Guillermo Prieto Mora
Expediente 198/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 198/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Guillermo Prieto Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre CERTIFICA lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por una parte se concedió y por la otra se negó la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que existen dos tomos de prueba por devolver a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado bajo el folio 7599 y anexos que se adjuntan. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a seis de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada dentro de los autos del amparo en revisión penal 278/2016 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Guillermo Prieto Mora contra la sentencia emitida por este juzgado el veintiocho de julio del año pasado. Consecuentemente, acúsese recibo; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó el mismo, las que deberán destruirse; hágase las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por la Superioridad que mediante la ejecutoria de cuenta confirma la determinación recurrida en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 113 de la ley de la materia; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse por una parte concedido y por la otra negado la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Ángeles
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Guillermo Prieto Mora, contra la sentencia dictada por este juzgado el veintiocho de julio del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, el cual quedó registrado como amparo en revisión penal 278/2016-3. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despecho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en eklartículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en auto de ocho de abril del año en curso, se tuvo como tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, y que por medio del diverso proveído de once de agosto de la presente anualidad, se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintiocho de julio del presente año; sin que se advierta la notificación de este último auto al citado tercero interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2°, del ordenamiento legal invocado en segundo término, se ordena regularizar el procedimiento, a fin de que se le notifique dicho proveído y se remita copia de los agravios formulados por la parte quejosa, a efecto de que se imponga de su contenido y se esté en condiciones de remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito para la substanciación del recurso de revisión. Notifíquese por medio de oficio al tercero interesado agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe. Josué
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito en el sentido de que no fue posible notificar la sentencia de veintinueve de julio del año en curso, al tercero interesado Gregorio Sánchez Jáuregui, en razón de que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez de febrero de la presente anualidad, y se ordena realizar la notificación de la resolución de que se habla y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales al tercero interesado por medio de lista que se fija y pública en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al tercero interesado. EN ATENCION A LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 237 FRACCION III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO GREGORIO SANCHEZ JAUREGUI, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DICTADA EN VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, LA CUAL EN SUS PUNTOS RESOLUTIVOS DICE: "VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 198/2016-4; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. En escrito presentado el diez de febrero de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, GUILLERMO PRIETO MORA, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, actos y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los preceptos constitucionales que enseguida se precisan: Autoridad Responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas. Actos reclamados: El proveído de tres de febrero de dos mil quince y el auto de formal prisión, dictados dentro del proceso penal 54/2013. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados, los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Secretario en funciones de Juez, mediante proveído de diez de febrero del año en curso, ordenó su admisión y registro con número de expediente 198/2016-4; se pidió informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos que se ejecutaron en la demarcación territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme lo disponen las tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: El proveído de tres de febrero de dos mil dieciséis. El auto de formal prisión dictado dentro del proceso penal 54/2013. Una vez determinado cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, certeza o presunción, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." La Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, al rendir su informe con justificación, aceptó los actos reclamados que se le atribuyen. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, su certeza se corrobora con el duplicado del proceso penal número 54/2013, remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2,donde obran las resoluciones reclamadas, de ahí su certeza plena. En este sentido, es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo a lo previsto en el artículo 62 de la ley de la materia. Al respecto, es aplicable la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco esta Juzgadora, después de analizar las actuaciones de este juicio, advierte su existencia de manera oficiosa. CUARTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer ". Sin embargo, a efecto de conocer, en esencia, los planteamientos del quejoso, se realiza el resumen siguiente: Que el auto de tres de febrero del presente año, es inconstitucional, puesto que no se ha causado un daño patrimonial al ofendido Gregorio Sánchez Jauregui ya que éste se adjudicó el inmueble hipotecado, es decir, con el producto de su venta se cubrió el crédito hipotecario y, por ende, la caución excesiva que se le fija para gozar del beneficio de la libertad provisional no encuentra fundamento alguno, además de que el juez responsable no analiza a conciencia los hechos y soslaya que el supuesto ofendido Gregorio Sánchez Jauregui no ha padecido ningún perjuicio patrimonial, ya que el inmueble de mérito entró a su patrimonio y se encuentra inscrito a su favor en el Registro Público de la Propiedad. Además de que se está en la presencia de un posible daño patrimonial indeterminado y, por ende, no puede fijarse una caución excesiva y arbitraria. No se cumple con el requisito de denuncia de parte ofendida, puesto que quien pudiera resultar ofendido es Gregorio Sánchez Jauregui, a quien se hipotecó el inmueble materia del supuesto delito de fraude, a quien, a la postre, se le adjudicó el mismo, argumento que sostiene en la jurisprudencia del rubro siguiente: "FRAUDE POR VENTA INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO ES EL COMPRADOR DE LA COSA AJENA Y SÓLO ESTE SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA QUERELLARSE POR EL MISMO Y RESPECTO DEL PROPIETARIO DE LA COSA INDEBIDAMENTE ENAJENADA, SE PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO AUTÓNOMO DIVERSO O SÓLO DARÍA LUGAR AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES CORRESPONDIENTES SEGÚN FUERE EL CASO. (CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)"; por lo que no se colman ni se acreditan los elementos materiales del cuerpo del delito de fraude específico tipificado en la fracción II del artículo 304 del Código Penal del Estado, puesto que no se encuentra acreditado que se haya ocasionado algún perjuicio patrimonial a Gregorio Sánchez Jauregui, persona a quien se adjudicó el inmueble en cuestión. El juez responsable, al tener por acreditado el primero de los elementos constitutivos del delito de fraude específico, indicó que la hipoteca del inmueble en cuestión es lo que causa un daño patrimonial lo cual es incorrecto, porque la hipoteca surtió todas sus consecuencias legales, en