Guillermo Pérez Sánchez

Expediente 237/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
237/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Pérez Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Como se advierte de la certificación que antecede, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara con el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, e hiciera valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo haya hecho, en consecuencia, se declara firme conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que ve al presente sumario, este será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, ya que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 2381/2018 signado por el juez y la secretaria de acuerdos adscritos al Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado y anexan un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogado dada su propia y especial naturaleza. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, así como el contenido del informe justificado rendido por las citadas autoridades y el legajo certificado que allegaron, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el cual dirigió a los autos del juicio civil sumario 1443/2004, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Ahora bien, de las constancias que acompañaron las autoridades responsables se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que acreditaron haber proveído el ocurso de que se trata mediante acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, determinación que fue notificada de manera personal a las partes. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho por parte del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada el día de hoy a las nueve horas con diecinueve minutos.

  3. Principal

    Scitatorio. por este medio de lista se notifica al quejoso el auto que dice: Zapopan, Jalisco, cuatro de abril de dos mil dieciocho. I. Autoridades responsables rinden informe justificado. Téngase por recibido el oficio 2381/2018 signado por el juez y la secretaria de acuerdos adscritos al Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado y anexan un legajo certificado para acreditar su dicho, el cual, con fundamento en los numerales 119 y 123 de la ley en cita, se admite y se tiene por desahogado dada su propia y especial naturaleza. II. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, así como el contenido del informe justificado rendido por las citadas autoridades y el legajo certificado que allegaron, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la omisión de proveer el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil dieciocho, el cual dirigió a los autos del juicio civil sumario 1443/2004, del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Ahora bien, de las constancias que acompañaron las autoridades responsables se advierte que han cesado los efectos de tal acto reclamado, dado que acreditaron haber proveído el ocurso de que se trata mediante acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, determinación que fue notificada de manera personal a las partes. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la omisión de que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del auto de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho por parte del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada el día de hoy a las nueve horas con diecinueve minutos. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, ante Mónica Alejandra Vargas Domínguez, secretaria que autoriza y da

  4. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otra autoridad. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 237/2018. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite la demanda de garantías, contra actos del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por la omisión de pronunciarse sobre el escrito presentado por el quejoso el catorce de febrero del año en curso, dirigido al expediente 1443/2004 de su índice, en el que interpuso incidente de cesación de pensión alimenticia, pues con el lapso de tiempo que ha transcurrido desde su presentación, hasta la fecha, se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, como el momento en que se llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 115 de la citada ley. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Eduardo Manjarrez Jiménez, Arturo Muñoz Franco y Efraín Muñoz Franco, al contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Miguel Ángel Vargas Mendoza y Francisco Torne Tejeda, por no existir registro de su cédula en dicho sistema. 2. Autoridades responsables: a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se les requiere para que en el plazo de quince días rindan su informe con justificación, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbaseles que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se les requiere para que en caso de que se acuerde el escrito presentado por el quejoso el catorce de febrero de dos mil dieciocho, dirigido al expediente 1443/2004 de su índice, en el que interpuso incidente de cesación de pensión alimenticia, remita copia certificada del auto que recaiga y de su notificación; asimismo, se les requiere para que en el supuesto de que tengan conocimiento o con su conducta provoquen la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. c. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se les requiere para que remitan en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlos, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente juicio de garantías, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisas en informar las causas legales o materiales que se los impidan, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. Cabe precisar que el valor de las multas en Unidades de Medida y Actualización, resulta procedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 3. No ha lugar a llamar a terceros interesados. Este juzgador considera innecesario llevar a cabo el emplazamiento de los terceros interesados, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 17 Constitucionales que imponen la obligación de resolver los juicios de manera pronta y expedita, y en el caso que nos ocupa en el caso hipotético de llamar a terceros interesados al presente amparo y que no pudieran ser localizados sólo interrumpiría el procedimiento; además, el acto reclamado en el presente juicio de amparo se hace consistir en una omisión, de ahí que se considera que no se advierte derecho humano alguno de los terceros interesados señalados por la parte quejosa, es decir, no se les causará una afectación directa e inmediata a tales derechos, pues aún con el dictado de una sentencia concesoria de amparo, su efecto sólo incidiría exclusivamente en la autoridad responsable, a fin de que realice determinados actos procesales con el objeto de agilizar el trámite del juicio natural y el dictado del auto respectivo, menos se propiciaría afectación alguna de llegarse a sobreseer en el juicio o negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo que los derechos de los referidos terceros interesados quedarían incólumes. , sino que se atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando una prolongación en el trámite de investigación de las citadas partes y, en su caso, el retardado llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, afecta esos derechos que se pretende garantizar. determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa" Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. VI. Incidente de suspensión. Al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio, como en el presente caso que se refiere a la admisión de la demanda. Se apercibe a la parte promovente que en el supuesto de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulte inexistente o de denominación incorrecta, ello implicará que se deje de tener con tal carácter para los efectos de este juicio de garantías y, por consiguiente, se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad, puesto que es obligación de la promovente proporcionar a este juzgado federal el nombre correcto de la autoridad a quien le imputa el acto del que se duele, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la ley en mención, sin que la suplencia de la queja a que alude el dispositivo 79 del mismo cuerpo legal, faculte a este juzgador cambiar los sujetos de la relación procesal que necesariamente debe fijarla la quejosa; sin perjuicio de que la quejosa señale posteriormente, la denominación correcta de la autoridad que se sitúe en dicha hipótesis, ya que en ese supuesto se procederá a su emplazamiento. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.

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