Guillermo Ramon Suari Adames Adames
Expediente 509/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 509/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 02/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Ramon Suari Adames Adames
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que negó la protección constitucional, sin que se interpusiera; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de cuadernos auxiliares entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. No obra en autos documento original, en los términos que establece el diverso 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 10 DE ENERO DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA CON LA SENTENCIA ENGROSADA EL 14 Y LA DETERMINACIÓN DE 23, AMBAS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SÍNTESIS -RESPECTIVAMENTE- DICEN: -SENTENCIA CON ENGROSE DE 14 DE DICIEMBRE DE 2022- "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 509/2022, promovido por..., contra actos del Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró violatorio de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previo desechamiento de plano y posterior recurso de queja declarado fundado, el catorce de julio de la propia anualidad, se admitió la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió informe justificado; y, ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representación social Federal no intervino, se tuvo por rendido el informe de ley, se emplazó a la colitigante; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito territorial, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La determinación emitida el dos de mayo de dos mil veintidós, en el juicio oral civil..., por el Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, que desestimó la solicitud de cancelar la anotación preventiva de la demanda relativa al folio real...,Auxiliar 8, Asiento 6, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, que corresponde al departamento...,Ciudad de México, y notificar al Notario Público..., de la Ciudad de México. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, como se corrobora de las constancias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: 1. El once de julio de dos mil dieciocho, se demandó en la vía oral civil de..., Sociedad Anónima de Capital Variable y..., las prestaciones indicadas en el escrito inicial y se solicitó la anotación preventiva de la demanda. 2. Dicho juicio se admitió a trámite el tres de agosto siguiente, donde, entre otras cosas, se acordó lo siguiente: "(.) Por último, por cuanto hace a la anotación preventiva de la demanda que solicita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de conformidad con el artículo 262 del Código de Procedimientos Civiles, la sucesión accionante deberá exhibir mediante billete de depósito o alguna de las formas previstas por la ley, garantía o fianza que cubra los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los demandados; siendo ésta, la cantidad de..., M.N.), cantidad que se obtuvo de sumar las cantidades obtenidas por los daños y perjuicios (.)." Dicha garantía fue exhibida por la actora y el diez de septiembre posterior (en cumplimiento al auto de tres de agosto de dos mil dieciocho), se giró el oficio correspondiente al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad. 3. Encontrándose pendiente el emplazamiento de ..., Sociedad Anónima de Capital Variable, el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve el codemandado..., solicitó que ante la paralización del juicio, y con fundamento en los artículos 244 y 245 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, se fijara contragarantía para levantar la anotación preventiva de la demanda ordenada. A lo anterior recayó el auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, donde se acordó favorablemente su petición y se fijó el monto. 4. El veinticuatro siguiente, el interesado exhibió la contragarantía en comento, por lo cual el veintiocho del propio mes y año se ordenó el levantamiento solicitado. Estas dos determinaciones fueron objeto del juicio de amparo..., de este índice donde se negó la protección constitucional; la cual fue revocada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el R.C..., y se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos los proveídos de veinte y veinticuatro de mayo, ambos de dos mil diecinueve, mediante los cuales el juez responsable fijó como contragarantía la suma de..., y en el diverso tuvo al aquí tercero interesado exhibiendo la contragarantía señalada, respectivamente, y por tanto ordenó el levantamiento de la anotación, preventiva; hecho lo anterior, lo informe de inmediato al juez de amparo. 2. Emita otra resolución en la que ordene la revocación de la contragarantía fijada al codemandado..., y ordene que subsista la anotación preventiva solicitada por la sucesión actora. (.)" 5. El doce de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el juicio, que en lo relativo concluyó: "(.) TERCERO.