Guillermo Pérez Chávez
Expediente 277/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Guillermo Pérez Chávez
- GUILLERMO PÉREZ CHÁVEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, sin que a le fecha hubiere hecho manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, además, este Juzgado estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que para la resolución de los juicios de amparo indirecto el legislador previó la posibilidad que durante la sustanciación de los mismos pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto transcrito, se advierte que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso artículo 113 del ordenamiento legal en cita. En efecto, de conformidad con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito se encuentra en posibilidad de determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que sea posible decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. (Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aun fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386). Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991). Precisado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, debe sobreseerse fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia; debido a que han cesado los efectos de la abstención reclamada. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo solicitado; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. Conviene precisar que, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que lo revoca o sustituye, sino únicamente determinar los efectos que genera, ya que de efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, que llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio por el acto motivo de la revocación o sustitución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así, es necesario recordar que en el presente asunto, la parte quejosa sustancialmente reclama la omisión de incluir al grupo etario al que pertenece la menor quejosa de iniciales M.p.R., en la "Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México"; y en consecuencia, la abstención de aplicarle las dosis de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 (Covid-19). En ese orden de ideas, se impone destacar que a nivel nacional se ha realizado la vacunación contra el referido virus por etapas y, a la fecha en que se resuelve, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que a partir del día veintiocho de abril del año en curso, se abrió el registro para vacunar contra Covid-19 a niños de doce años en adelante, sin comorbilidades (grupo etario en el que se ubica la menor quejosa); lo cual, se corrobora al consultar la página oficial de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, perteneciente al Gobierno Federal, como se advierte de la siguiente reproducción digital. Circunstancia que se corrobora, además, con el contenido de la diversa página electrónica oficial https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/registro-de-vacunacion-para-menores-de-12-y-13-anos/ de la cual se advierte que en la Ciudad de México, se invitó a las madres y padres de familia a registrar a los menores de 12 y 13 años en la página mivacuna.salud.gob.mx para que reciban la vacuna. Además, que se estima inocular a 246 mil niñas y niños de estas edades; y, que en los próximos días se darán a conocer las fechas y sedes para que reciban el biológico. Asimismo, en la dirección electrónica https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=33378#:~:text=Share-,Del%20jueves%2019%20al%20s%C3%A1bado%2021%20de%20mayo%20y%20del,de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico, se advierte el mensaje "Calendario de vacunación contra COVID-19 para menores de 12,13 y 14 años de CDMX. Del jueves 19 al sábado 21 de mayo y del lunes 23 al viernes 27 de mayo se vacunará contra COVID-19 a los menores de este grupo que radiquen en la Ciudad de México" y en lo conducente señala: Por lo que, bajo esas circunstancias, quienes se ubiquen en ese rango etario se encuentran en posibilidad acceder a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, en sus dos dosis, previo registro. Máxime que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recientemente dio a conocer las "Vacunas autorizadas para uso de emergencia y sus principales características.", en donde se incluyó a menores de 12 a 17 años, así como para el grupo etario de 5 a 11 años; como se desprende del contenido de la página de internet https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizadas, que en lo conducente señala: Aunado a lo anterior, se impone destacar que de una consulta realizada en la dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, al ingresar la Clave Única de Registro de Población del menor quejoso, se advierte que fue registrado el tres de mayo de dos mil veintidós, como se advierte de la digitalización que a continuación se inserta. Lo que se tiene a la vista como hecho notorio, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el criterio de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Asimismo, es de citarse la tesis V.3o.10 C sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1306, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con el número 186,243, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Luego, si conforme al acta de nacimiento presentada en juicio, valorada de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la menor quejosa a la fecha en que se emite la presente determinación, tiene doce años de edad, es indudable que su representación está en posibilidad de obtener su registro y acudir a las sedes autorizadas para que los menores sean inoculados. En ese sentido, aun cuando subsista la posibilidad que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad, sino a la voluntad del gobernado al haber sido habilitado el registro para recibir la vacuna que pretende; por lo que, en todo caso, la parte inconforme está en libertad de registrar a la menor quejosa (como ya lo hizo) y presentarla, bajo su estricta responsabilidad, para recibir la vacuna que ya se está aplicando a la población de doce años en adelante. En esas condiciones, es válido señalar que la improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, cuando sea de carácter negativo. En ese orden de ideas, se reitera que en el caso concreto ya cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó extinguida, pues la omisión de considerar al grupo etario al que pertenece la menor quejosa en el Plan Nacional de Vacunación, ha sido sustituida por el actuar de las responsables al habilitar el registro correspondiente a efecto de inocular a lo menores de doce a diecisiete años de edad; de manera que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión que se combate, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo en contra de la actuación originalmente reclamada. En relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba prevista a las trece horas con veinticinco minutos del siete de julio de dos mil veintidós, sin que haya necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional fijada en este asunto, dado que, como se expuso previamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo, pues a ningún fin práctico conduciría su desahogo por los motivos previamente expuestos. Se impone señalar que el sobreseimiento decretado en el presente juicio no implica una negación al derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el estudio de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo es de estudio preferente y debe realizarse previo a cualquier pronunciamiento de fondo, sin que sea obligación del juzgador satisfacer las pretensiones del promovente, pues este debe realizar sus determinaciones con fundamento en la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 921, tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al Fiscal Ejecutivo adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
EN ESTA FECHA SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL ESTABLECE: Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que para la resolución de los juicios de amparo indirecto el legislador previó la posibilidad que durante la sustanciación de los mismos pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma Norma, que a la letra establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. [.] Del precepto transcrito, se advierte que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso artículo 113 del ordenamiento legal en cita. En efecto, de conformidad con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito se encuentra en posibilidad de determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que sea posible decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro expresamente impone: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. (Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse del contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos sobreviene un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aun fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta ese momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386). Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, que a la letra expresa: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". (Registro: 173878, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: II.2o.P. J/23, Página: 991). Precisado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de constancias que integran el sumario constitucional en que se actúa, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, debe sobreseerse fuera de audiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia; debido a que han cesado los efectos de la abstención reclamada. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, tal y como si se hubiera otorgado el amparo solicitado; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna. Conviene precisar que, para verificar si se actualiza el motivo de improcedencia en comento, no se requiere analizar la legalidad del diverso acto que lo revoca o sustituye, sino únicamente determinar los efectos que genera, ya que de efectuar tal estudio implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, que llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio por el acto motivo de la revocación o sustitución. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así, es necesario recordar que en el presente asunto, la parte quejosa sustancialmente reclama la omisión de incluir al grupo etario al que pertenece la menor quejosa de iniciales M.p.R., en la "Política Nacional Rectora de Vacunación contra el Virus SARS-CoV2, para la prevención de la COVID-19 en México"; y en consecuencia, la abstención de aplicarle las dosis de la vacuna contra el virus Sars-Cov-2 (Covid-19). En ese orden de ideas, se impone destacar que a nivel nacional se ha realizado la vacunación contra el referido virus por etapas y, a la fecha en que se resuelve, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud anunció que a partir del día veintiocho de abril del año en curso, se abrió el registro para vacunar contra Covid-19 a niños de doce años en adelante, sin comorbilidades (grupo etario en el que se ubica la menor quejosa); lo cual, se corrobora al consultar la página oficial de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, perteneciente al Gobierno Federal, como se advierte de la siguiente reproducción digital. Circunstancia que se corrobora, además, con el contenido de la diversa página electrónica oficial https://gobierno.cdmx.gob.mx/noticias/registro-de-vacunacion-para-menores-de-12-y-13-anos/ de la cual se advierte que en la Ciudad de México, se invitó a las madres y padres de familia a registrar a los menores de 12 y 13 años en la página mivacuna.salud.gob.mx para que reciban la vacuna. Además, que se estima inocular a 246 mil niñas y niños de estas edades; y, que en los próximos días se darán a conocer las fechas y sedes para que reciban el biológico. Asimismo, en la dirección electrónica https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=33378#:~:text=Share-,Del%20jueves%2019%20al%20s%C3%A1bado%2021%20de%20mayo%20y%20del,de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico, se advierte el mensaje "Calendario de vacunación contra COVID-19 para menores de 12,13 y 14 años de CDMX. Del jueves 19 al sábado 21 de mayo y del lunes 23 al viernes 27 de mayo se vacunará contra COVID-19 a los menores de este grupo que radiquen en la Ciudad de México" y en lo conducente señala: Por lo que, bajo esas circunstancias, quienes se ubiquen en ese rango etario se encuentran en posibilidad acceder a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, en sus dos dosis, previo registro. Máxime que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recientemente dio a conocer las "Vacunas autorizadas para uso de emergencia y sus principales características.", en donde se incluyó a menores de 12 a 17 años, así como para el grupo etario de 5 a 11 años; como se desprende del contenido de la página de internet https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/vacunas-covid-19-autorizadas, que en lo conducente señala: Aunado a lo anterior, se impone destacar que de una consulta realizada en la dirección electrónica https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, al ingresar la Clave Única de Registro de Población del menor quejoso, se advierte que fue registrado el tres de mayo de dos mil veintidós, como se advierte de la digitalización que a continuación se inserta. Lo que se tiene a la vista como hecho notorio, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el criterio de rubro: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL". Asimismo, es de citarse la tesis V.3o.10 C sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1306, tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con el número 186,243, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: "Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia."; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra "internet", que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo." Luego, si conforme al acta de nacimiento presentada en juicio, valorada de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que la menor quejosa a la fecha en que se emite la presente determinación, tiene doce años de edad, es indudable que su representación está en posibilidad de obtener su registro y acudir a las sedes autorizadas para que los menores sean inoculados. En ese sentido, aun cuando subsista la posibilidad que no le haya sido aplicada materialmente la vacuna correspondiente a la parte quejosa, ese aspecto no resultaría atribuible a las autoridades responsables, pues el acceso efectivo ya no se encuentra condicionado al actuar de la autoridad, sino a la voluntad del gobernado al haber sido habilitado el registro para recibir la vacuna que pretende; por lo que, en todo caso, la parte inconforme está en libertad de registrar a la menor quejosa (como ya lo hizo) y presentarla, bajo su estricta responsabilidad, para recibir la vacuna que ya se está aplicando a la población de doce años en adelante. En esas condiciones, es válido señalar que la improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es precisamente el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija, cuando sea de carácter negativo. En ese orden de ideas, se reitera que en el caso concreto ya cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que la situación jurídica y de hecho que dio origen al presente juicio de amparo quedó extinguida, pues la omisión de considerar al grupo etario al que pertenece la menor quejosa en el Plan Nacional de Vacunación, ha sido sustituida por el actuar de las responsables al habilitar el registro correspondiente a efecto de inocular a lo menores de doce a diecisiete años de edad; de manera que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de la omisión que se combate, debido a que ya se alcanzaron los beneficios prácticos que podría reportar la concesión del amparo en contra de la actuación originalmente reclamada. En relatadas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se encontraba prevista a las trece horas con veinticinco minutos del siete de julio de dos mil veintidós, sin que haya necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional fijada en este asunto, dado que, como se expuso previamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo, pues a ningún fin práctico conduciría su desahogo por los motivos previamente expuestos. Se impone señalar que el sobreseimiento decretado en el presente juicio no implica una negación al derecho de acceso a la justicia, en virtud de que el estudio de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo es de estudio preferente y debe realizarse previo a cualquier pronunciamiento de fondo, sin que sea obligación del juzgador satisfacer las pretensiones del promovente, pues este debe realizar sus determinaciones con fundamento en la ley de la materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, página 921, tomo XXIV, julio de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias que integran el presente juicio. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Amparo de conformidad con el numeral 2°, expídase copia certificada de las copias que solicita. Asimismo, dado el volumen de las constancias, se ordena remitir el mismo al centro de fotocopiado a fin de que se reproduzcan las constancias solicitadas y una vez que hayan sido expedidas las mismas y debidamente integradas le serán remitidas a la brevedad mediante atento oficio. Notifíquese.
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