Guillermo Prieto Hernández
Expediente 935/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 935/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2019
Partes del expediente
- Guillermo Prieto Hernández
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense al presente cuaderno de antecedentes el oficio y anexo enviados mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, por el cual remite el proveído de veintiséis de noviembre pasado, dictado en el juicio de amparo 1581/2019 de su orden. En atención al contenido de este último, se advierte que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y que acusa recibo del oficio 18685/2019, por el que se remitió el juicio de amparo 935/2019. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del acuerdo general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con lo que establece el punto vigésimo, fracción I del acuerdo general en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el once de junio de dos mil veinte.
- Principal
Ciudad de México, a veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo, promovida por Guillermo Prieto Hernández, contra acto de la Comisión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número 935/2019 y fórmese expediente. Ahora, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este órgano de control constitucional para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: "COMPETENCIA". En ese sentido, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional estima que no le corresponde el conocimiento del presente asunto, en virtud que el acto reclamado consiste en la resolución de diecinueve de septiembre pasado, emitida en el expediente RR.IP 3088/2019, con número de folio 0113000334419, que se atribuye a la citada comisión. En principio, el artículo 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; ...". Por su parte, el diverso numeral 52, fracción IV, de la ley en cita, dispone: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: . IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; .". En ese contexto, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio que tratándose de conflictos competenciales por razón de la materia, es decir aquellos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales, en virtud de su especialización, para su resolución debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". Asimismo, la tesis sustentada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1773, tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS POR RAZÓN DE MATERIA. SU COMPETENCIA SE DETERMINA CONFORME A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO". Al respecto, para determinar la competencia por razón de materia de un juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual, se puede determinar mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. En el caso, el acto reclamado no es propiamente de hechos que se consideren constitutivos de delito, ni que el mismo derive de un procedimiento penal, sino que se trata de la resolución de diecinueve de septiembre pasado, emitida en el expediente RR.IP 3088/2019, con número de folio 0113000334419, atribuida a una autoridad de naturaleza administrativa. Por tanto, no puede considerarse que dicho acto sea de naturaleza penal, dado que no afecta la libertad personal del quejoso, ni proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación, seguido en su contra, de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que dicho acto es formal y materialmente administrativo, en razón de la autoridad a la que se atribuye y a la naturaleza del mismo, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver el presente juicio de amparo corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con el numeral 52 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 412, tomo XXIX, marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS." En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase este expediente al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Por último, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria citada, notifíquense este proveído y los subsecuentes al quejoso en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, en virtud que lo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, aunado a que no autorizó a persona alguna para tal efecto, en el entendido que de conformidad con el numeral 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de dichas notificaciones.
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