razón de que el ofendido Gregorio Sánchez Jauregui siguió el correspondiente juicio hipotecario en el cual se adjudicó el inmueble; por ende, no se le ha causado ningún daño patrimonial, dado que el dinero motivo del contrato de mutuo con garantía hipotecaria lo recibió al adjudicarse la totalidad del inmueble. Tampoco se acredita el segundo de los elementos constitutivos del delito en estudio, ya que el juez responsable aduce que el daño patrimonial se le causó a Salvador Esquivel Torres, al referir que previamente a éste se le vendió una fracción del inmueble, siendo que tal cuestión ya quedó dilucidada en el sentido que quien podría resultar afectado pecuniariamente lo sería Gregorio Sánchez Jauregui, quien tampoco puede resultar afectado dado que éste obtuvo el pago de la hipoteca con el inmueble de referencia; entonces, si no se acredita el cuerpo del delito de fraude específico, menos, su probable responsabilidad. Es infundado el concepto de violación expresado por el quejoso, en lo que atañe al acto reclamado consistente el auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 54/2013, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. De las constancias que integran el duplicado del proceso penal 54/2013, instruido en contra de GUILLERMO PRIETO MORA, por el delito de fraude específico, que la autoridad responsable remitió como justificación de sus actos, se advierten, en lo que aquí interesa, los antecedentes siguientes: El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, el juez responsable dictó orden de aprehensión en contra del aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, la cual fue cumplimentada mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en el que se fijó hora y día para la diligencia de declaración preparatoria y se fijó cantidad para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Inconforme con lo anterior, el aquí quejoso promovió juicio de amparo indirecto del cual le tocó conocer a este Juzgado de Distrito y se registró bajo el número 45/2015, en donde mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, dejara insubsistente el proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, dictado en el proceso penal 54/2013 de su índice, únicamente por lo que hace al tópico de la libertad provisional bajo caución, así como el pronunciamiento realizado en la diligencia de declaración preparatoria del reo, aquí quejoso, el uno de enero de dos mil quince; y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción, dictara otro en el que resolviera lo que estimara conducente de manera motivada, sin prescindir, desde luego, de la debida fundamentación. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez responsable el tres de febrero del presente año, dictó el siguiente proveído. "Loreto, Zacatecas a tres de febrero del año dos mil quince. Por recibido el oficio de cuenta que antecede marcado con el número 3284/2016 de fecha veintisiete de enero del año que corre recibido en este Juzgado a las trece cuarenta horas del día veintinueve de enero de esta anualidad, que remite la Licenciada MARIA SOLEDAD TORRES MUGUIRO Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, mediante el cual hace conocimiento que la Sentencia de Garantías dictada en el juicio de amparo número 45/2015-5 promovido por el quejoso GUILLERMO PRIETO MORA, contra actos de este Juzgado, deducido del proceso penal marcado con el número 54/2013, que se instruye en su contra por el delito de FRAUDE ESPECIFICO, requiriendo a este Órgano Jurisdiccional a fin de que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación del auto, se dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia que así lo acredite. Consecuentemente en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el Juicio de amparo número 45/2015-5, promovido por el quejoso GUILLERMO PRIETO MORA, contra actos de este Juzgado PROCEDE DEJAR INSUBSISTENTE AL AUTO DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, ASI COMO LA DILIGENCIA DE FECHA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE ÚNICAMENTE respecto al otorgamiento y beneficio de la libertad bajo caución, a fin de establecer razonamientos que justifiquen los montos de dicha caución para el efecto de dictar en su lugar nuevo proveído bajo los siguientes términos: Con el oficio de cuenta número 658, recibido a las trece horas con cinco minutos del día treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce, se tiene al comandante de la Policía Ministerial del estado con destacamento en este lugar, por cumplimentada la Orden de aprehensión que giró este Juzgado en contra de GUILLERMO PRIETO MORA, como probable responsable del delito de FRAUDE ESPECÍFICO cometido en perjuicio de SALVADOR TORRES ESQUIVEL, dentro del proceso penal número 54/2013, con fundamento en el artículo 16 Constitucional se decreta su formal detención, a partir de que se deja a disposición de este Juzgado, inmediatamente hágasele saber el motivo de su detención, dentro de las cuarenta y ocho horas recábesele su declaración preparatoria, señalándose para tal efecto las CATORCE HORAS DEL DIA UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, hágasele saber el derecho que tiene para designar persona que lo defienda en la presente causa penal y en general las garantías que consagra el artículo 20 Constitucional, de igual manera hágasele saber que en virtud de que el delito que se le imputa no es considerado como grave por el artículo 350 deI Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, resulta evidente que esta Juzgadora está facultado para señalar el monto de la fianza que debe otorgar el reo para gozar del beneficio de la libertad condicional, siendo aplicable el siguiente criterio emitido por la Autoridad Federal. . LIBERTAD CONDICIONAL. MONTO DE LA FIANZA PARA GOZAR DEL BENEFICIO DE. Y en base a lo antes citado así como atendiendo a los preceptos legales del artículo 20 apartado "A" fracción 1 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 353 del Código de Procedimientos Penales en Vigor, se fija el beneficio de su libertad provisional la cual exhibirá ante este Juzgado por los siguientes conceptos $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS CERO CENTAVOS) que garantizara propiamente su libertad provisional cantidad que se fija teniendo en consideración que el inculpado es la primera vez que se le instruye un delito, siendo por el cual se procesa es por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO, sin que pueda observarse un intereses que pueda sustraerse de la acción de la justicia, pues como él mismo lo ha manifestado en su declaración ministerial es mecánico industrial, siendo su lugar de origen esta misma ciudad, cantidad que corresponde a la cantidad de 150.5 cuotas de salario mínimo vigente al momento de suceder los hechos y que se calcula atendiendo a una parte mínima que pueda obtener el inculpado con motivo de su actividad comercial durante ese lapso de días y que a juicio de la suscrita es suficiente para evitar que se sustraiga a dicha acción de la justicia. La cantidad de $1,350,450.00 (UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CERO CENTAVOS), que garantizan la posible reparación del daño, y la cual se fija tomando en consideración que dentro del sumario se exhibe el testimonio que contiene el contrato de mutuo sin interés y garantía hipotecaria, celebrado en fecha cinco de octubre del dos mil seis entre los sujetos activos con el señor Gregorio Sánchez Jauregui del que se deriva que la cantidad recibida por los activos lo fue de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL y tomando en consideración que los sujetos activos se obligaron también al pago de intereses moratorios. Así mismo (sic) la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos cero centavos) por concepto de multa la cual se toma en consideración a los parámetros que establece el artículo 339 fracción IV que establece una pena de tres a doce años de prisión y multa de hasta trescientas cuotas de salario mínimo, atendiendo a que si resulta condenatoria la sentencia y estimando que el grado de culpabilidad del inculpado pueda rondar dentro de la mínima, esto atendiendo a Ias circunstancias de ejecución, derivado de una cuestión que tiene su origen en Fraude Especifico, se traduce en el