos los requerimientos a la autoridad superior jerárquica de las responsables con la sola manifestación de que giró oficios para instarles a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues aquélla debe acreditar ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquica para vencer la renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que ambas autoridades se señalaban una a la otra, y no solo que se plantó como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a las dependientes de ésta, pues de, hacerlo solo así, resulta acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. 4. Identificación de las personas físicas que se desempeñan como titulares de las autoridades responsables, vinculadas al cumplimiento y su superior jerárquico. Para que se considere adecuadamente integrado el procedimiento de cumplimiento de la sentencia, es indispensable que el juzgador de amparo, al requerir el cumplimiento, identifique de manera clara a la persona que le corresponde actuar en consecuencia, y no dejar ese aspecto al tribunal colegiado de circuito ni a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno. Es por ello que, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto proponga la destitución de las personas titulares de la autoridad vinculada al cumplimiento y su superior jerárquica, debe expresar sus nombres. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan diferentes actos cuya emisión constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que señala que en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. 5. Vinculación al juez o sala del tribunal ordinario que resolvió el juicio de nulidad. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto implique la ejecución de una diversa sentencia dictada por un juez o una sala de un tribunal ordinario, debe vincularse en el procedimiento correspondiente a quien la emitió, tomando en cuenta que ese juez o tribunal emisor deben ser los principales operadores jurídicos encargados de velar por el exacto cumplimiento de lo sentenciado, para lo cual deben desplegar todas las facultades que les encomiende la ley que les rige, de ahí aun cuando se ha llegado a un punto en el que fue necesaria la intervención de un juez de amparo, deben continuar impulsando la prosecución del trámite ordinario que las leyes dispongan para logar el cumplimiento de sus fallos, por lo que el juzgador de amparo habrá de vinculares para que, en ejercicio conjunto de sus facultades procuren la total observancia de lo ordenado, para materializar la eficacia del acceso a la justicia. Así pues, tratándose del cumplimiento de fallos del orden administrativo, el procedimiento ordinario debe satisfacer los estándares de rigurosidad, claridad y exactitud con los que se debe dictar y procurar el cumplimiento de las sentencias de orden administrativo, de esta manera las actuaciones del tribunal administrativo no deben constreñirse a la remisión de los autos que integraron el juicio de nulidad, sino también a realizar las acciones que le faculta la ley para dictar y dar cumplimiento a las sentencias en materia administrativa, en el entendido de que la falta de determinación de las acciones que las autoridades demandadas debían realizar, los requerimientos hechos a éstas, e incluso la falta de rigor en la imposición del sistema sancionatorio previsto en la ley ordinaria administrativa, no cumplen con los estándares de exactitud y claridad con los que se debe conminar al cumplimiento de una sentencia. 6. Determinación la cantidad que corresponde pagar a la parte quejosa, tratándose de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación. Cuando el cumplimiento de una ejecutoria de amparo implique la observancia de una sentencia de un tribunal ordinario que condena al pago de prestaciones periódicas que no sean de fácil liquidación, la determinación y cuantificación de dicha cantidad constituye un aspecto esencial para determinar la forma y el momento en que se tendrá por cumplido el fallo protector, de ahí que es procedente que se tramite el incidente que prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, sin que, por tanto, la presentación de la planilla de liquidación ante el Juez de Distrito, así como sus actualizaciones anuales sin modificarse el periodo que abarca la prestación a pagar, resulten suficientes para determinar el monto de la cantidad en favor de la persona quejosa, máxime si de las constancias que integran el asunto no se desprende que la autoridad responsable del cumplimiento, al momento de fijar las cantidades correspondientes por el concepto de la prestación periódica respectiva, haya señalado de forma clara y precisa el procedimiento aritmético, así como los fundamentos y motivos que utilizó para obtener la cantidad resultante en la planilla de liquidación, sobre todo, al destacarse la necesidad de establecer, en primer término, el periodo que abarca la prestación liquidada." De lo transcrito se observa que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que el procedimiento de ejecución de sentencia debe cumplir lo siguiente: 1.- En los casos en los que la autoridad vinculada al cumplimiento manifieste que se encuentra a la espera de que otra autoridad actúe, el juez de amparo deberá requerir que acredite haber solicitado la información o documentación faltante. 2.- Cuando se requiera a la autoridad superior jerárquica de las responsables, este juzgado deberá verificar si acreditó haber ejercido verdaderamente sus facultades como superior jerárquico para vencer la renuencia al cumplimiento, esto es, que impuso medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del juzgado de distrito, o bien, que solventó el punto en el que diversas autoridades se señalaban una a la otra. 3.- Al requerir el cumplimiento de la sentencia, el juez de amparo deberá identificar de manera clara a la persona que corresponde actuar, es decir, deberá expresar sus nombres. 4.- Además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar el fallo protector. En consecuencia, dado que el Director General Jurídico Consultivo y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya emitió el oficio que precisa que se han agotado todos los medios de impugnación, tomando en consideración lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del supletorio código adjetivo federal, con copia del oficio con número de correspondencia 27251, REQUIÉRASE a Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos y a Luis Alberto Espinoza Sauceda Director General de Programación, Organización y Presupuesto, ambos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que acrediten ante este Juzgado de Distrito haber realizado lo siguiente: a) Yolanda Carolina Salcedo Pérez Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber solicitado al Director General de Programación, Organización y Presupuesto, la suficiencia presupuestal por la cantidad que asciende a $***, por concepto de diferencias en el pago de aguinaldo, correspondiente al ejercicio dos mil veinte, en favor de la parte quejosa, y remitirle la planilla de liquidación por dicha cantidad. b) Luis Alberto Espinoza Sauceda Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el término de DIEZ DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haber otorgado la suficiencia mencionada en el inciso b) que antecede. 10/02/23 Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE a Laura Ángeles Gómez Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la Directora General de Recursos Humanos y del Director General de Programación, Organización y Presupuesto, las conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a las vinculadas responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí misma a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. En el entendido de que no basta la sola manifestación de que giró oficios para instar a las citadas autoridades a cumplir con la ejecutoria de amparo, pues debe acreditar que ejerció verdaderamente sus facultades como superior jerárquico de aquellas para vencer su renuencia, como la imposición de medidas de apremio de índole interno, disciplinarias o tendentes a actuar como auxiliar del Juzgado de Distrito en el cumplimiento, o bien solventar el punto en el que las autoridades directamente obligadas se señalan una a la otra, y no solo se quede como una mera autoridad expectante y no gestora del cumplimiento ordenado a sus dependientes, pues de, hacerlo solo así, resultara acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberán atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito. Apoya lo anterior la jurisprudencia que establece: SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10.) En efecto, derivado de los múltiples asuntos que se substancian en este Juzgado de Distrito, es un hecho notorio para el suscrito las prácticas dilatorias de las autoridades vinculadas, para retrasar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa, en específico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como lo es que ante el inicio de próximo ejercicio fiscal, pretenderá reiniciar el procedimiento de pago bajo el pretexto de solicitar la planilla de liquidación actualizada, y así continuamente año con año de manera indefinida, evadiendo el cumplimiento de los requerimientos que le formula este órgano jurisdiccional; actuación que constituye una práctica dilatoria y negligente que obstaculiza y dificulta el cumplimento de la sentencia dictada en autos. Por lo que con en el objeto de evitar la prolongación indefinida del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, e impedir que llegue un nuevo año, que implique volver a empezar el procedimiento de cumplimiento, hágase del conocimiento de las responsables que únicamente se otorgara una prórroga para cumplir con lo ordenado en el presente proveído, SIEMPRE Y CUANDO SE ACREDITEN GESTIONES FEHACIENTES que demuestren un avance en el procedimiento de cumplimiento. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Por otra parte, se tienen por remitidos la copia de conocimiento remitida por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto, así como los oficios signados por el delegado de la Directora General de Recursos Humanos, y por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia del Director General de Programación, Organización y Presupuesto, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, informan las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y solicitan una prórroga para dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, debiendo estarse a lo acordado en párrafos precedentes en que ya se les concedió un nuevo término para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que las partes quejosa y tercero interesada desahogaron la vista que se les otorgó con el cumplimiento que la autoridad responsable adujó haber dado a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, se procede a analizar las constancias remitidas por dicha autoridad. Para lo anterior, se impone destacar que el amparo y la protección de la justicia federal, se otorgó para el efecto siguiente: " (.), lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, para el efecto de que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión derivado del expediente RRD 01671/20. b) Emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción en la que dé contestación a los argumentos de la quejosa respecto que la autoridad obligada no precisó el ordenamiento administrativo o legal en el que se haya determinado el otorgamiento de las facultades para actuar por parte del Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización." (.) Al respecto, toda vez que en la referida ejecutoria, se declaró la inconstitucionalidad de la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión derivado del expediente RRD 01671/20, es inconcuso que dicho acto quedó nulificado por la misma ejecutoria, por lo que no existía acción alguna por realizar por parte de la autoridad responsable respecto a dicho efecto. En ese contexto, se impone destacar algunas de las consideraciones torales por las que se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, las cuales son del tenor siguiente: ". Ahora bien, de la comparación de las consideraciones del acto reclamado y los agravios que constituyen la materia de la queja combatida, se obtiene que resultan fundados los conceptos de violación que precisa la parte quejosa, por las siguientes consideraciones. Lo anterior es así, toda vez que si bien la autoridad responsable estudio las constancias que le fueron proporcionadas al quejoso, ello fue con la finalidad de esclarecer que las mismas son el sustento que tomaron en cuenta para determinar su baja con fecha de ocho de mayo de dos mil trece, y con ello concluyó que la autoridad obligada a proporcionar información de datos de personal, sí actuó conforme a derecho; sin embargo, del acto reclamado no se advierte que la autoridad obligada a proporcionar la información le haya precisado en qué ordenamiento administrativo, legal, jurídico, o documento se encontraban las facultades de actuar el Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, para dar de baja al quejo de la nómina por efectos de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil trece; circunstancia que le fue solicitado en la petición elevada por el impetrante del amparo. No obstante que la responsable haya determinado en la resolución reclamada que el responsable precisó a su vez que el Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización no necesita instrucción alguna para ejercer sus funciones y atribuciones, ya que por ordenamiento administrativo es facultad especifica del citado Director, registrar en los sistemas de recursos humanos de esa Fiscalía General los movimientos (altas y bajas) del personal, de ahí que el peticionario tiene registro su baja; sin embargo no precisó qué documento establece la facultad de dicha autoridad para actuar; por ende no cumplió con lo solicitado por el impetrante del amparo. Por lo que, la autoridad debió analizar los argumentos de la quejosa relacionado a que la autoridad responsable de otorgar información no había cumplido con lo solicitado; por lo que, este Juzgado Federal considera que la autoridad responsable, al emitir la resolución reclamada, vulneró el artículo 16 constitucional, pues no resolvió la totalidad de los argumentos hechos valer por la quejosa, violando con ello el principio de legalidad que toda determinación de autoridad debe respetar." Así, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable debe realizar lo siguiente: Emitir una nueva resolución con libertad de jurisdicción en la que dé contestación a los argumentos de la quejosa respecto a que la autoridad obligada no precisó el ordenamiento administrativo o legal en el que se haya determinado el otorgamiento de las facultades para actuar por parte del Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. En ese sentido, mediante oficio registrado con número de correspondencia 22911, el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, remitió un disco compacto la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión RRD 01671/20-BIS, en la cual dio contestación a los argumentos de la parte quejosa, en el sentido siguiente: "(.) De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que, dichas documentales versan sobre la baja aplicada al particular y las gestiones realizadas para ello, por tanto, sí corresponden con lo requerido por el particular, no obstante, conviene recordar que, el particular requirió todos los documentos que justifiquen el ejercicio de las facultades, funciones y competencias del Director de Administración y Control de Personal para la aplicación de su baja en el sistema de nómina. En ese sentido, no se advierte que el responsable haya entregado el ordenamiento administrativo, legal, jurídico, o documento donde se encontraban las facultades de actuar del Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización. En otras palabras, si bien el responsable remitió los documentos que se generaron y a su vez, darían cuenta del ejercicio de las facultades correspondientes para la aplicación de la baja de la parte solicitante, fue omiso en remitir dicha normativa y ordenamiento legal aplicable, a fin de que el particular obtuviera la totalidad de documentos de su interés. Conforme a lo anterior, este Instituto advierte que el agravio de la parte recurrente, fundamentado en la fracción V del artículo 104 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, resulta parcialmente fundado, por las consideraciones siguientes: Si bien el responsable turnó la solicitud a las unidades competentes y otorgó acceso a las documentales que obran en sus archivos en la modalidad que fue requerida, lo cierto es que, fue omiso en remitir la totalidad de lo requerido, es decir, el ordenamiento administrativo, legal, jurídico, o documento en el cual se encontraban las facultades de actuar el Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización para la aplicación de su baja en el sistema de nómina. De conformidad con lo anterior, al entregar parte de lo requerido, en términos de lo dispuesto en el artículo 111, fracción III de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo procedente es MODIFICAR la respuesta emitida por la Fiscalía General de la República, para que entregue al particular el ordenamiento administrativo, legal, jurídico, o documento se encontraban las facultades de actuar el Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización para la aplicación de su baja en el sistema de nómina; debiendo dar cumplimiento a la presente resolución en términos del Resolutivo Segundo de la presente resolución." De lo anterior se advierte que la autoridad responsable, en atención al argumento planteado por la parte quejosa, determinó que la autoridad obligada fue omisa en remitir la totalidad de lo requerido por la aquí quejosa, es decir, el ordenamiento administrativo, legal, jurídico, o documento en el cual se encontraban las facultades de actuar el Director de Administración y Control de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización para la aplicación de su baja en el sistema de nómina. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con la cual se dio vista a la parte quejosa y autoridad tercero interesada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. En este orden de ideas, este órgano judicial determina que han sido colmados los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto, toda vez que, las resoluciones reclamadas quedaron sin efectos al declararse su inconstitucionalidad en la sentencia de amparo y, se emitió una nueva resolución con libertad de jurisdicción en la cual se atendieron los argumentos de la parte quejosa. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 192, 196 y 214 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, en desahogo a la vista otorgada con el cumplimiento; a través del escrito recibido en el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa realizó diversas manifestaciones con las cuales pretende exponer su inconformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable; sin embargo, se determina que éstas son insuficientes para desvirtuar el cumplimiento al fallo protector; ello es así, porque la quejosa se centra en aducir que se cometieron violaciones en el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, y que la autoridad responsable dio cumplimiento de manera extemporánea a dicha ejecutoria; aspectos que no contravienen la resolución emitida por la autoridad responsable, aunado a que en este pronunciamiento no es la instancia para analizar el procedimiento de cumplimiento. Asimismo, la autoridad tercera interesa también manifestó su inconformidad con el cumplimiento, aduciendo que la autoridad responsable incurrió en exceso en el cumplimiento del fallo protector, porque si bien se le ordenó emitir una nueva resolución, fue únicamente para que atendiera los argumentos de la parte quejosa no par que se resolviera de manera favorable lo que solicitó, aunado a que existe defecto en dicho cumplimiento, ya que la responsable no analizó debidamente las solicitudes de información planteadas por la parte quejosa. Al respecto, se impone destacar que, con dichas manifestaciones tampoco se desvirtúa el cumplimiento del fallo protector, toda vez que lo que pretende impugnar a través de su escrito de desahogo es la legalidad de la nueva resolución; sin embargo, ello no es posible, pues en la sentencia de amparo, se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, es decir, no se le condenó a resolver en determinado sentido, sino únicamente a que cesara la omisión de atender los argumentos de la parte quejosa, lo cual cumplió, por lo tanto, el sentido de la determinación no puede ser analizada en este juicio, por no ser materia de la ejecutoria de mérito. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que señalaran las constancias que se tienen que remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, en relación con la queja interpuesta por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales; en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, y 101 de la legislación invocada, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto reclamado y, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; se hace disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer del recurso que se remite, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa", por lo que con esta fecha se remite únicamente el oficio de agravios, para la substanciación del recurso de queja interpuesto en autos. Sin perjuicio de que, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, requiera de las constancias impresas, una vez que lo haga del conocimiento de este juzgado, se le remitirán de inmediato. Se hace del conocimiento, que el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del recurso de revisión R.A. 44/2022. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad tercero interesada
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Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por Luis Ángel Terrazas Hernández, perito designado por las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual, exhibe el dictamen pericial en materia contable que le fue requerido mediante proveído de tres de octubre de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al perito Luis Ángel Terrazas Hernández, por conducto de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente al local de este juzgado a ratificar en todas y cada una de sus partes su dictamen, y exhiba dos copias del mismo para correr traslado al resto de las partes, apercibido que en caso de ser omiso al respecto, se le tendrá por adherido al dictamen que en su momento rinda el perito oficial en materia de contabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 7/2005, de rubro: "DICTÁMENES PERICIALES. PARA SU VALIDEZ DEBEN SER RATIFICADOS POR QUIENES LOS EMITEN, INCLUSO POR LOS PERITOS OFICIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA)." (No. Registro: 178,750, Jurisprudencia, Materia(s): Penal, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXI, Abril de 2005, Tesis: 1a./J. 7/2005, Página: 235). Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por la delegada de la Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales y la Subdirectora de Pensiones, titular del Área de Pensiones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, formula manifestaciones en relación al dictamen rendido por el perito en materia contable designado por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 221 del Código antes citado y 124 de la Ley de Amparo antes mencionada, se agrega a los autos en que se actúa el oficio de mérito para los efectos legales a que haya lugar y, se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales se tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, se agrega y se da vista a las partes con la comparecencia tomada a Marta Crespo Ramírez, por medio de la cual, protestó el cargo como perito en materia de contabilidad, en auxilio de las funciones de este juzgado federal; por tanto, con fundamento en los artículos 147, 148 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, se tiene por aceptado y protestado el cargo de la especialista mencionada, por tanto, se tiene por desahogado el requerimiento formulado el diez de octubre del año en curso. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del citado código, se le requiere por conducto de la Dirección General de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, rinda y ratifique el dictamen pericial a su cargo; apercibida, que en caso de ser omisa, o de no cumplir el presente requerimiento en sus términos, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de cuenta vigente para la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los numerales 238, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese
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Ciudad de México, a trece de octubre de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, acusa recibo de diverso oficio por el que se remitió el escrito de agravios del recurso de queja interpuesto en contra del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, así como los autos originales del juicio en que se actúa, e informa que admite a trámite el recurso de mérito quedando registrado bajo el toca Q.A.408/2022, de su índice. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa
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