Guillermo Prieto Hernández

Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
171/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Prieto Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Intégrese el escrito de la defensora pública designada al aquí quejoso para asesorarlo en el presente juicio, mediante el cual, en desahogo al requerimiento hecho en autos, informa sobre la asesoría brindada al amparista y remite las constancias con las que lo acredita; de lo que únicamente se toma conocimiento, en razón de que por resolución de treinta de marzo del año que trascurre, se sobreseyó en el juicio. Por otra parte, en atención a lo asentado en la notificación personal, córrase traslado al quejoso con el informe justificado. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Agréguese el oficio de Verónica Córdoba Martínez, registrado con el folio 3292; en atención a su contenido, se le tiene protestando y aceptando el nombramiento de defensora pública del aquí quejoso, así como el usuario que proporciona para oír y recibir notificaciones vía electrónica, quedando a su vista el expediente electrónico. Intégrese el oficio de la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO y remite documentales como prueba de su parte, las que conforme con el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de esa misma ley, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Ahora, del contenido íntegro de los autos, se obtiene en lo que interesa que: 1. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el aquí quejoso ... presentó a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, escrito por el cual formuló denuncia por los delitos de desaparición forzada de personas, retención ilegal, secuestro o los que resulten, por hechos que resintió en su esfera personal, cuya comisión atribuye a diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa FTL/TLP-4/T1/01800/12-11 y a otros particulares. 2. El catorce de diciembre siguiente, la denuncia de mérito se turnó a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dándose inicio a la carpeta de investigación CI-FIDCSSP/B/UI-B-1C/D/2632/12/2020, del conocimiento de la Agencia del Ministerio Público Especializada en el Delito de Tortura. 3. El uno de marzo de dos mil veintiuno, ... promovió demanda de amparo materia del presente juicio en contra de la omisión de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México a dar contestación a una promoción elevada a la responsable el Día 8 de DICIEMBRE de 2020. 4. Mediante oficio de ocho de marzo de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público informó a ...que con motivo de su denuncia, se inició la carpeta de investigación CI-FIDCSSP/B/UI-B-1C/D/2632/12/2020; quedando notificado del mismo el diez de marzo siguiente. Visto lo anterior, es válido colegir que el reclamo de ... se resume en la falta de determinación de inicio de la carpeta de investigación respecto de su denuncia de hechos, que por haberla presentado ante la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, se le atribuye a ésta última. Ahora, las garantías previstas en los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; pero los derechos y obligaciones que les derivan son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. El derecho de petición, en el que esencialmente el quejoso basa la materia de su reclamo, regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad frente a las solicitudes del gobernado, con la finalidad de obtener una respuesta; pero de forma específica, los artículos 14 y 17 constitucionales, dependiendo de si se trata de procedimientos jurisdiccionales o administrativos, seguidos en forma de juicio, regulan el actuar de la autoridad ante solicitudes de los particulares que son parte, ya que fue el particular el que, directa o indirectamente, se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. Lo anterior es así, ya que prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción -sí, como una especie del derecho de petición-, propios de la garantía a la jurisdicción, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, página 480, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Trasladado lo anterior al presente caso, se obtiene que el aquí quejoso, al presentar la denuncia de hechos, busca obtener una decisión en la que se resuelva su pretensión, que no es otra más que se inicie la carpeta de investigación y se investiguen las conductas denunciadas. Consecuentemente, la falta de determinación de inicio de la carpeta de investigación respecto de su denuncia de hechos, no puede reclamarse de manera autónoma, esto es, como la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino conforme con sus artículos 14 y 17 que regulan el debido proceso. Y es ese orden que, el juicio de amparo en el que se actúa, resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que obliga a la parte promovente, por regla general, a agotar previamente a su promoción, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse (principio de definitividad). Lo anterior es así, toda vez que el acto del que en concreto se duele la parte quejosa, se reduce a la falta de determinación de inicio de la carpeta de investigación respecto de su denuncia, lo que constituye una omisión por parte del órgano técnico investigador de iniciar y, en su caso, integrar y resolver la indagatoria correspondiente por delitos de desaparición forzada de personas, retención ilegal, secuestro o los que resulten, derivado de hechos que resintió en su esfera personal, es decir, tiene el carácter de víctima u ofendido. Y contra esa omisión del Ministerio Público, en su acepción de institución titular del monopolio del ejercicio de la acción penal, que en el fondo paraliza o suspende la investigación, es improcedente el juicio de amparo, pues acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es impugnable ante el Juez de Control, quien debe señalar una audiencia para resolver en definitiva, citando a la parte recurrente y, en su caso, al imputado. Medio de defensa ordinario por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la omisión aquí combatida. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que se sostienen, las jurisprudencias 1ª./J.28/2018(10a.) y 1ª./J.27/2018(10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, página 943 y 945, de rubros y textos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." En estas condiciones, el aquí quejoso en su carácter víctima u ofendido, no hizo valer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de la falta de determinación de inicio de la carpeta de investigación respecto de su denuncia, lo que se traduce en la omisión por parte del Ministerio Público de emprender su facultad investigadora, previo a la promoción del juicio de amparo (principio de definitividad), por lo que la presente acción constitucional resulta notoriamente improcedente, en la medida que de interponerlo en los plazos que prevé la norma, el Juez de Control podría haber obligado al agente ministerial para que, en su caso, iniciara la investigación de la notitia criminis. Lo anterior, pues no pasa inadvertido que mediante oficio de ocho de marzo de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público informó a ... que con motivo de su denuncia, se inició la carpeta de investigación CI-FIDCSSP/B/UI-B-1C/D/2632/12/2020; quedando notificado del mismo el diez de marzo siguiente, esto es, ya tramitado el presente juicio de amparo. En vía de consecuencia, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de esa misma Ley, debe sobreseerse fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior pues, en caso de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrarla y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expedites en la administración de justicia; por lo que, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. En mérito de lo resuelto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, mediante el cual comunica la imposibilidad que tiene para nombrar al aquí quejoso, un asesor, defensor, representante, asistente jurídico o figura análoga para que lo asista en la tramitación del presente juicio de amparo, pues refiere que el acto que reclama deriva de una petición en la que aquél tiene el carácter de víctima. Al respecto, se acuerda: De la demanda de amparo y del acuse que se anexó, contrario a lo argumentado por el citado Director, no se advierte con claridad que el amparista tenga la calidad de víctima en el contexto de los hechos materia del acto reclamado, pues si bien formula denuncia en contra de diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa FTL/TLP-4/T1/01800/12-11 que se le sigue y de otros particulares, por delitos de desaparición forzada de persona, retención ilegal y secuestro, lo cierto es que no refiere que dichos ilícitos se cometieran en su agravio, para poder establecer de manera inobjetable que tiene el carácter de víctima y no solo de denunciante, como se identifica. Por ende, de momento, lo único cierto es que se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad y promovió el amparo sin aparente asistencia jurídica, por lo que este órgano jurisdiccional de amparo debe requerir a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen. De ahí que, mientras no se tenga certeza de la calidad que guarda el quejoso frente al acto de autoridad que reclama, deben evitarse dilaciones innecesarias, por lo que, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, se requiere al Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México para que, dentro del término veinticuatro horas, le nombre al aquí quejoso, un asesor, defensor, representante, asistente jurídico o figura análoga para que lo asista en la tramitación del presente juicio de amparo; y, tomando en consideración lo extraordinario de la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país derivado de la pandemia virus del COVID-19, dentro del mismo plazo, la persona designada deberá, por escrito, protestar el cargo conferido, debiendo adjuntarse copia de su cédula profesional y, de ser el caso, de la credencial administrativa o constancia administrativa que acredite su adscripción a esa Defensoría. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, de conformidad con el numeral 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que si con posterioridad se establece inobjetablemente que el aquí quejoso tiene el carácter de víctima, se acordará lo conducente. Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  4. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva a ... de conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE.

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