equivalente de 30.10 cuotas de salario mínimo Conceptos que deberá exhibir en cualquiera de las formas establecidas por la ley. - Fundamento legal artículo 8, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 136, 137, 138 y 350 del Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado.". Proveído que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora, en relación al tema, el artículo 20 constitucional, en su apartado A, fracción I, dispone: "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, inculpado, la víctima y el ofendido, tendrán las siguientes garantías. A. Del inculpado: I. Inmediatamente que lo solicite, el juez deberá otorgarle la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohíba conceder este beneficio. En caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Público, el juez podrá negar la libertad provisional, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad, por algún delito calificado como grave por la ley o, cuando el Ministerio Público aporte elementos al juez para establecer que la libertad del inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y características del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad. El monto y la forma de caución que se fije, deberán ser asequibles para el inculpado. En circunstancias que la ley determine, la autoridad judicial podrá modificar el monto de la caución. Para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el juez deberá tomar en cuenta la naturaleza, modalidades y circunstancias del delito; las características del inculpado y la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo; los daños y perjuicios causados al ofendido; así como la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. La ley determinará los casos graves en los cuales el juez podrá revocar la libertad provisional". La fracción transcrita pone en evidencia que la Constitución Federal establece en favor del inculpado la garantía de libertad provisional bajo caución, cuya finalidad es no privar de la libertad a la persona que se le imputa un delito no grave y, a la vez, asegurar que quede sujeta a la acción del tribunal que instruya el juicio respectivo; garantía que encuentra sustento en el principio de presunción de inocencia. Asimismo, prevé que dicho beneficio se encuentra a disposición del inculpado, lo que implica que inmediatamente que lo solicite debe ser puesto en libertad provisional. Sin embargo, también se establece que, para que el inculpado pueda acogerse a dicho beneficio, es menester que otorgue ante el juez de la causa, la caución correspondiente, la cual comprende tres tipos de garantías a saber: La de reparación de daños y perjuicios ocasionados a la víctima del delito; la de obligaciones procesales; y, la que garantice la sanción pecuniaria que, en su caso, pueda imponerse al inculpado. De igual forma, en relación a lo anterior, los artículos 350, 353 y 354 del Código de Procedimientos Penales del Estado, establecen: Artículo 350. Todo indiciado tiene derecho a ser puesto en libertad bajo caución inmediatamente que lo solicite, siempre y cuando se garantice la propia libertad provisional, el monto estimado de la reparación del daño, el de las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponérsele y además no se trate de los delitos previstos en el Código Penal del Estado, incluidas sus modalidades y tentativas...". Artículo 353. El monto de la caución se fijara por el tribunal, quien tomará en consideración: 1. Los antecedentes de! inculpado: II. La gravedad y circunstancias del delito imputado; III El mayor o menor interés que pueda tener el inculpado en substraerse a la acción de la justicia IV. Las condiciones económicas del inculpado; V. La naturaleza de la garantía que se ofrezca: y VI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción l del artículo 20 de la Constitución Federal. Artículo 354. La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad manifestará que elija, para los efectos de la fracción y del artículo anterior. En caso de que el inculpado, su representante o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el tribunal, de acuerdo con el artículo que antecede, fijará las cantidades que correspondan a cada una de las formas de la acción. Ahora, en torno a qué se debe entender por reparación del daño, el diverso numeral 31 del Código Penal del Estado, dispone: Artículo 31. La reparación del daño comprende: I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos, o, en su defecto, el pago del precio correspondiente; II. El resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado; y III. Tratándose de los delitos comprendidos en el Título Octavo del Libro Segundo de este Código, la reparación del daño abarcará la restitución de la cosa o su valor y, además, hasta dos tantos del valor de la cosa o de los bienes obtenidos por el delito. Si la cosa o productos se hallaren en poder de terceros, se observará lo dispuesto por el Código Civil sobre posesión de buena o mala fe. En las relatadas condiciones, con los dispositivos hasta aquí expuestos, se pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la garantía de la reparación del daño como caución y el resarcimiento de dicho concepto en la sentencia definitiva, habida cuenta de que la garantía fijada como caución al inculpado por el monto estimado de la reparación del daño a fin de que obtenga su libertad provisional, tiene el propósito de proteger el derecho de la parte ofendida de ser resarcida de los daños y perjuicios ocasionados en el supuesto de una condena, razón por la que puede válidamente exigirse que sea garantizada de manera previa a la sentencia y como condición de efectividad del beneficio de libertad. Como ya se dijo, el concepto de violación que formula la parte quejosa respecto de este acto reclamado es infundado, lo anterior por lo siguiente. En su concepto de violación, identificado como inciso d) aduce el quejoso que no se ha causado un daño patrimonial al ofendido Gregorio Sánchez Jauregui ya que éste se adjudicó el inmueble hipotecado, es decir, con el producto de la venta del mismo, se cubrió el crédito hipotecario y que por ende, la caución excesiva que se le fija para gozar del beneficio de la libertad provisional no encuentra fundamento alguno, además de que el juez responsable no analiza a conciencia los hechos y soslaya el hecho de que el supuesto ofendido Gregorio Sánchez Jauregui no ha padecido ningún perjuicio patrimonial, ya que el inmueble de mérito entró a su patrimonio y se encuentra inscrito a su favor en el Registro Público de la Propiedad; además de que se está en presencia de un posible daño patrimonial indeterminado y, por ende, no puede fijarse una caución excesiva y arbitraria. Es infundado su argumento, en razón de que en el momento procesal en que se emitió el acto reclamado no se puede tener la certeza de que exista o no, un daño patrimonial causado al ofendido, ya que esto es materia de la sentencia que se pudiera llegar a dictar en la causa penal de origen. Además, debe tenerse presente que la libertad provisional bajo caución, es un beneficio que puede ser otorgado al inculpado desde el momento de su detención, con efectos durante la tramitación del proceso, lo que significa pues, que al momento en que dicho beneficio es decretado, no se puede hablar de pruebas fehacientes que patenticen con exactitud el monto que por concepto de reparación del daño el inculpado deba exhibir en la caución, pues esa certeza, solo puede ser pronunciada en la sentencia definitiva. Con respecto a lo anterior, en el Código de Procedimientos Penales del Estado, en el cual se regula la libertad provisional bajo caución, del artículo 350 al 368, para la fijación del monto por concepto de reparación del daño, no se establece como requisito su acreditación fehaciente, y por el contrario, los artículos 350 y 354 disponen lo siguiente: Artículo 350. Todo indiciado tiene derecho a ser puesto en libertad bajo caución inmediatamente que lo solicite, siempre y cuando se garantice la propia libertad provisional, el monto estimado de la reparación del daño, el de las sanciones pecuniarias que en su caso pudieran imponérsele y además no se trate de delitos previstos en el Código Penal en el Estado, incluidas sus modalidades y tentativas...". Artículo 354. La naturaleza