Guillermo Rangel Aburto
Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermo Rangel Aburto
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, por el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, se ordena ARCHIVAR el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de amparo. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la retención de los autos del toca *** (dos tomos) así como un sobre amarillo que obra glosado al expediente a foja (038), que contiene de igual manera un sobre cerrado color café al parecer con un disco, que la autoridad responsable Octava Sala Civil del Supremo Tribual de Justicia en el Estado de Guanajuato, acompaño a su informe justificado; por lo que se ordena devolverlos a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente
- Principal
Por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, Capital, al que adjunta por incompetencia legal, la demanda de amparo con dos copias promovida por *** por propio derecho, contra actos del Magistrado Propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital; así los siguientes anexos; el oficio 3293 suscrito por el Magistrado Propietario de la octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato; constancias del toca 597/2018 en dos tomos; toda vez que, mediante auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, se determinó declinar la competencia en favor de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda, tocando conocer de la misma a este Tribunal Federal; por tanto, dado el volumen del toca 597/2018, se ordena la apertura de DOS TOMOS DE PRUEBAS. En consecuencia, este Órgano de Control Constitucional, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo en cuestión, en la vía de amparo indirecto, haciéndose saber tal circunstancia a la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo correspondiente. En estricto acatamiento a lo ordenado por la citada Superioridad, el suscrito Juzgador procede al análisis de la demanda de amparo en cuestión. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1042/2018-VI.1, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Una vez analizada la demanda de amparo este Juzgado Federal estima que debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; ya que al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establece que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en: la resolución dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el toca 597/2018 del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual revocó la determinación de ocho de octubre del año en curso, emitida por el Juez de Oralidad Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, para sólo efecto de determinar que sí es procedente la nulidad de actuaciones y declara la nulidad a partir de las diligencias de emplazamiento decretadas a los reos, debiéndose remitir de nueva cuenta los autos a la oficina central de actuarios para que proceda con el emplazamiento, respectivo. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio de origen, si ésta es favorable a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos de los artículos 171 y 174 de la ley de la materia. Pues en la especie, como actos de imposible reparación no se les puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones jurídicas que informa la Jurisprudencia 2ª/J.23/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero 2008, Novena Época, Materia Común en la página 593, que establece: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En esa tesitura, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Ahora bien, y toda vez que el quejoso señaló los estrados para recibir notificaciones personales, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho (hasta en tanto se haga señalamiento al respecto como lo indica el artículo 27 fracción I, del cuerpo leyes en consulta) la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter, practíquense por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como autorizado de su parte a los licenciados *** en TÉRMINOS AMPLIOS del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, y a *** en términos restringidos, es decir únicamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley, por no obrar registrada su cédula profesional, en la nombrada base de datos y a los demás citados, debido a que la parte quejosa en su demanda de amparo, los autorizo. Por otro lado, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se Resuelve: UNICO. SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***, por las consideraciones formuladas en el presente proveído.
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