Guillermo Reyes Cordero

Expediente 1497/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1497/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Reyes Cordero

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por G. R. C., se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Con base en lo anterior, se ordena el archivo del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De conformidad con los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de DESTRUIBLE POR CARECER DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez transcurrido el término de TRES AÑOS. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Por recibida la demanda de amparo presentada por G. R. C., por propio derecho, contra actos del Agente de la Fiscalía adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 1497/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Consideraciones previas. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda se debe tener en cuenta lo siguiente: De acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, la quejosa señala como actos destacados, los siguientes: - La omisión de brindar un asesor jurídico, - La omisión de expedir copias simples, - La omisión de dirigir una investigación precisa realizada dentro de la carpeta de investigación que se aperturó con motivo de su denuncia y, - Como consecuencia de lo anterior, la omisión de la autoridad ejecutora. Desechamiento de la demanda. Así, respecto de los actos reclamados, se advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo; toda vez que la quejosa no agotó el principio de definitividad, dado que previo a la instancia constitucional, debió promover el recurso innominado establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Con el propósito de comprobar tal aserto, resulta conveniente traer al contexto el contenido del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." En el precepto transcrito, se regula el principio de definitividad, reconocido respecto de actos materialmente administrativos en el artículo 107, fracción IV, constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo deberá realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. Por tato, en la especie se actualiza la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, en el caso en concreto este puede ser analizado por el Juez de Control al tenor del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación del precepto transcrito, se desprende la procedencia del medio de impugnación establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que resulta ser el idóneo para combatir los actos que se reclaman en este asunto. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con registro digital 2017641, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, materia penal, página 945, que señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), con registro digital 2017640, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, que precisa: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Máxime que la omisión ministerial impugnada no versa sobre aspectos diversos a la función investigadora de los delitos, en cuyo caso sería improcedente el citado recurso, conforme lo establece la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Décima Época, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, Pagina 2298 Materia Penal, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI VERSAN SOBRE ASPECTOS DIVERSOS A LA FUNCIÓN INVESTIGADORA DE LOS DELITOS, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El precepto citado establece la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del agente del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, se refiere a las actuaciones de la Representación Social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; de ahí que no tenga un alcance general, y pueda abarcar todo tipo de omisiones, pues si bien esa conducta omisiva de la autoridad investigadora no debe limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral, sí debe tomarse en consideración que las omisiones a las que hacen referencia la ley y las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." y "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.", sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, son aquellas que inciden, de alguna manera, en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio; por ende, si la omisión ministerial impugnada versa sobre aspectos diversos a la función investigadora de los delitos, en su contra es improcedente dicho recurso." Cabe destacar que por disposición legal o de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, existen algunas excepciones al principio de definitividad; en consecuencia, debe determinarse si en el caso se actualiza alguna de ellas: 1. Cuando se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación. En el caso, el quejoso no reclamó ley alguna. 2. En lo que toca a los actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, no aplica esta excepción a la parte quejosa, en virtud que los actos reclamados son de carácter omisivos. 3. Cuando los actos importen violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, o que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, que en el caso en concreto no encuadra. Sobre las bases expuestas dado que se cumplen las exigencias legales para la actualización de causa de improcedencia analizada y no se surte ningún supuesto de excepción, en términos de los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 113 de la propia ley, se desecha la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Exhortación a las partes para la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa. Notifíquese por lista a la parte quejosa

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