de la caución quedará a elección del inculpado, quien al solicitar la libertad manifestará que elija, para los efectos de la fracción y del artículo anterior. En caso de que el inculpado, su representante o su defensor no hagan la manifestación mencionada, el tribunal, de acuerdo con el artículo que antecede, fijará las cantidades que correspondan a cada una de las formas de la acción. Dispositivos de los cuales, se advierte la facultad que se otorga al juzgador para que con su prudente arbitrio, fije la cuantía de la caución, dentro de la cual figura la garantía de la reparación del daño. Por tanto, resulta válido, que el juez responsable, para estimar el monto de la reparación del daño, haya tomado como referencia la documental privada consistente en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. Y por ello, como se evidenció en líneas precedentes la resolución impugnada sí se encuentra ajustada a derecho. Ello es así, pues en ésta se señalan los motivos o circunstancias por los cuales se consideró fijar la suma de un millón trescientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta pesos, por concepto de reparación del daño, así como los fundamentos legales en los cuales se basó el juez responsable para dictar la resolución de referencia, tales como los numerales 8, 16, 19 y 20 constitucionales y 136, 137, 138 y 350, del Código de Procedimientos Penales del Estado. De lo antes expuesto, de manera clara se desprende que la autoridad responsable, citó los preceptos aplicables al caso concreto, habida cuenta que de un análisis conjunto de tales disposiciones legales, se logra evidenciar que en dichos artículos se habla de las garantías del inculpado, así como del trámite relativo al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Así pues, la resolución de tres de febrero de dos mil quince, pone de manifiesto que sí existió coincidencia entre las hipótesis normativas y los motivos y circunstancias que se expresaron para determinar el monto para gozar de la libertad provisional, la reparación del daño y multa que debe cubrir el aquí quejoso a fin de que pueda gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Es aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: "ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para cumplirse con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el artículo 16 constitucional, es necesario que todo acto de autoridad conste por escrito; en el cual se exprese con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para emitirlo; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en el caso concreto se configuran las hipótesis normativas, para que los obligados estén en aptitud de defenderse en debida forma." De igual forma, resulta aplicable a lo anterior, las tesis siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." En esas condiciones, dado que los agravios planteados por el quejoso son infundados, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente en el caso es negarle el amparo y protección de la justicia Federal que solicita respecto del acto reclamado en estudio. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación orientados a cuestionar la constitucionalidad del auto de formal prisión reclamado. Antes de abordar el análisis de las inconformidades, es pertinente acotar que éstas no se trascribirán, al considerarse innecesario hacerlo, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, dado que enseguida se estudiarán los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, ya transcrita en la presente resolución, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"; máxime que apartados atrás se reseñaron. Son infundados los conceptos de violación que el quejoso endereza contra del auto de formal prisión reclamado, como se verá a continuación: Por lo que respecta al concepto de violación identificado en el inciso a), no asiste razón jurídica al inconforme cuando asevera que no se cumple con el requisito de denuncia de parte ofendida, puesto que quien pudiera resultar ofendido lo sería Gregorio Sánchez Jáuregui, a quien se hipotecó el inmueble materia del supuesto delito de fraude y a quien a la postre se le adjudicó el mismo, en razón a que el delito por el que se inició la averiguación previa se persigue de oficio, razón por la cual es innecesaria la existencia de querella de parte ofendida. En efecto, los integrantes del Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 179/2014, interpuesto contra la sentencia emitida en el juicio de amparo 842/2013-4, del índice del juzgado auxiliado, promovido contra la orden de aprehensión dictada por el juzgado responsable, el doce de diciembre de dos mil trece, establecieron lo siguiente: ". Los agravios son infundados. Es así, toda vez que al margen de las consideraciones que el juez de amparo tuvo en cuenta para declarar que en la especie no operó la prescripción del derecho de querella de la parte ofendida, debe decirse que, en la especie era innecesaria la querella para que el representante social iniciara la averiguación previa, toda vez que el delito de fraude es perseguible de oficio, como se advierte del artículo 342 de Código Penal del Estado, contenido en el capítulo IV "FRAUDE" el cual prevé: "Artículo 342. Son aplicables al fraude los artículos 327 y 328 de este código". Por su parte, los numerales 327 y 328 del mismo ordenamiento legal, prevén: "Artículo 327. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien cuotas y sea restituido por el sujeto activo del delito, espontáneamente, antes de que se decrete auto de formal prisión, no se impondrá sanción alguna siempre y cuando no se trate de robo ejecutado por medio de la violencia". "328. El robo cometido por un ascendiente contra su descendiente, o por éste contra aquél, o por un conyugue contra el otro, por una concubina o concubinario contra el otro, por un suegro contra su yerno o nuera, por éstos contra aquél, por un padrastro contra su hijastro o viceversa, o por un hermano contra su hermano, produce responsabilidad penal; pero no se podrá proceder contra el responsable sino a petición del agraviado. Si además de las personas a que se refiere el párrafo anterior tuviere intervención en el robo alguna otra, para sancionar a ésta se necesita querella del ofendido, pero en este caso se procederá contra todos los responsables, incluyendo a los que se mencionan en la primera parte de este artículo". Preceptos de los cuales se obtiene que con relación al delito de fraude, sólo se requiere la querella cuando se trata de un ascendiente contra su descendiente, o por éste contra aquél, o por un cónyuge contra el otro, por una concubina o concubinario contra el otro, por un suegro contra su yerno o nuera, por éstos contra aquél, por un padrastro contra su hijastro o viceversa, o por un hermano contra su hermano, por lo que, por exclusión, en cualquier otro caso no es necesario dicho requisito de procedibilidad. Consecuentemente, como en este asunto no se advierte que los ofendidos guarden alguna relación de parentesco con los activos en los términos antes precisados, para que se procediera contra los responsables no se requería petición de los agraviados, por lo que al no requerirse la querella para que el representante social iniciara la averiguación previa, al tratarse de un delito perseguible de oficio, no es factible atender a las reglas para la prescripción del derecho de querella.". Con base en lo expuesto, al tratarse de un delito perseguible de oficio, la jurisprudencia de rubro: "FRAUDE POR VENTA INDEBIDA DE COSA AJENA. EL SUJETO PASIVO DEL DELITO ES EL COMPRADOR DE LA COSA AJENA Y SÓLO ÉSTE SE ENCUENTRA LEGITIMADO PARA QUERELLARSE POR EL MISMO Y RESPECTO DEL PROPIETARIO DE LA COSA INDEBIDAMENTE ENAJENADA, SE PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO AUTÓNOMO DIVERSO O SÓLO DARÍA LUGAR AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES CIVILES CORRESPONDIENTES SEGÚN FUERE EL CASO (CÓDIGOS PENALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)", es inaplicable, en cuanto al tópico de que se exija querella de parte legítima, porque, como se indicó líneas previas, al resultar el delito de fraude especifico perseguible de oficio, acorde con el Código Penal del Estado de Zacatecas, es innecesaria querella del sujeto pasivo, pues es suficiente que se realice por cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos, lo que se fortalece con la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DENUNCIA EN MATERIA PENAL. SU CONNOTACION. Por denuncia en materia penal debe entenderse la noticia que tiene el Ministerio Público de la existencia de un hecho delictuoso, motivo por el que en tratándose de un delito perseguible de oficio es suficiente que el acusador público tenga esa noticia, para que esté en aptitud de ejercitar la correspondiente acción penal". Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, se considera menester realizar una breve reseña del juicio natural, con base en las constancias que la autoridad responsable envió como justificación de sus actos. 1. Mediante proveído de treinta de abril de dos mil trece, el agente del Ministerio Público Número Dos Instructor de Averiguaciones Previas Penales de Loreto, Zacatecas, radicó la denuncia que presentaron Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz, contra Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández, en la que manifestaron esencialmente lo siguiente: Que el veintiocho de mayo de dos mil dos, Guillermo Prieto Mora, les ofreció en venta parte de un lote urbano ubicado en la calle Gregorio Torres Quintero, esquina con calle Jesús Aréchiga, colonia la Esperanza, segunda sección, de Loreto, Zacatecas, dicho inmueble forma parte de un lote mayor, de tal manera que la superficie total del predio urbano propiedad de su esposa Martha Beatriz Aragón Hernández, es de 3,502.50 metros cuadrados, mientras que la porción o lote que les ofreció constituye una superficie de 1,151.46 metros cuadrados con las siguientes medidas y colindancias: - Al norte: 38.73 metros, colindando con resto del predio urbano, propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández; - Al sur: 38.30 metros, colindando con la calle Jesús Aréchiga; - Al este: 20.23 metros, colindando con la calle Gregorio Torres Quintero; y, - Al oeste: 31.23 metros, colindando con la calle Ruiz Cortínez. b) El referido bien inmueble que adquirieron por medio de compraventa los denunciantes, amparado por el título número ochocientos ochenta y dos, expedido por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, era propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, misma que estuvo de acuerdo en llevar a cabo dicho pacto volitivo; pues, recibió la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), como lo ampara el recibo de veintiocho de mayo de dos mil dos, que obra a foja trece de las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado. c) Que el referido título ochocientos ochenta y dos, expedido por la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, fue cancelado por dicha dependencia, en razón de que causó baja el cuatro de octubre de dos mil doce, a consecuencia de un procedimiento administrativo que instó Gregorio Sánchez Jáuregui contra Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández; y, en razón de ello, la Dirección General de Catastro y Registro Público del Gobierno del Estado de Zacatecas expidió el diverso título número dos mil doscientos cincuenta y dos, de seis de julio de dos mil doce. d) Posteriormente, siguieron señalando los denunciantes, que el referido trato lo llevaron a cabo el veintiocho de mayo de dos mil dos, con Martha Beatriz Aragón Hernández, quien firmó el aludido recibo de veintiocho de mayo de dos mil dos, relativo a la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), contando siempre con la presencia de Guillermo Prieto Mora, cuyo nombre también aparece en el recibo de mérito pero sin firma de éste; destacando que la negociación se hizo con ambas personas, es decir, con Martha Beatriz Aragón Hernández y Guillermo Prieto Mora. e) Luego, Salvador Esquivel Torres llevó a Guillermo Prieto Mora a la Oficina de Catastro Municipal de Loreto, Zacatecas, para llevar a cabo la titulación respectiva del referido inmueble, donde les hicieron saber que no era posible el trámite solicitado, hasta en tanto fuera desincorporado el citado predio del régimen de fraccionamientos rurales; además, al acudir al Consejo Promotor de la Vivienda Popular, se les informó que el expediente de la colonia de ubicación de dicho lote estaba incompleto, porque el fraccionador Guillermo Prieto Mora y su esposa, no habían cumplido con todos los requisitos legales para fraccionar, entre ellos, exhibido el título de propiedad porque tenía irregularidades, ya que amparaba una superficie distinta a la del plano exhibido; en tal entendido, los denunciados (aquí quejoso y su esposa) debieron iniciar el procedimiento de rectificación de su título ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado. f) En tal sentido, estimaron los denunciantes que la escrituración del inmueble adquirido dependía de que los denunciados hicieran y gestionaran los trámites y requisitos legales inherentes, para lograr la referida desincorporación y titulación a su favor de la superficie por la que pagaron la aludida cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). g) El tres de noviembre de dos mil nueve, Salvador Esquivel Torres cedió los derechos que dijo tener respecto del inmueble materia del acto reclamado a favor de su hijo Ausencio Esquivel Ruiz; además, dichas personas esperaban que en esta fecha ya hubieran sido subsanadas las citadas irregularidades que se mencionaron en el inciso que antecede, pues no tenían evidencia alguna de problemas y sólo esperaban que Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández escrituraran el predio en cuestión a su favor. h) Al tener la posesión de dicho inmueble iniciaron su construcción, empleando como contratistas a Miguel Gaytán Herrada, quien a su vez contrató a Miguel Granados Salas y José Rodríguez Ojeda; se levantaron las cuatro bardas perimetrales, a base de ladrillo, preparadas para sostener techo, se echaron cimientos, castillos y refuerzos; dicha construcción ascendió a la cantidad aproximada de $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). i) El once de febrero de dos mil trece, Ausencio Esquivel Ruiz procedió a limpiar y emparejar el referido inmueble para efectos de continuar con la construcción, y al día siguiente se presentó en ese domicilio una persona que dijo ser abogado de nombre Gregorio Sánchez Jáuregui, informándole que su referido lote y el resto de la propiedad, ya no pertenecían a Martha Beatriz Aragón Hernández, sino a él. j) Fue de esa manera que se enteraron de que el lote en cuestión había cambiado de propietario y se dieron a la tarea de investigar los pormenores del asunto, advirtiendo que Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández llevaron a cabo un contrato de mutuo sin intereses y con garantía hipotecaria, el cinco de octubre de dos mil seis, a favor de Gregorio Sánchez Jáuregui, relativo a la totalidad del terreno que pertenecía a Martha Beatriz Aragón Hernández, así como el diverso que era de su propiedad; dicho acto se llevó a cabo sin su conocimiento. k) En atención a ello, Gregorio Sánchez Jáuregui solicitó a la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas, la autorización para gravar la totalidad del inmueble; destacando que dicha solicitud fue formulada el nueve de octubre de dos mil seis, a nombre de Martha Beatriz Aragón Hernández, la que fue otorgada de conformidad en esa misma fecha. l) Al no cubrir el pago del préstamo hipotecario que obtuvieron los denunciados, Gregorio Sánchez Jáuregui promovió en la ciudad de Aguascalientes, el juicio especial hipotecario 796/2007, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, el cual concluyó por sentencia definitiva donde se ordenó adjudicar la propiedad referida a favor del citado Sánchez Jáuregui. 2. Mediante oficio 1069, el agente del Ministerio Público Número Dos de Loreto, Zacatecas, consignó diligencias de averiguación previa penal con número de expediente 67/I/2013, al Juez de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, instruidas contra Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández, por el delito de fraude específico, cometido en perjuicio de Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz; en las que ejerció acción penal en contra de los señalados en primer término y solicitó la correspondiente orden de aprehensión. 