- Se condena a la codemandada..., al cumplimiento forzoso del contrato base de la acción de otorgar y firmar la escritura pública de compraventa a favor de la actora..., respecto del inmueble ubicado en (.) para tal efecto, pónganse los presentes autos a disposición del Notario de la Ciudad de México que la actora designe, a fin de que previo pago de impuestos y derechos se elabore la escritura pública respectiva, y hecho que sea lo anterior devuelva el expediente a este juzgado a efecto de notificar a la parte demandada para que en el término de CINCO DÍAS, comparezca ante tal fedatario a firmar el instrumento respectivo, apercibida que de no hacerlo el suscrito Juez lo firmara en su rebeldía atento a lo dispuesto en la fracción III del dispositivo 517 de la ley adjetiva local; todo lo anterior una vez que esta resolución sea legalmente ejecutable. CUARTO.- Se dejan a salvo los derechos de la actora..., y del codemandado..., en relación a los derechos reales respecto del mismo inmueble, para que los hagan valer en la forma y términos que corresponda. (.)" 6. En ejecución, el veintidós de abril de dos mil veintidós, el codemandado y ahora quejoso solicitó cancelar la anotación preventiva de la demanda, del inmueble relacionado, y notificarlo al notario 235 de la Ciudad de México. Con esa pieza se dio vista por tres días hábiles en auto de veintidós de abril de dos mil veintidós. 7. Desahogada la vista de que se trata, la autoridad emitió la siguiente determinación: "(.) Ciudad de México, a dos de mayo del año dos mil veintidós. A sus autos el escrito de la actora por conducto de su apoderado legal, con su contenido, se le tiene desahogando la vista ordenada en proveído de fecha veintidós de abril del año en curso. En ese entendido, se procede a resolver la petición del codemandado..., por conducto de su mandatario judicial, solicitada mediante escrito del 20 de abril del año en curso, en los siguientes términos: No ha lugar a proveer de conformidad las solicitudes peticionadas en los numerales uno y dos del citado escrito, en razón a que debe atenderse a los lineamientos de la ejecutoria de fecha 22 de enero de 2020 emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito relativo al Recurso de Revisión ... promovido por la sucesión actora. También, debe atenderse a la naturaleza de la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, pues solo de esta manera se garantizan los derechos litigiosos del actor mientras se ejecuta la sentencia definitiva. (.)" La ulterior determinación integra la materia del acto reclamado. Quinto. Conceptos de violación. El acto reclamado contraviene las garantías tuteladas en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, en relación a los artículos 81 del Código de Procedimientos Civiles local, porque el juicio ha terminado con la sentencia definitiva. Los conceptos de violación son infundados los cuales serán analizados como fueron agrupados por integrar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal, entre las garantías que tutela en favor del gobernado, incluye la de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para estar en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. El artículo 16 de la Constitución Federal, en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad; la fundamentación es el deber de la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad, y la motivación es la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder están probados y son los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora bien, no asiste razón al inconforme pues como se sostiene en el acto reclamado, debe acudirse a lo resuelto en el recurso de revisión R. C..., para contestar la solicitud de levantamiento de la anotación preventiva una vez dictada la sentencia, porque se realizó un ejercicio de modulación de dicha medida cautelar frente al derecho del ahora quejoso y codemandado, a presentar contragarantía para esos fines. Al respecto se estimó que bajo un análisis racional y proporcional, entre la procedencia de la anotación preventiva de la demanda en el Registro Público de la Propiedad y la posibilidad de solicitar su levantamiento amen de una contragarantía, debe persistir la primera por ser adecuada para garantizar la ejecución de la decisión futura, por resultar menos dañino mantenerla que levantarla. Para sustentar esa conclusión, se destacó de los antecedentes la problemática entre la actora y codemandados con motivo de la doble venta de un mismo inmueble, así como un diverso procedimiento donde uno de los coenjuiciados (físico) obtuvo del diverso encausado, una sentencia favorable para otorgarle escritura pública, que posteriormente llevó a la determinación de asentarse en el folio real un aviso preventivo de escrituración a su favor. De donde se obtuvo que la controversia entre el ahora quejoso con la vencedora el juicio que motivó el acto reclamado, estriba en determinar a quién le corresponde la titularidad del mismo inmueble, que implica interés en hacer prevalecer el propio derecho y a su vez motiva su protección, uno mediante la medida cautelar y el otro exhibiendo contragarantía para levantar la primera. De ahí que se concluyera que la probable afectación a los derechos en pugna se surte en menor intensidad en el ahora quejoso, pues al carecer de razón en el juicio podría verse resarcido con la garantía exhibida, en cambio, la actora correría el riesgo de que se trasladase el dominio del inmueble a un adquirente de buena fe, caso en el cual no sería dable obtener una restitución, sino únicamente apelar a la indemnización. Motivos por los cuales el otorgamiento de las medidas precautorias