Guillermo Ponce Medina
Expediente 281/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guillermo Ponce Medina
- Ayuntamiento del Municipio de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosi
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, a través del cual remite copia certificada del testimonio de la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en los autos del conflicto competencial 30/2021; acúsese el recibo de estilo correspondiente y estése a lo resuelto por el tribunal mediante la resolución de que se trata, en cuyos puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara competente legalmente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Ponce Medina. Notifíquese personalmente." En consecuencia, remítase a la superioridad el acuse de que se trata vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva para ese efecto y dado que no existe trámite alguno pendiente de desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso k), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se precisa que el plazo que deberá transcurrir para proceder a la destrucción de este cuaderno es de tres años; por lo tanto, una vez transcurrido el aludido lapso, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULAS DE EXPEDIENTES. Por tanto, anótese en la carátula que el presente expediente es susceptible de destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de julio de dos mil veintiuno. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los presentes autos para los efectos legales pertinentes el oficio del Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí y este órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado con el número de toca 30/2021. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por el cual acusa recibo del diverso oficio 8876/2021 del índice de este Juzgado, e informa a este Órgano Jurisdiccional que remitió los autos del juicio de amparo número 561/2021, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, para la substanciación del conflicto competencial suscitado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. COMPETENCIA Y REGISTRO. Téngase recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y anexo que al mismo acompaña consistente en los autos del juicio de amparo 561/2021-IV, promovido por Guillermo Ponce Medina a través de sus Apoderados Raúl Castillo Torres y Varinia Hernández Cruz, contra actos del Ayuntamiento Municipal de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí y Tesorero de dicho municipio, toda vez que el citado Juzgado de Distrito el once de junio del año en curso, declaró carecer de competencia legal para conocer del aludido juicio de amparo, declinando dicha competencia a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, atento a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por ende, fórmese el expediente relativo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 281/2021-I-A. Ahora, de la resolución de once de junio de dos mil veintiuno, dictada por la autoridad oficiante, se advierte que ésta declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de que se trata, en la que precisó como actos reclamados al Ayuntamiento de que se trata: Y por lo que ve al Tesorero reclama: Por tanto, considera que corresponde conocer al juzgado federal con sede en esta ciudad, conforme a la primera regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, porque es en el citado municipio donde tiene ejecución el acto reclamado, el cual se encuentra dentro de esta jurisdicción. Empero, respetuosamente, no se comparte el criterio sostenido por el Juez Federal declinante, toda vez que del contenido del numeral referido en el párrafo que antecede, se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante el que se presentó la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda. Ahora, si en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de la Materia, se dispone que tratándose de actos reclamados que no requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente lo será aquel ante quien se presente la demanda; es inconcuso, que en la especie se actualiza dicha hipótesis, en virtud de que el acto señalado como reclamado es una omisión de cumplir voluntariamente con la sentencia firme de veintiuno de mayo de dos mil catorce en los autos del expediente 668/2009/M5, en el inejercicio de las facultades y obligaciones establecidas en diversos dispositivos legales, a fin de proveer lo conducente para integrar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del año de dos mil veinte, y los subsecuentes a fin de dar cumplimiento a las condenas decretadas en dicho laudo; así como las consecuencias de tales actos como la privación económica líquida que padece el quejoso, derivada del laudo pronunciado a su favor; éstos se tratan de actos que por su naturaleza no puede afirmarse tengan una ejecución material, por lo que la regla aplicable es la citada en último lugar, esto es, que será competente para conocer de la demanda de amparo, el juez ante quien se haya presentado la demanda, sin que sea obstáculo que las autoridades que se señalan como responsables sean el Ayuntamiento del Municipio de San Vicente Tancuayalab en San Luis Potosí y su Tesorero, para decidir la competencia, pues debe atenderse a la naturaleza del acto y si éstos admiten ejecución o no, lo anterior aunado a que del análisis integral de la demanda de que se trata, no se advierte indicio alguno de que se hubiese realizado algún acto de ejecución en relación con el acto reclamado. Por tanto, aún y cuando se estime por la autoridad declinante que el acto aquí reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por ser la autoridad responsable el Ayuntamiento del Municipio de San Vicente Tancuayalab en San Luis Potosí y su Tesorero, ello no determina la competencia para conocer del juicio de amparo, luego, si el acto que aquí se impugna, es una omisión, el cual por tratarse de un acto negativo carente de ejecución material actualiza la tercera regla de competencia prevista en el citado dispositivo, que dispone que en dicho supuesto normativo es competente el Juez ante quien se presente la demanda de que se trata, y en el caso que nos ocupa lo es el Juez Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de dos mil catorce, tomo I, materia común, página 500, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." No se desatiende que en el acuerdo en el que el Juez Federal declinó la competencia sostuvo que aunque en el caso se trata en general de actos omisivos, contienen un principio de ejecución que deberá materializarse en la localidad de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí, pues según afirmó mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se les impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte peticionaria de la tutela federal, ya que se dilataría el cumplimiento, sin embargo respetuosamente se precisa que no se comparte dicho argumento pues en este caso los actos reclamados son negativos, pues de tales actos no se advierte el principio de ejecución al que hace referencia, ya que simplemente de los antecedentes narrados por el quejoso se aprecia que las autoridades señaladas como responsables no han dado cumplimiento al laudo que se dictó a su favor. No se inadvierte lo manifestado por la autoridad oficiante en lo atinente que la determinación tomada encuentra apoyo en lo sostenido por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, al resolver los autos del conflicto competencial 19/2020 de su estadística, toda vez que en la aludida resolución se precisó que del estudio integral de la demanda relativa, se advertía que se señalaba como acto reclamado la omisión de proveer una solicitud de prescripción de ejecución de laudo, y en tal procedimiento la parte quejosa se trataba de los demandados en el juicio laboral de origen a quienes ya les habían embargado bienes, y por ende, sí resentían una afectación continua en sus bienes o derechos de su patrimonio, es decir, en aquél asunto la afectación la hicieron descansar por el efecto positivo, es decir, que sí se continuaba con la afectación en sus derechos de propiedad respecto de los bienes que le fueron embargados en el procedimiento. En efecto, de la citada determinación del colegiado se advierten los siguientes argumentos torales: 1. Que examinada la demanda, los antecedentes del acto reclamado y los motivos de disenso esgrimidos, así como la solicitud de suspensión, se advierte que a juicio de ese Colegiado, el acto omisivo impugnado tiene efectos positivos, y por ende, cuenta con un principio de ejecución. 2. Que el reclamo de la parte quejosa en aquél procedimiento versaba en un "no hacer" de la autoridad respecto del algo que eminentemente tendría la obligación de efectuar, esto es, pronunciarse en torno al ocurso a través del cual se planteó la prescripción de la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral 338/2009-M3, del índice de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo a lo manifestado por la parte solicitante del amparo en el escrito de demanda. 3. Que de conformidad con la norma que se plantea el acto reclamado en aquél juicio, éste tiene la naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, pues si bien la quejosa reclamó la omisión de admitir tramitar y resolver la petición de prescripción de ejecución del laudo dentro del juicio laboral 338/2009-M3, mismo que en apariencia es un acto puramente de carácter omisivo, lo cierto es que ese "no hacer" tiene efectos positivos porque mientras las autoridades responsables continúen con la abstención que se le impugna, ineludiblemente provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte peticionaria de la tutela federal, como lo son la seguridad jurídica y de acceso a la justicia, ya que se dilata el dictado de la resolución correspondiente y en consecuencia que continúe la ejecución del laudo. Por lo que concluye que el acto reclamado tiene naturaleza jurídica de un acto omisivo con efectos positivos, lo que implica que conlleva un principio de ejecución, pues de esa manera se materializan los efectos positivos de la omisión apuntada. Dicho en otros términos, tal "no hacer" por parte de las autoridades responsables, provoca que continúe ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa, como son los de seguridad jurídica y acceso a la justicia y, por consiguiente, el no poder disfrutar de los recursos de sus cuentas bancarias (según lo aducido por aquél en su ocurso constitucional). Por lo que determinó que el juez competente para seguir conociendo del juicio el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado, pues como lo estableció el acto reclamado conlleva principio de ejecución. Lo que no ocurre en el presente asunto, pues de autos aparece que en la especie se reclama un acto meramente omisivo que no requiere ejecución material como el propio quejoso lo refiere, referente a la omisión de ejecutar el laudo y hacer los actos tendientes para hacer cumplir con el mismo, por tanto es un acto meramente negativo que no tiene efectos positivos. En mérito de lo expuesto, se precisa, respetuosamente, que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, no comparte el criterio del juez federal y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no acepta la competencia que se plantea para conocer del juicio 561/2021-IV, promovido por Guillermo Ponce Medina a través de sus Apoderados Raúl Castillo Torres y Varinia Hernández Cruz, contra actos del Ayuntamiento Municipal de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí y Tesorero de dicho municipio. Mediante oficio que al respecto se gire, hágase esta circunstancia del conocimiento del Juez Federal declinante, adjuntándole los autos del mencionado juicio, previa copia certificada que se obtenga y formación del cuaderno de antecedentes relativo, solicitando el acuse de recibo respectivo. AUTORIZADOS. En otro contexto, se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas mencionados en su demanda en la forma en que fueron propuestos. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA. Como lo solicita la parte quejosa, autorícese el acceso para la consulta del expediente electrónico, así como para recibir notificaciones del juicio que nos ocupa a través de los usuarios "litzacas" y "RaulCastillo", de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que el directamente quejoso se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que la persona autorizada consulte el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de la Secretaria Rosalba Izaguirre Arellano, que autoriza y da fe.
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