3. Dicha orden de aprehensión se emitió el doce de diciembre de dos mil trece, en los autos de la causa penal 54/2013, del índice del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, contra Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández. 4. Contra el citado mandamiento de captura el aquí quejoso interpuso demanda de amparo indirecto de la que conoció este Juzgado de Distrito y se registró bajo el número 842/2013, juicio que se decidió en sentencia de diecinueve de febrero de dos mil catorce, a través del cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. 5. Inconforme con la anterior sentencia, el quejoso interpuso recurso de revisión, por lo que los integrantes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria de treinta de octubre de dos mil catorce, determinaron conceder el amparo solicitado. 6. En cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez responsable, el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, giró de nueva cuenta orden de aprehensión contra Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández, por el delito de fraude específico, cometido en perjuicio de Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz, la cual se cumplimentó el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, únicamente respecto del primero de los antes nombrados. 7. El cinco de enero de dos mil quince, se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de fraude específico, en agravio de Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz. 8. Contra dicha determinación el quejoso Guillermo Prieto Mora promovió juicio de amparo indirecto del cual le tocó conocer a este Juzgado de Distrito, registrándolo bajo el número 45/2015, en donde mediante resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión de cinco de enero de dos mil quince, que dictó en los autos de la causa penal 54/2013 de su índice; y, con plenitud de jurisdicción, dictara otra resolución en su lugar, misma que podría ser en igual sentido que la aquí reclamada, o bien, en uno diverso, a condición de que si se trata de lo primero, debería purgar los vicios, tanto en el segmento del cuerpo del delito como en la probable responsabilidad, relativos a prescindir de las aseveraciones en que se considera a Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz, sujetos pasivos del delito de fraude específico que se atribuye al ahora inconforme, así como detallar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del delito que se le imputa, atendiendo a los datos que arroje el material probatorio; y hecho lo anterior, resolviera lo que en derecho proceda. 9. En acatamiento a lo anterior, el juez responsable el cuatro de febrero del presente año, emitió de nueva cuenta auto de formal prisión contra el quejoso dentro del proceso penal 54/2013, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, cometido en perjuicio de GREGORIO SÁNCHEZ JAUREGUI. Determinación que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. El juez responsable consideró que el delito de FRAUDE ESPECÍFICO por el que se dictó la resolución reclamada se encuentra previsto y sancionado por los artículos 339, párrafo segundo, fracción IV, en relación con el 340, párrafo primero, fracción II, del Código Penal del Estado de Zacatecas. Los citados preceptos legales disponen lo siguiente: "Artículo 339. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro indebido para sí o para otro. [.] Fracción IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con prisión de tres a doce años y multa hasta de trescientas cuotas". "Artículo 340. Se considerarán casos especiales de defraudación a los que se les aplicarán las mismas penas que señala el artículo anterior: [.] Fracción II. Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente". La autoridad responsable, estableció como elementos corpóreos del delito en mención, los siguientes: "a) Al que a título oneroso hipoteque una cosa. b) Con conocimiento de que no tiene derecho a disponer de ella. c) Sí ha recibido el precio". La autoridad responsable estimó que el cuerpo del delito se acreditaba en forma plena y que había elementos suficientes para demostrar la probable responsabilidad del ahora quejoso en la comisión del ilícito atribuido, con los siguientes medios probatorios: 1. Con la denuncia interpuesta por Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz, en contra de Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández. 2. Con la copia certificada del contrato de mutuo sin intereses y garantía hipotecaria celebrado el cinco de octubre de dos mil seis, por Gregorio Sánchez Jauregui, como acreedor, y Guillermo Primero Mora y Beatriz Aragón Hernández, como deudores, por la cantidad de un millón ochocientos mil pesos, en el que se otorgó como garantía hipotecaria el inmueble propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, consistente en el lote número uno, manzana seis, sección uno, ubicado en la zona de fraccionamientos de San Marcos y Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos, del Municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados. 3. Declaración ministerial de Martha Beatriz Aragón Hernández. 4. Declaración del quejoso Guillermo Prieto Mora. 5. Recibo de veintiocho de mayo de dos mil dos, en el cual se hace constar que Martha B. Aragón Hernández, recibió de Salvador Esquivel Torres, la cantidad de $600,000.00 seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de pago de un lote ubicado en la colonia Esperanza II. 6. Oficio de nueve de octubre de dos mil seis, signado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual se concedió a Martha Beatriz Aragón Hernández autorización para dar en garantía los derechos del bien inmueble ubicado en la manzana 6, sección 1, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados, ubicados en la zona del fraccionamiento de "San Marcos y Bimbaletes" terrenos de la ex hacienda de San Marcos del municipio de Loreto, Zacatecas, a favor de Gregorio Sánchez Jauregui. Elementos de convicción a los que el juez responsable otorgó el valor probatorio precisado en los artículos 273, 274, 277, 278 y 279 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, los que consideró aptos para acreditar que: Guillermo Prieto Mora, el veintiocho de mayo de dos mil dos, celebró contrato de compraventa con Salvador Esquivel Torres, respecto de una fracción de un bien inmueble ubicado en la calle Gregorio Torres Quintero, esquina con calle Jesús Aréchiga, en la colonia Esperanza, segunda fracción, en Loreto, Zacatecas, fracción que cuenta con una superficie de 1,151.46 metros cuadrados; sin embargo, el cinco de octubre de dos mil seis, Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández celebraron contrato de mutuo sin intereses y garantía hipotecaria con Gregorio Sánchez Jauregui, por la cantidad de un millón ochocientos mil pesos, en el que se otorgó como garantía hipotecaria el inmueble propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, consistente en el lote número uno, manzana seis, sección uno, ubicado en la zona de fraccionamientos de San Marcos y Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos, del Municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados; propiedad en donde se encuentra inmersa la superficie de 1,151.46 metros cuadrados, vendida anteriormente a Salvador Esquivel Torres. Debido a que Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández incumplieron dicho contraro, Gregorio Sánchez Jauregui, ante el Juez Tercero de lo Civil de Aguascalientes, Aguascalientes, tramitó el juicio hipotecario registrado con el número 796/2007, donde se adjudicó al actor dicho inmueble. Conducta que la autoridad responsable estimó actualiza el delito de fraude específico previsto en el artículo 340, fracción II, del Código Penal para el Estado de Zacatecas, en perjuicio de Gregorio Sánchez Jauregui, al considerar que el quejoso Guillermo Prieto Mora el cinco de octubre de dos mil seis, hipotecó la totalidad de un bien inmueble que no era de su propiedad virtud al contrato de compraventa celebrado el veintiocho de mayo de dos mil dos con Salvador Esquivel Torres, respecto de una superficie de 1,151.46 metros cuadrados; siendo que Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández, recibieron un millón ciento ochenta mil