solicitadas por la actora, debía prevalecer para permitir dar publicidad al juicio y evitar un perjuicio de difícil reparación. Como se advierte, ya obra pronunciamiento donde se indicó la etapa procesal a la que se extiende la vigencia de la medida precautoria, la subsistencia de sus efectos conforme a los derechos en pugna, un juicio de necesidad de acuerdo a los términos de la controversia para obtener el objetivo del juicio particularizado en las condenas instadas. De igual modo, ya se analizó que la presencia de las medidas que se pide levantar, de modo alguno limita el derecho del propietario para enajenar o disponer del inmueble, y principalmente que la medida no cesa sino que tiene vigencia durante la ejecución. Sobre esa base, es que el impetrante ya cuenta con una resolución judicial que atiende su pretensión. Asimismo, se indicaron los derechos que se deben de proteger en el proceso con la inscripción que son los litigados, que para el caso de condena, como ocurrió parcialmente, garantiza su ejecución. Importa destacar que el inconforme no combate los argumentos de la autoridad responsable en cuanto a la aplicación del precedente judicial, los efectos que literalmente se le otorgaron, el juicio de ponderación entre los derechos en pugna, ni su alcance, pues al efecto únicamente se refirió a la etapa actual del proceso como fundamento de su petición. En tal orden de ideas es infundado lo alegado. Lo razonado tampoco implica, como sostiene la parte quejosa, una restricción al derecho de acceso a la jurisdicción, pues las circunstancias analizadas sobre la misma acción constituye, de por sí, un impedimento para acudir de manera subsidiaria con la propia petición en el proceso de ejecución, si ya se analizó su pertinencia en ese periodo en el supuesto de dictarse sentencia condenatoria, como ocurrió en la causa. Lo cual implica que se surten las condiciones de vigencia y aptitud de la medida dictada, y debe subsistir como fue analizado en el precedente invocado. Con esto tampoco no se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el principio de seguridad jurídica, tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues desde la emisión de la sentencia relacionada, contaba con los elementos suficientes para identificar las consideraciones y condiciones de hecho que habían de orientar una petición idéntica, y desde ese momento sabía que esperar en la etapa de ejecución en caso de dictarse sentencia condenatoria. Apoya lo expuesto, la tesis aislada 2a. XXXVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de la Décima Época, de registro 2013881, que dice: "CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD. El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos." Consecuentemente, al ser infundados los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. Finalmente, no se analizan los alegatos formulados en el trámite del juicio de amparo, porque no forman parte de la litis, conforme a la tesis P./J. 27/94, del Tribunal Pleno, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 77, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a..., contra actos del Juez Vigésimo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo resolvió y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe." (...) -DETERMINACIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2022- "Agréguese la razón actuarial, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el Actuario adscrito para notificar al quejoso ..., la sentencia engrosada el catorce de diciembre del año en curso, toda vez que no le fue permitido el acceso al domicilio buscado, por los motivos que expone. En su atención, en obvio de mayores dilaciones y a fin de no incurrir en violaciones procesales, se ordena que de nueva cuenta se comisione al ejecutor adscrito para realizar la notificación en dicho lugar, para lo cual deberá informar al vigilante en turno, o en su caso al administrador del edificio, que la notificación de la sentencia es una cuestión de orden público, por lo que deberá prestar las facilidades para el ingreso al interior para lograr la encomienda, pues se trata de un servidor en ejercicio de sus funciones. Además, deberá hacerle saber que en caso de desobediencia, se impondrá al vigilante o al administrador, una multa en términos del precepto 237, fracción I, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del numeral 21 del citado ordenamiento legal, se habilitan días y horas inhábiles, para que lleve a cabo la notificación encomendada. NOTIFÍQUESE PERSONALENTE AL QUEJOSO Y VIGILANTE O ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO."
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALENTE AL QUEJOSO Y VIGILANTE O ADMINISTRADOR DEL EDIFICIO.
- Principal
Agréguese el escrito de ... , autorizado de la parte tercera interesada (personalidad reconocida en autos); en atención a su contenido, se instruye a la Secretaria de este órgano jurisdiccional, para que verifique el estatus de la autorización electrónica, conforme a lo ordenado el veinticinco de octubre del año en curso y en caso de que exista alguna irregularidad lleve a cabo las gestiones necesarias para que la promovente pueda ejercer el derecho a visualizar las actuaciones emitidas en este asunto a través de la vía mencionada. NOTIFÍQUESE.
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