Guillermo Prado Butron
Expediente 685/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 18/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Prado Butron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Guillermo Prado Butrón, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo, glósense los cuadernos incidentales y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de Amparo vigente, queda sin efectos la suspensión concedida. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal, así como el duplicado del incidente de suspensión son destruibles y el original del incidente de suspensión es depurable. Notifíquese.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos y obre como corresponda oficio signado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual el juez responsable rinde su informe con justificación y aclara que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso por el delito de fraude equiparado en agravio de Cynthia Lozano Gutiérrez en la causa penal 9/2016-III, así como que con fecha dieciséis de junio actual, decretó el sobreseimiento en la causa penal de referencia, derivado del perdón legal otorgado a su favor y por ende la cancelación de la orden de reaprehensión librada en su contra, lo que acredita con las constancias que anexa al informe que se provee. Ahora, del contenido del escrito de demanda, de los informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias que anteceden, se advierte que el quejoso Guillermo Prado Butrón, señalo como autoridad responsable, entre otras, al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo; y como acto reclamado, la orden de aprehensión librada en su contra y el cumplimiento de la misma. Por otra parte, la autoridad responsable Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, al rendir su informe justificado (fojas 13 y 14), aceptó la existencia del acto reclamado, pues al efecto señaló que efectivamente se libró orden de reaprehensión dentro de la causa penal número 9/2016-III en su contra como probable responsable en la comisión del delito de fraude equiparado en agravio de Cynthia Lozano Gutiérrez y no orden aprehensión como erróneamente lo señaló el quejoso. Ahora, del oficio de cuenta, el citado Juez informó que el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento en la causa penal 9/2016-III, por perdón de la ofendida en virtud a que fue cubierto el pago por concepto de reparación de daños, ordenando cancelar dicha orden de reaprehensión, como lo acredita con el anexo que adjunta. Constancias que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, tienen el carácter de prueba plena. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causas de improcedencia. En la especie se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de derechos violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia número 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, el acto reclamado por Guillermo Prado Butrón, como ya se dijo es la orden de reaprehensión dictada en su contra y la ejecución de la misma. Sin embargo mediante el oficio de cuenta, el citado Juez informó que el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento en la causa penal 9/2016-III, por perdón de la ofendida en virtud a que fue cubierto el pago por concepto de reparación de daños, ordenando cancelar dicha orden de reaprehensión, como lo acredita con el anexo que adjunta. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual interpuso su demanda de derechos contra el acto reclamado que era la orden de reaprehensión dictada en su contra y la ejecución de la misma, quedó sin efectos ya que la responsable se pronunció al respecto el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ordenando la cancelación de la orden de reaprehensión librada en la causa penal 9/2016-III que por esta vía constitucional reclamada el quejoso; en consecuencia se advierte que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, ello con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (Quinta Época Tomo XCIX, página 2443). Así las cosas, es claro que al quedar cancelada la orden de reaprehensión que es el acto reclamado en el juicio de derechos en que se actúa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de el promovente del amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por ende, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE DERECHOS, promovido por Guillermo Prado Butrón, toda vez que en el caso se incumple con un presupuesto procesal formal del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XIV.1°.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siembre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del veintinueve de junio del año en curso. Finalmente, téngase al Juez Segundo Penal de Pachuca, Hidalgo, participando que con fecha catorce de junio actual, notificó la interposición del juicio de garantías al tercero interesado Agente del Ministerio Público de su adscripción, tal y como lo acredita con el anexo que adjunta, por lo que se tiene por legalmente emplazado al presente juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE DOCE DEL MES Y AÑO EN CURSO, PREVIO AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Pachuca de Soto, Hidalgo, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que surta sus efectos y obre como corresponda oficio signado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual el juez responsable rinde su informe con justificación y aclara que con fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, libró orden de reaprehensión en contra del quejoso por el delito de fraude equiparado en agravio de Cynthia Lozano Gutiérrez en la causa penal 9/2016-III, así como que con fecha dieciséis de junio actual, decretó el sobreseimiento en la causa penal de referencia, derivado del perdón legal otorgado a su favor y por ende la cancelación de la orden de reaprehensión librada en su contra, lo que acredita con las constancias que anexa al informe que se provee. Ahora, del contenido del escrito de demanda, de los informes justificados que rindieron las responsables, así como de las constancias que anteceden, se advierte que el quejoso Guillermo Prado Butrón, señalo como autoridad responsable, entre otras, al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo; y como acto reclamado, la orden de aprehensión librada en su contra y el cumplimiento de la misma. Por otra parte, la autoridad responsable Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, al rendir su informe justificado (fojas 13 y 14), aceptó la existencia del acto reclamado, pues al efecto señaló que efectivamente se libró orden de reaprehensión dentro de la causa penal número 9/2016-III en su contra como probable responsable en la comisión del delito de fraude equiparado en agravio de Cynthia Lozano Gutiérrez y no orden aprehensión como erróneamente lo señaló el quejoso. Ahora, del oficio de cuenta, el citado Juez informó que el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento en la causa penal 9/2016-III, por perdón de la ofendida en virtud a que fue cubierto el pago por concepto de reparación de daños, ordenando cancelar dicha orden de reaprehensión, como lo acredita con el anexo que adjunta. Constancias que con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2, tienen el carácter de prueba plena. Al respecto cobra aplicación la Jurisprudencia 226, publicada en tomo VI, página 153, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Causas de improcedencia. En la especie se actualiza una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de derechos violado. Ilustra esta consideración, la jurisprudencia número 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Ahora bien, el acto reclamado por Guillermo Prado Butrón, como ya se dijo es la orden de reaprehensión dictada en su contra y la ejecución de la misma. Sin embargo mediante el oficio de cuenta, el citado Juez informó que el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, decretó el sobreseimiento en la causa penal 9/2016-III, por perdón de la ofendida en virtud a que fue cubierto el pago por concepto de reparación de daños, ordenando cancelar dicha orden de reaprehensión, como lo acredita con el anexo que adjunta. Lo anterior pone de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, puesto que a la fecha se ha constituido una situación jurídica que definitivamente destruye aquella que dio origen al presente juicio de amparo, pues la finalidad para la cual interpuso su demanda de derechos contra el acto reclamado que era la orden de reaprehensión dictada en su contra y la ejecución de la misma, quedó sin efectos ya que la responsable se pronunció al respecto el día dieciséis de junio de dos mil diecisiete, ordenando la cancelación de la orden de reaprehensión librada en la causa penal 9/2016-III que por esta vía constitucional reclamada el quejoso; en consecuencia se advierte que el acto reclamado dejó de surtir sus efectos, actualizándose de esa manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y por ende el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, ello con apoyo además en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V de la Ley de la Materia. Es aplicable en la especie la tesis invocada en el contenido de la jurisprudencia número 20/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, con fecha diez de octubre del año en curso, (página 70), cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS.- Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". (Quinta Época Tomo XCIX, página 2443). Así las cosas, es claro que al quedar cancelada la orden de reaprehensión que es el acto reclamado en el juicio de derechos en que se actúa, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de el promovente del amparo, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por ende, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE DERECHOS, promovido por Guillermo Prado Butrón, toda vez que en el caso se incumple con un presupuesto procesal formal del procedimiento y hace que este juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XIV.1°.13 K, visible en la página 1235, tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que dice: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siembre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del veintinueve de junio del año en curso. Finalmente, téngase al Juez Segundo Penal de Pachuca, Hidalgo, participando que con fecha catorce de junio actual, notificó la interposición del juicio de garantías al tercero interesado Agente del Ministerio Público de su adscripción, tal y como lo acredita con el anexo que adjunta, por lo que se tiene por legalmente emplazado al presente juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el informe justificado rendido por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública en el Estado. Con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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