pesos, del contrato de mutuo con garantía hipotecaria celebrado con Gregorio Sánchez Jauregui. Por lo que contrario a lo que aduce el quejoso en su concepto de violación identificado en el inciso c) en el que manifiesta que el juez responsable, al tener por acreditado el primero de los elementos constitutivos del delito de fraude específico, indicó que la hipoteca del inmueble en cuestión es lo que causa un daño patrimonial lo cual es incorrecto, porque la hipoteca surtió todas sus consecuencias legales, en razón de que el ofendido Gregorio Sánchez Jauregui siguió el correspondiente juicio hipotecario en el cual se adjudicó el inmueble; por ende, no se le ha causado ningún daño patrimonial, dado que el dinero motivo del contrato de mutuo con garantía hipotecaria lo recibió al adjudicarse la totalidad del inmueble. Dicho argumento es infundado, en razón de que la juez responsable al tener por acreditado el primero de los elementos del delito en estudio consistente en que al que a título oneroso hipoteque una cosa; en ningún momento indicó que la hipoteca del inmueble en cuestión es lo que causa un daño patrimonial, sino que tuvo por demostrado que con la hipoteca del bien inmueble ubicado en el lote número uno, manzana seis, sección primera, ubicado en la zona del fraccionamiento de San Marcos y Bambaletes, terrenos expropiados a la Ex Hacienda de San Marcos, del municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de tres mil quinientos dos metros, cincuenta decímetros cuadrados, se acreditaba dicho elemento, consistente en el acto de desposesión patrimonial en su beneficio, a través, en este caso, de la hipoteca. De igual forma, resulta infundado el argumento expuesto por el quejoso, identificado en el inciso d), en el sentido de que tampoco se acredita el segundo de los elementos constitutivos del delito en estudio, ya que el juez responsable aduce que el daño patrimonial se le causó a Salvador Esquivel Torres, al referir que previamente a éste se le vendió una fracción del inmueble, siendo que tal cuestión ya quedó dilucidada en el sentido que quien podría resultar afectado pecuniariamente lo sería Gregorio Sánchez Jauregui, quien tampoco se vio perjudicado, dado que obtuvo el pago de la hipoteca con el inmueble de referencia. Ello es así, por que la juez responsable al tener por acreditado el segundo de los elementos del delito en estudio, consistente en que el sujeto activo tuviere conocimiento de que no tenía derecho a disponer de la cosa, en ningún momento indicó que el daño patrimonial se le causó a Salvador Esquivel Torres, al referir que a éste se le vendió una fracción de inmueble, dado que contrario a lo que aduce el quejoso, al acreditar dicho elemento con las pruebas reseñadas con anterioridad, indicó que el aquí quejoso Guillermo Prieto Mora, tenía pleno conocimiento que no podía disponer de la totalidad del inmueble que hipotecó, pues previamente enajenó una fracción a favor de Salvador Esquível Torres, hecho que fue reconocido por el propio quejoso al rendir su declaración ante la representación social, por lo que debió manifestar tal circunstancia al hipotecar el inmueble propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández lo que no hizo, en razón a que del contrato de hipoteca se advierte que al proporcionar los antecedentes de propiedad, señaló que la propiedad que se da en garantía hipotecaria tiene una superficie de 3,502.50 metros cuadrados, que se encuentra libre de todo gravamen y limitación de dominio, así como que el predio materia de esa escritura no lo tiene prometido en venta; concluyendo que el aquí quejoso tenía pleno conocimiento que el inmueble sobre el cual constituyó hipoteca en favor de Gregorio Sánchez Jáuregui a la fecha en que la llevó a cabo tenía una superficie menor a la precisada en el título de propiedad debido a la enajenación que años antes hizo respecto de una fracción de ese inmueble, ante lo cual, debió precisarlo al celebrar el contrato de hipoteca, lo que no hizo, dado que del citado contrato se advierte que en los antecedentes del inmueble se precisó que la superficie del mismo lo era de tres mil quinientos dos metros, cincuenta decímetros cuadrados, superficie que avala el título primigenio de propiedad del inmueble, por lo que debió manifestar la disminución de la superficie del inmueble dado en garantía hipotecaria, derivado de la venta de una superficie efectuada años atrás. Por tanto, si la porción del terreno adquirida por Salvador Esquivel Torres, se localiza dentro de la superficie que ampara el título de propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, quien, al igual que Guillermo Prieto Mora sabían que no tenían derecho a dar en garantía la totalidad de superficie de terreno que ampara su título de propiedad, no obstante que el inmueble en su superficie total se encontraba libre de gravamen en el Registro Público de la Propiedad, según consta en el certificado número 386718 de siete de febrero de dos mil trece, en un periodo de veinte años; virtud a la compraventa que celebró con Salvador Esquivel Torres; y, aun en el supuesto de que el comprador no había liquidado el total del precio, como bien lo indicó el juez responsable, el aquí quejoso tampoco promovió la rescisión del contrato de compraventa por falta de pago del precio, por tanto, tenía disminuida la propiedad en la superficie vendida, de la cual ya no tenía la posesión, no obstante ello, hipotecó el total de la superficie del terrero que ampara su título de propiedad e incluso en la cláusula quinta del contrato de mutuo, se estableció que no solamente se daba en garantía el terreno, sino también quedaban incluidas las construcciones edificadas en el inmueble. Lo anterior, no obstante el aquí quejoso sabía que no realizó la construcción de la barda perimetral y la dio en garantía, a efecto de recibir a cambio un préstamo de dinero en efectivo por un millón ciento ochenta mil pesos. Y respecto del tercero de los elementos del cuerpo del delito en cuestión, esto es, que se haya recibido el precio, la juez responsable lo tuvo por acreditado con la copia certificada del contrato de mutuo sin intereses y garantía hipotecaria celebrado el cinco de octubre de dos mil seis, por Gregorio Sánchez Jauregui como acreedor y Guillermo Primero Mora y Beatriz Aragón Hernández como deudores, por la cantidad de un millón ciento ochenta mil pesos, en el que se otorgó como garantía hipotecaria el inmueble propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, consistente en el lote número uno, manzana seis, sección uno, ubicado en la zona de fraccionamientos de San Marcos y Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos, del Municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados. Documento al que la juez responsable otorgó pleno valor probatorio en términos del artículo 273, en relación con el 274, del Código de Procedimientos Penales del Estado, del cual advirtió que dicha hipoteca se celebró cuatro años después de que Guillermo Prieto Mora y María Beatriz Aragón Hernández celebraran el contrato de compraventa con Salvador Esquivel Torres respecto de una superficie del predio de su propiedad, siendo que éstos recibieron un millón ciento ochenta mil pesos. Por lo que tuvo por demostrado la existencia del delito de FRAUDE ESPECÍFICO DE CUANTÍA SUPERIOR A QUINIENTAS CUOTAS DE SALARIO MÍNIMO, en perjuicio de Gregorio Sánchez Jáuregui. Entonces, como se vio, el sujeto activo del delito adecuó su conducta al cuerpo del delito de que se trata, al hipotecar una cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella; así, pues de manera dolosa engañó a su víctima, haciéndole creer falsamente que adquirió ciertos derechos reales, cuando en realidad, aquél carece de facultades para transmitirle tales derechos. En otro tenor, respecto a la probable responsabilidad penal de GUILLERMO PRIETO MORA, en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO cometido en perjuicio de Gregorio Sánchez Jáuregui, el juez responsable consideró que sí se encuentra demostrada en el sumario, principalmente con lo siguiente: Con la denuncia interpuesta por Salvador Esquivel Torres y Ausencio Esquivel Ruiz, en contra de Guillermo Prieto Mora y Martha Beatriz Aragón Hernández, en la que se señala que Guillermo Prieto Mora es una de las personas