Guillermo Ramos Santiago
Expediente 566/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 566/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guillermo Ramos Santiago
- Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos Estado de México
- Guillermo Ramos Santiago y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto QUEDA FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por ********************, en su carácter de apoderado legal de la persona moral quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de los documentos exhibidos como prueba dentro del presente juicio de amparo. En esa tesitura, con apoyo en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, devuélvanse los documentos que solicita, previa certificación de desglose y toma de razón que por su recibo se deje en autos para debida constancia legal; teniéndose por autorizadas a las personas que indica. En el entendido de que la devolución de las documentales que refiere el promovente, se realiza previa cita que al efecto se genere para obtener el código de acceso QR correspondiente, ello en términos del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al diverso 7/2022 que reforma, adiciona y deroga el similar, a efecto de estar en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, del ACUERDO DE SIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " . . . " . . . Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de desahogo signado por **************************, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído dictado en veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se provee en relación a la demanda de amparo promovida por **************************, contra actos de la Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y otra autoridad, que los hace consistir en la sentencia interlocutoria dictada en veintidós de abril de dos mil veintidós, en los autos del expediente 1055/2021, la que confirmó en sus términos el auto de uno de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó girar diversos oficios a fin de recabar información sobre las cuentas bancarias, bienes inmuebles e inscripción ante las instituciones de seguridad social; lo anterior a fin de integrar debidamente el juicio de origen y estar en posibilidad de cuantificar la pensión alimenticia. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De ese modo, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro y contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el caso concreto, el quejoso reclama el siguiente acto: La sentencia interlocutoria dictada en veintidós de abril de dos mil veintidós, en los autos del expediente 1055/2021, el cual confirmó en sus términos el auto de uno de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó girar diversos oficios a fin de recabar información sobre las cuentas bancarias, bienes inmuebles e inscripción ante las instituciones de seguridad social; lo anterior a fin de integrar debidamente el juicio de origen y poder fijar el monto de la pensión alimenticia. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones de desahogo de pruebas. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que produce no afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Por lo que, en su caso, la eventual violación de mérito deberán reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento que se instauró en contra del quejoso, siempre y cuando la misma haya sido adversa a sus intereses, y agotado el recurso que, en su caso, proceda en contra dicha resolución. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio familiar instaurado en contra del quejoso, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. De igual forma, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, pese a ser un acto dictado dentro de un juicio civil, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del impetrante de amparo, pues en el mismo únicamente se ordena recabar diversas pruebas que el juez de origen estima necesarias para fijar en su momento el monto de la pensión a favor del acreedor alimenticio menor de edad, lo que hace evidente que se trata de un acto relativo al desahogo de pruebas en ese juicio, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo, y del anexo que acompaña a la misma. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se DESECHA DE PLANO por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se les requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), para entablar comunicación no procesal con éstas, cuando así lo considere necesario este órgano jurisdiccional. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente auto, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Notifíquese: PERSONALMENTE a la parte quejosa..."
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. V i s t a la demanda de amparo *******************************, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que contienen los artículos 1, 14, 16 y 133 Constitucionales. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE bajo el número 566/2022-VI. PREVENCIÓN Ahora bien, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirmen hechos falsos u oculten los que les consten en relación con el juicio de amparo, manifieste lo siguiente: Precise la fecha del auto contra el que interpuso recurso de revocación, ya que por una parte manifiesta que lo es el auto dictado en siete de abril de dos mil veintidós, mientras que refiere que la responsable confirmó el auto de uno de abril de la presente anualidad, así mismo, del capítulo de hechos, señala que interpuso recurso de revocación en contra del auto de treinta y uno de abril de dos mil veintidós, todos dictados en el expediente 1055/2021, de su índice, siendo este último en el que refiere que el Juez responsable dictó en la misma fecha sentencia interlocutoria que declaró inoperantes e infundados los agravios expresados en el recurso de revocación, y declaró firme el auto combatido. A manera de antecedentes del acto reclamado, deberá exhibir copia o reproducir de manera completa, por cualquier medio, la resolución dictada en el expediente 1055/2021, del índice del Juez responsable, dictada en veintidós de abril de dos mil veintidós, que por esta vía combate. Exhiba las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la ley en cita, toda vez que el escrito aclaratorio es parte integrante de la demanda de amparo. Se apercibe al promovente, que de no cumplir con las prevenciones referidas, con fundamento el penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Ahora, toda vez que la parte quejosa señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Empero, dada la naturaleza del requerimiento realizado, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y le notifique el presente acuerdo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, con fundamento en el artículo 3° párrafos cuarto y quinto de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del juicio de amparo en que se actúa vía electrónica, con el nombre de usuario "alfredgold"; por ende, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE efectuar el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIONES En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé en su parte final el segundo párrafo del numeral en cita. MEDIOS DE CONTACTO Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se requiere a las partes para que proporcionen un medio alternativo de contacto (número telefónico y cuenta de correo electrónico), por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. MEDIOS TECNOLÓGICOS De conformidad con la circular 12/2009, de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa, así como a sus autorizados, para que tomen las fotografías de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, con los medios tecnológicos que indica la circular referida. INVITACIÓN A LAS PARTES PARA QUE CONTINÚEN EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN VÍA ELECTRÓNICA En términos de lo que establecen los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II, V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita; por lo que, se tiene a la quejosa manifestando su oposición para que se publiquen sus datos personales para los efectos legales a que haya lugar. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Finalmente, se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa.
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