Guillermo regulo Salinas Arreola
Expediente 1184/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1184/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo regulo Salinas Arreola
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mesa de Amparo V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. En atención a la cuenta que antecede, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, determina lo siguiente: << I. Se declara consentido el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. II. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en la sentencia dictada en este juicio se concedió para efectos el amparo y protección de la Justicia Federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa V-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexos señalados en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, remitiendo el diverso oficio 014/2018 y la resolución de cinco de enero de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 781/2015, del índice de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dirigidos a este juicio de amparo. Ahora bien, como de su contenido se advierte que la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes quejosa y tercera interesada para que, dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este juzgador resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la parte tercera interesada.
- Principal
Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede... Se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. [...] Requiérase a la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada que acredite dicho cumplimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que si no actúa como se le indica en esta resolución, este juzgado de distrito le impondrá una multa... Dígase a la citada autoridad responsable que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1184/2017, promovido por ********************. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente asunto consiste en dilucidar si la omisión de resolver el juicio, una vez fenecido el plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, es un acto que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita, o si, en tal caso, no resulta transgredido derecho sustantivo alguno. I. ANTECEDENTES De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que ******************** presentó una demanda laboral en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje admitió la demanda el catorce de enero de dos mil dieciséis, con el número ********************/2015 y señaló hora y fecha para la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas -diez horas del veintisiete de abril de dos mil dieciséis-. La última noticia que se tiene sobre el estado procesal del referido juicio laboral es que la junta responsable cerró la instrucción el dieciséis de enero de dos mil diecisiete. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO El diez de noviembre de dos mil diecisiete, ********************, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del retraso en la formulación del laudo en el expediente P.E. 0********************/2015, atribuido a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por estimar que se vulneró en su perjuicio los derechos consagrados en los artículos 1, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue turnada a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca y se registró con el número 1184/2017 y fue admitida el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una omisión. IV. OPORTUNIDAD Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de ******************** que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la siguiente tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. LEGITIMACIÓN ******************** está legitimada para promover el presente juicio de amparo, pues está probado que se trata de la parte actora en el juicio laboral ********************/2015 VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye, la omisión de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de emitir el laudo respectivo dentro de los plazos y términos previstos para tal efecto por la Ley Federal del Trabajo. VII. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La existencia del acto reclamado a la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, el cual fue recibido el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, por la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito. En este informe, dicha autoridad aceptó la omisión que se le atribuye, como lo muestra la siguiente transcripción: "(.) ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO QUE SE NOS ATRIBUYE. En efecto, es cierto el acto reclamado que se nos atribuye, toda vez que efectivamente a la fecha a la fecha de hoy en la que se rinde el presente Informe Justificado, no se ha dictado laudo en el expediente ********************/2015, promovido por ******************** VS ******************** toda vez que se en el expediente ********************/2015 se declaró cerrada la instrucción por auto de fecha 16 de enero de 2017 auto que fuera publicado en los Estrados de esta H. Junta en fecha 16 de enero del año 2017. Por lo anterior debido a la carga de trabajo, con la que cuenta esta Junta, no se ha dictado el laudo correspondiente. Como justificación de mi dicho remito a usted copia certificada auto de fecha 16 de enero de 2017 en el expediente ********************/2015 por el que se declaró cerrada la instrucción (.)". Informe que se encuentra corroborado con las constancias exhibidas, a las cuales se les confiere valor probatorio pleno, con fundamento en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto en el numeral 2 de la Ley de Amparo. VIII. PROCEDENCIA En el presente juicio de amparo es procedente, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece que el amparo indirecto procede [c]ontra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 159/2003-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004, cuyo contenido es el siguiente: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo" Pudiera afirmarse que