Guillermo Rendón Valdez

Expediente 414/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
414/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Rendón Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio 788/2022, remitido vía correo institucional por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad y en atención a su contenido, hágase del conocimiento del órgano colegiado oficiante que mediante oficio 6667/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito a dicho Tribunal, se recibió el juicio de amparo directo 788/2022 de su estadística interna, promovido por Guillermo Rendón Valdez, y se asumió la competencia de la demanda de amparo que dio origen al mismo. Finalmente mediante el diverso 11271/2022, se remitieron los autos originales del 266/2013, del que derivan los actos reclamados al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, por haber causado estado el auto en el que se desechó la demanda que nos ocupa.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente recurrió el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de garantías, dentro del término previsto por el artículo 98, de la Ley de Amparo, considerando que éste fue notificado en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del veintiséis de los propios mes y año al uno de junio del año que transcurre. En consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó de plano la demanda de garantías. Por otro lado, se ordena devolver los autos originales del expediente 266/2013, del que derivan los actos reclamados, al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa, mismos que fueron remitidos junto con el oficio 6667/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo del juicio de amparo directo 788/2022 de su estadística interna, promovido por Guillermo Rendón Valdez

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio 6667/2022, signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el juicio de amparo directo 788/2022 de su estadística interna, promovido por Guillermo Rendón Valdez, y comunica que dicho órgano colegiado se declaró legalmente incompetente para tramitar el citado asunto y declinó su conocimiento en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Sinaloa en Turno, con asiento en esta localidad, correspondiendo su turno a este órgano judicial. En atención a las consideraciones y fundamentos de derecho expresados por el órgano declinante y al Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y además con apoyo en los artículos 41 y 45, de la Ley de Amparo, este juzgado asume el conocimiento del libelo de que se trata. Lo anterior comuníquese al tribunal de alzada, vía interconexión para los efectos legales a que haya lugar. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibida la demanda de amparo signada por Guillermo Rendón Valdez, contra los actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en El Rosario, Sinaloa y de la Secretaria Segunda adscrita a dicho órgano jurisdiccional, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 414/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: De la Jueza del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Rosario, Sinaloa, autoridad ordenadora, reclamo todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario ventilado bajo el expediente 266/2013, promovido por JESUS ANTONIO CORTEZ RAMIREZ, en contra del suscrito GUILLERMO RENDON VALDEZ, en especial reclamo LA INCONSTITUCIONALIDAD del procedimiento de ejecución de sentencia, el auto de fecha 18 de Marzo del 2022, que ordena sacar a remate en segunda pública almoneda, un bien inmueble de mi propiedad, la expedición del correspondiente edicto de remate, al igual que la inminente audiencia de remate programada para el día 20 del mes y año en curso, y de la Ejecutora, la inminente celebración de la segunda pública almoneda en la fecha antes indicada PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y su ocurso aclaratorio, y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: Del estudio realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a desecharla. Los preceptos legales referidos son del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la misma resolución dictada contra la misma resolución dictada en el procedimiento respectivo, atendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La interpretación conjunta de estos preceptos permite afirmar que, cuando se reclamen actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la última resolución, es decir aquella que reconoce el cumplimiento total de la sentencia o bien, aquella que declara de forma definitiva la imposibilidad de que se dé cumplimiento o que se ordene el archivo definitivo del expediente como asunto concluido. Pudiendo reclamarse en la misma demanda, cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, el acto reclamado se hace consistir en el auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, que ordena sacar a remate en segunda almoneda un bien inmueble de su propiedad, la expedición del edicto de remate y la inminente celebración de la segunda almoneda pública a celebrarse el veinte de mayo de la anualidad que transcurre, dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia derivado del juicio sumario civil hipotecario 266/2013, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con asiento en El Rosario, Sinaloa; sin que se advierta que dichos actos constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues no se está reconociendo el cumplimiento de la sentencia o declarando su imposibilidad ni ordenando su archivo definitivo, ya que no se trata de la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo cual se torna improcedente el presente juicio de amparo. Es ilustrativa la Jurisprudencia PC.II.A. J/15A, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 2254, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice lo siguiente: . En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento Sin que en el presente caso operen a favor de la parte quejosa las excepciones que hacen procedente el juicio de amparo, cuando no se está en los supuesto que prevé el ya citado artículo 107, fracción IV de la Ley de la materia; esto es, cuando con el acto reclamado se afecten derechos de terceros, que sea un acto de imposible reparación o se afecten derechos sustantivos. Lo anterior debido a que, en cuanto al primer supuesto de excepción, en el asunto que se atiende, al quejoso no le surte el carácter de tercero extraño al juicio natural, ya que como el propio quejoso lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tiene el carácter de demandado en el juicio de origen. Se pronuncia en relación a lo antes expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Todo lo anterior hace indudable el motivo de improcedencia advertido, por ende, se reitera, en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el numeral 113 de la invocada ley, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a la determinación de desechamiento de plano de la demanda de amparo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, páginas 503 y 504, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tiene autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Sergio Villavicencio Sarabia, Jonathan Chicuate Acosta y Oscar Omar Patiño Franco, quienes tienen sus cédulas profesionales números 2624506, 9532182 y 5217258, reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Cerro de los Conejos, número 234, Fraccionamiento Lomas de Mazatlán, en esta ciudad. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 7,966 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano