Guillermo Ricardo Lozano Villalvazo
Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/11/2023
Partes del expediente
- Guillermo Ricardo Lozano Villalvazo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la autoridad responsable Jueza Tercero de lo Penal de Tijuana, Baja California, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diez de noviembre de dos mil veintitrés, remite las constancias solicitadas, las cuales se tienen como pruebas documentales y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. De igual forma, en conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las referidas constancias, a fin de que se impongan de su contenido. Notifíquese y personalmente al quejoso en el centro de reclusión, así como a los asesores jurídicos.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MHP/csv*
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a fin de resolver el juicio en que se actúa, resultan necesarias diversas constancias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional el estado procesal actual que guarda la causa penal 258/2014, de su índice y remita copia certificada de las actuaciones posteriores al proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de esta propia fecha, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En tal virtud, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las once horas con treinta y ocho minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el centro de reclusión y a sus asesores jurídicos.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que aún no transcurre el plazo de ocho días a fin de que las asesoras jurídicas del quejoso se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta y ocho minutos del diez de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MHP/csv*
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, LOS AUTOS DE DIECINUEVE Y TREINTA Y UNO DE JULIO, DIECINUEVE Y VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE, TODOS DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede esta ciudad, del que se obtiene que en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se decretó la separación de juicios en el juicio de amparo indirecto 848/2023-B de su índice y, envía copia certificada de la demanda de amparo promovida por Guillermo Ricardo Lozano Villalvazo. En virtud de lo expuesto en el párrafo que antecede, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda, únicamente por lo que hace a los actos reclamados derivados de la causa penal 258/2014 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo número 871/2023-VIII. Luego, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso solicita la suspensión de plano; sin embargo, no se decreta dicha suspensión, toda vez que no se advierte que el quejoso se encuentre en presencia real y actual de cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 22 Constitucional. Lo anterior es así, toda vez que los actos reclamados en el presente asunto no importa peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Área Nacionales o algún otro acto de los proscritos por el artículo 22 constitucional, que haga procedente la medida cautelar solicitada en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la tesis jurisprudencial númerocer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, Página 951, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Asimismo, se cita la tesis VI.1o.A.19K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1458, del tomo XX, diciembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por forma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las once horas del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndoles saber que los informes deberán estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibida que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados Hágase del conocimiento de la autoridad responsables que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia, a excepción de los Jueces de Distrito. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberán hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. Por otra parte, en términos de la jurisprudencide la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: se hace del conocimiento de las autoridades responsables y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el qusta ciudad, con fundamento en el artículo 26 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario Judicial de la adscripción que las notificaciones de carácter personal se realicen en el domicilio procesal señalado para tales efectos y sólo las resoluciones de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, se deberán practicar personalmente al quejoso y a su defensor. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. visible en la página 2049, del Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025391, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable. Contradicción de tesis 266/2021. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. 16 de marzo de 2022. Cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Ana Margarita Ríos Farjat, y los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretario: Horacio Vite Torres. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver la queja 176/2020, en la que al interpretar el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, determinó que las notificaciones personales al quejoso privado de la libertad se pueden realizar de manera alternativa, ya sea con el quejoso en el centro de reclusión, o bien, con el defensor, representante o autorizado en el domicilio señalado en la demanda de amparo, salvo aquellas que conlleven un acto personalísimo del quejoso, en cuyo caso debe notificarse a él en su lugar de reclusión y al abogado o asesor jurídico en el lugar que haya señalado, y El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y del entonces Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 332/2018 (cuaderno auxiliar 85/2019), 610/2018 (cuaderno auxiliar 53/2019) y 470/2018 (cuaderno auxiliar 1087/2018), los cuales dieron origen a la tesis aislada (II Región)1o.4 K (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA , publicada en en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de mayo de 2019 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, página 2657, con número de registro digital: 2019918. Tesis de jurisprudencia 104/2022 (11a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Esta tesis se publicó el viernes 21 de octubre de 2022 a las 10:31 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de octubre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021. Asimismo, dado que el quejoso no designó autorizado o defensor que lo represente en esta instancia constitucional, a fin de garantizar su asistencia técnica en este juicio de amparo, requiérase al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que reciba el oficio que de este proveído emane, proceda a nombrar un asesor jurídico para que represente al quejoso, en virtud de que éste se encuentra en un estado de desventaja frente al ordenamiento jurídico, máxime que son dichos profesionales quienes cuentan con los conocimientos y capacidades técnicas para apreciar lo que jurídicamente es conveniente para sus patrocinados, para otorgar una efectiva y real asistencia legal, pues conocen a razón de sus funciones, la legislación estatal. Apercibido de que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se hará acreedor a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra recluido. Tijuana, Baja California, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Con vista a las partes agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia Penal por Ministerio de Ley, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le tiene anunciando como pruebas de su parte las documentales que se adjuntan, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que se agregan, fórmense dos tomos de pruebas por separado, los que deberán permanecer en la Secretaría encargada del trámite correspondiente, para consulta de las partes. Asimismo, de las constancias que se agregan, se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de parte tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad; en consecuencia, notifíquesele por medio de oficio, haciéndole saber que se fijaron las once horas del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y del auto admisorio. Notifíquese y personalmente al quejoso. Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la audiencia constitucional está programada para el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el término otorgado mediante auto de doce de septiembre del año en curso, al Coordinador del Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con sede en esta ciudad, a efecto de que nombre un asesor jurídico al quejoso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MHP/csv* Tijuana, Baja California, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Coordinador de Área Penal Zona Costa de Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por este órgano jurisdiccional, designa a Mirna Alicia Briceño Gómez y Ana Elizabeth Montaño Dueñas, para que funjan como asesoras jurídicas del quejoso Guillermo Ricardo Lozano Villalvazo, en el presente juicio de amparo. Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones con motivo del presente asunto y autoriza para tales efectos a quienes menciona en el oficio que se atiende. En consecuencia, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción a fin de que notifique de manera personallas asesoras jurídicas, el auto admisorio de demanda y los proveídos de diecinueve y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, así como diecinueve de septiembre del año en curso, corriéndoles traslado con copia del escrito de demanda e informe justificado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de reclusión, así como a las asesoras jurídicas.Así lo acordó y firma José Manuel Basio Aguilar, Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial y autorizada mediante oficio CCJ/ST/5265/2023, de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.JMBA/MHP/csv
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