la tesis no resulta aplicable, por lo que señala la siguiente jurisprudencia -de la misma Segunda Sala-: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente" Sin embargo, la afirmación en ese sentido resultaría equivocada, porque dicha jurisprudencia derivó de la contradicción de tesis 325/2015 resuelta en sesión de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis por la Segunda Sala, en la cual, los razonamientos vertidos en ella versaban sobre actos intraprocesales, distintos del laudo, que se daban dentro del procedimiento y que los mismos no afectaban los derechos sustantivos de los perjudicados. Ello se afirma, porque los actos combatidos de los cuales se determinó que afectaban derechos adjetivos, consistían en la omisión de la junta responsable de acordar la promoción mediante la cual se le solicitó que señalara fecha para el desahogo de diversas pruebas; el excesivo tiempo que la junta laboral se tomó para señalar fecha de audiencia para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas a las partes; la omisión de la junta de acordar la promoción del quejoso en la que desahogó la vista que fue ordenada para que aclarara las prestaciones de la demanda inicial; la omisión de la junta laboral de dictar auto admisorio de demanda señalando fecha en un plazo posterior a los quince días que señala la ley laboral y; solo en uno de esos actos se reclamó la omisión por parte de la junta de dictar laudo en el respectivo procedimiento laboral. Sin embargo, de manera expresa se determinó que la Litis de dicha contradicción no abarcaba el acto consistente en la omisión de dictar un laudo, situación que se corrobora con la parte conducente de la ejecutoria, que al respecto, dice: ".Es por ello que existe contradicción de criterios sobre un mismo punto jurídico. Su materia consiste en determinar si la violación al derecho de petición o prosecución jurisdiccional reclamada por una de las partes dentro de un procedimiento laboral, actualiza una causal de improcedencia notoria y manifiesta suficiente para sustentar el desechamiento de la demanda de amparo promovida en la vía directa. Cabe puntualizar que el punto de contradicción así fijado, no comprende el caso en que se reclame en la demanda de amparo la falta de emisión del laudo, debido a que sobre ese punto en concreto sólo existe un pronunciamiento en el recurso de queja 68/2015 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de ahí que respecto de este tema no exista oposición que resolver." [Énfasis añadido] Pero por si cupiera la duda, este juzgador se remite a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la más reciente contradicción de tesis 425/2016. En esa contradicción se planteó la pregunta de si la omisión de dictar un laudo dentro de los plazos señalados en la ley configura un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado mediante el amparo indirecto, y la Segunda Sala, a pesar de que reconoció la existencia de la contradicción de tesis, concluyó que ésta debía declararse improcedente, debido a que el punto de discusión constituye un aspecto ya resuelto en la contradicción de tesis 159/2003-SS, de la cual derivó la jurisprudencia 2a./J. 8/2004. De hecho, la Segunda Sala hizo énfasis en que la contradicción de tesis 425/2016 que se planteaba deriva[ba] de una inadecuada apreciación de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal por parte de uno de los tribunales contendientes. La siguiente transcripción corresponde a la parte que interesa de la contradicción de tesis 425/2016 [el énfasis no es propio]: "[.] esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió el punto de contradicción que se actualizó, dado que ya se ha determinado que la omisión de dictar el laudo dentro del plazo que señala la legislación aplicable, sí constituye un acto de imposible reparación que afecta un derecho sustantivo, razonamientos expuestos en la contradicción de tesis 159/2003-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004, de la Novena Época, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Sin que pase inadvertido lo manifestado por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 118/2016, respecto que la tesis 2a./J. 8/2004 no resultaba aplicable, ya que la misma se emitió conforme a lo que debía entenderse como acto de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, criterio que a su parecer era inaplicable en virtud de la reforma sufrida por la Ley de Amparo. Sin embargo, se estima que dicha afirmación es incorrecta, en razón de lo siguiente: En principio es importante, traer a colación la jurisprudencia P./J. 37/2014 en la cual apoyó su argumento, que al respecto es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." [Énfasis añadido] De la anterior reproducción, se colige que el Pleno de este Alto Tribunal dejó sin aplicación la tesis P./J. 4/2001, ya que la misma preveía la procedencia en el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad, lo anterior, pues en la misma se estipulaba que si bien era una afectación a un derecho adjetivo era dable la impugnación de dicho acto mediante el juicio de amparo, lo cual tuvo que ser inaplicado con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo pues en aquélla se delimita la procedencia del juicio de amparo indirecto a actos de imposible reparación que causen afectación a derechos sustantivos, en ese sentido es claro que ya no podía seguir siendo aplicada la jurisprudencia P./J. 4/2001, pues la misma refería a un derecho adjetivo lo cual ya no era procedente. De lo anterior, se pone en evidencia que no estamos ante la misma situación, es decir, la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004, sí es aplicable al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva ley, es decir, que las mismas no vayan en contra del espíritu de la legislación vigente. Consecuentemente, si bien es cierto que debido a la reforma realizada en dos mil trece a la Ley de Amparo, se delimitó la procedencia de los juicios de amparo indirecto cuando sea por actos de imposible reparación, pues se especificó que los mismos deben recaer en derechos