que constituyeron una hipoteca sobre la superficie total de un inmueble respecto del cual anteriormente se enajenó una fracción del mismo. Dado que Guillermo Prieto Mora, el veintiocho de mayo de dos mil dos, realizó contrato de compraventa con Salvador Esquivel Torres respecto de una fracción del bien inmueble ubicado en la calle Gregorio Torres Quintero, esquina con calle Jesús Aréchiga, en la colonia La Esperanza, segunda sección de Loreto, Zacatecas, fracción que cuenta con una superficie de 1151.46 metros cuadrados, la cual el adquirente desde ese momento entró en posesión del inmueble, construyendo las bardas perimetrales del terreno; y que el once de febrero de dos mil trece, el abogado de Gregorio Sánchez Jáuregui, le hizo de su conocimiento que no tenía derecho a realizar obra en el inmueble, debido a que ese terreno no era de su propiedad, dado que Guillermo Prieto Mora lo había dado en hipoteca a Gregorio Sánchez Jáuregui y debido a que los activos no habían cubierto dicho crédito, este último tramitó juicio hipotecario donde se adjudicó el inmueble. Denuncia a la que la Juez de la causa le otorgó valor probatorio, de conformidad con lo establecido por el artículo 277 del Código Procesal Penal vigente en el Estado. Así como con el contenido del título de propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, pues ella sabía que solamente era titular de derechos de un predio regulado por la Ley de Fraccionamientos del Estado, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados y tenía pleno conocimiento de que ella y Guillermo Prieto Mora, ya habían vendido de ese terreno una superficie de 1,151.46 metros cuadrados a Salvador Esquivel Torres y no obstante ello, el cinco de octubre de dos mil seis, celebraron un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, en el que ambos intervinieron con el carácter de acreditados, pues obtuvieron en el registro público de la propiedad el certificado de libertad de gravamen en el que consta que la propiedad no tiene adeudos y no reporta gravámenes en un periodo de veinte años a la fecha de su expedición, hecho que era cierto, empero de antemano ellos sabían que el inmueble ya no era en su totalidad de su propiedad, porque ya habían vendido una parte a Salvador Esquivel Torres; y, si aparecía todavía a su nombre y libre de gravamen era debido a que al estar el inmueble sujeto al régimen de fraccionamientos el trámite para el cambio de propietario era declarar una vacancia del inmueble y adjudicarlo al nuevo comprador, empero, lejos de realizar ese trámite Martha Beatriz Aragón Hernández procedió a obtener una autorización de fraccionamientos rurales para dar en garantía la totalidad del inmueble que amparaba su título de propiedad a Gregorio Sánchez Jáuregui, a quien le ocultó que ya no tenía derecho de disponer del total de la superficie que amparaba su título y contrario a ello, el hecho de que el inmueble de Salvador Esquivel Torres tuviera algunas construcciones, influyó para que el crédito obtenido alcanzara mayor cantidad de dinero que recibió con la obligación de restituirla en seis meses lo que no ocurrió porque los deudores incurrieron en mora de no pagar y por esa razón perdieron la propiedad a favor de Gregorio Sánchez Jáuregui. Con la copia certificada del contrato de mutuo sin intereses y garantía hipotecaria celebrado el cinco de octubre de dos mil seis, por Gregorio Sánchez Jauregui como acreedor y Guillermo Primero Mora y Beatriz Aragón Hernández como deudores, por la cantidad de un millón ciento ochenta mil pesos, en el que se otorgó como garantía hipotecaria el inmueble propiedad de Martha Beatriz Aragón Hernández, consistente en el lote número uno, manzana seis, sección uno, ubicado en la zona de fraccionamientos de San Marcos y Bimbaletes, terrenos expropiados a la ex hacienda de San Marcos, del Municipio de Loreto, Zacatecas, con una superficie de 3,502.50 metros cuadrados; documental a la que la juez de la causa otorgó el valor que estimó pertinente, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código Procesal Penal en vigor. Así como con la propia declaración de Guillermo Prieto Mora, de la que se colige que admitió haber celebrado el contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que intervino en la celebración del mismo y que ese contrato era oneroso porque tenía la obligación de restituir la cantidad que le fue mutuada además de pagar intereses en caso de mora; así como también admite haber recibido la cantidad en que se gravó el inmueble; declaración que la juez responsable valoró en términos del artículo 279 del Código de Procedimientos Penales en el Estado. Concluyendo la Juez responsable, de la siguiente manera: "En efecto, el material probatorio analizado y valorado anteriormente, al ser apreciado en su conjunto, por su armonía lógica, natural y concatenamiento legal como lo dispone el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales, hasta este momento a juicio de la suscrita Juez, tiene valor convictivo pleno para acreditar la probable responsabilidad penal que se atribuye al inculpado GUILLERMO PRIETO MORA en la comisión del delito de FRAUDE ESPECIFICO, pues el propio indiciado se encuentra confeso de la comisión de dicho Ilícito cometido en agravio del patrimonio de GREGORIO SÁNCHEZ JAUREGUI. Confesión de los hechos que guarda armonía, se entrelaza y confirman unas pruebas con las otras para hacer una verdad única pues las pruebas en conjunto confirman la confesión que hace el sujeto activo de haber cometido el delito que se le atribuye, pues circunstancialmente al concatenara (sic) las pruebas recabadas se llega a la conclusión de que todas las pruebas entre sí producen convicción de que el indiciado es probable responsable del delito que se le atribuye". En las narradas circunstancias, cabe decir que, conforme a lo expuesto, la Juez consideró en forma debida el acreditamiento de los elementos del delito que se imputa al promovente del amparo, así como su probable responsabilidad en la comisión del mismo, pues contrariamente a lo que aduce el quejoso, y tal como lo indicó la citada responsable, de los elementos probatorios con que contaba se demuestra la probable responsabilidad penal del quejoso en la comisión del fraude específico, en perjuicio del ofendido Gregorio Sánchez Jáuregui. Lo anteriormente narrado revela que existen indicios suficientes de los que se desprende que en las condiciones dadas a conocer, GUILLERMO PRIETO MORA, probablemente cometió el delito de FRAUDE ESPECÍFICO en agravio de Gregorio Sánchez Jáuregui, en razón a las probanzas que anteceden, de las cuales se puede advertir que el quejoso a título oneroso hipotecó una fracción de un bien inmueble, con conocimiento de que no tenía derecho a disponer de él en su totalidad. Y dado que el artículo 19 de la Constitución Federal indica que únicamente debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la probabilidad del hecho, es inconcuso que la resolución reclamada a través de la cual se dicta contra del aquí quejoso auto de formal prisión contra el quejoso no se violan sus derechos fundamentales, según las razones expuestas en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISION. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado". En las narradas circunstancias, se concluye que el acto reclamado consistente en la resolución de cuatro de febrero de dos mil dieciséis, por la que se dictó el auto de formal prisión contra el quejoso GUILLERMO PRIETO MORA, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en agravio de Gregorio Sánchez Jáuregui, no resulta violatoria de derechos en su perjuicio, al quedar desestimados los conceptos de violación formulados al respecto, ya que además no se advierte deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por tanto, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado y con apoyo además en los diversos artículos 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GUILLERMO PRIETO MORA, contra la autoridad responsable y actos reclamados señalados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada María Soledad Torres Muguiro, hasta el día de hoy veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en que las labores del Juzgado lo permitieron.-
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