sustantivos, también lo es que ello no va en contra del criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004, pues en la contradicción de tesis 159/2003-SS, de la cual derivó, se concluyó que la omisión de dictar el laudo a pesar de haber transcurrido el plazo general señalado por la Ley adjetiva, es un acto dentro del juicio cuya ejecución es de imposible reparación por virtud de que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho sustantivo fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal relativo a la impartición de justicia pronta y expedita. En las relatadas circunstancias, se pone de relieve que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004 sigue siendo aplicable y tiene vigencia en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo actual. Por lo tanto, si la contradicción de criterios deriva del sentido y alcance que los Tribunales Colegiados contendientes atribuyeron a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero del análisis se obtiene que el punto de discrepancia lo constituye un aspecto ya resuelto por la propia jurisprudencia de este Alto Tribunal, debe declararse improcedente, debido a que en realidad la contradicción tuvo su origen en una incorrecta aplicación del contenido jurídico de un criterio jurisprudencial en que incurrió el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en ese sentido, bastaba la atenta lectura de la ejecutoria que sustenta la jurisprudencia 2a. /J. 8/2004 de esta Segunda Sala, para advertir que el punto que interpretó el tribunal mencionado, ya había sido dilucidado previamente por este Alto Tribunal. [.]" Lo anterior es suficiente para afirmar la procedencia del presente juicio de amparo. Ahora falta resolver el fondo del problema del asunto. IX. ESTUDIO DE FONDO Este juzgador considera que los razonamientos expuestos hasta el momento también sirven para otorgar el amparo solicitado. En el presente asunto está probado que la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje no ha emitido el laudo respectivo en el juicio laboral ********************/2015, no obstante que ya transcurrió en exceso los plazos y términos previstos para tal efecto en los artículos 885, 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo. Conforme a lo dispuesto en esos preceptos, se desprende que dentro de los diez días siguientes al en que el secretario auxiliar declare cerrada la instrucción, éste debe formular por escrito proyecto de resolución del que entregará copia a cada uno de los miembros de la Junta; posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento de la verdad; una vez transcurrido dicho plazo, se presentan los siguientes supuestos: a) En caso de que se hubiera solicitado la práctica de las mencionadas diligencias por alguno de los miembros de la Junta, ésta, con citación a las partes, señalará día y hora para su desahogo, ello dentro de un plazo de ocho días. b) Transcurrido el plazo de cinco días concedido a los integrantes de la Junta, o el correspondiente al desahogo de las diligencias solicitadas, el presidente de la Junta citará a los miembros de aquélla para la discusión y votación del proyecto de laudo, evento que debe realizarse dentro de los diez días siguientes al en que hubieran concluido, por una parte, el plazo de cinco días o, por otra, el desahogo de las diligencias respectivas. c) Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones o modificaciones se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato, de lo contrario, se ordenará al secretario que redacte el laudo de acuerdo con lo aprobado, lo que se hará constar en el acta correspondiente. De lo anterior se desprende que, una vez cerrada la instrucción, el plazo general para la emisión del laudo es de veinte días hábiles, si no hubiere solicitud por alguno de los miembros de la Junta para la práctica de las diligencias que se estimen necesarias; pues, de lo contrario, tal plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, en este evento el lapso para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se ejecuten. En el caso concreto, el cierre de instrucción se verificó el diez de enero de dos mil diecisiete y hasta el día de hoy -casi once meses después-la junta responsable no ha dictado el laudo respectivo. La junta pretende justificar la omisión que se le imputa con el argumento de que existe mucha carga de trabajo. Sin embargo, esa circunstancia, aparte de que no sería fundamento para alterar las normas esenciales del procedimiento, lo cierto es que la junta ni siquiera se preocupó por comprobar esa supuesta carga de trabajo. X. DECISIÓN Por lo anterior, este juzgador estima procedente otorgar la protección constitucional solicitada. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que la omisión de resolver el juicio, una vez fenecido el plazo señalado por la Ley Federal del Trabajo para dictar el laudo, es un acto dentro del juicio que produce, de manera directa e inmediata, una afectación al derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la impartición de justicia pronta y expedita. En consecuencia, para restituir el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se conceda a ******************** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, emita el laudo respectivo en el juicio laboral ********************/2015. La junta cuenta con un plazo máximo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del acuerdo donde se le requiera el cumplimiento de la presente decisión. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** en contra de la omisión de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de emitir el laudo respectivo en el juicio laboral ********************/2015. El amparo se concede para el efecto precisado en el último apartado de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante el secretario de acuerdos, Ángel Pastor Muñoz Trujillo, quien autoriza y da fe.
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- Guillermo Zárate Cruz1161/2019
- Gumaro Cutberto Calvo Ramírez1223/2016
- Gumaro Luis Vásquez922/2019
- Gumaro Mota Caro382/2015
- Gumaro Mota Caro202/2015