Guillermo Pedro Barrera Escobedo
Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/04/2019
Partes del expediente
- Guillermo Pedro Barrera Escobedo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, ocho de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos los informes justificados de la autoridades responsables Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, por los cuales remiten copia certificada del emplazamiento realizado a ***********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, parte demandada en el juicio laboral ***********, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada en el expediente laboral ***********. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)": El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada dentro del expediente laboral ***********. Ahora bien, en los informes justificados de cuenta, las autoridades responsables anexaron el emplazamiento realizado a ***********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, con residencia en esta ciudad, parte demandada en el expediente laboral ***********, de su índice, de diecinueve de marzo del año en curso. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada dentro del expediente laboral ***********, ha cesado en sus efectos, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto omisivo tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto omisivo no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Lo cual se corrobora al considerar que los efectos de una eventual concesión de amparo deberían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los informes justificados y constancias remitidas por las autoridades responsables, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los mismos y sus constancias que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Honor y de Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio en esta ciudad, residente en esta ciudad, no ha dado cumplimento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Ahora bien, cabe precisar que en dicha ejecutoria, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "OCTAVO. CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 77de la Ley de Amparo, una vez que cause ejecutoria esta sentencia o sea confirmada por un tribunal superior, el Pleno de la Comisión de Honor y de Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en esta ciudad, deberá: 1. Dejar sin efectos la resolución de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el procedimiento disciplinario *******, instruido en contra del quejoso, mediante la cual se decretó su separación definitiva del cargo de policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 2. Al no proceder la reinstalación por restricción constitucional, realice el pago de la indemnización correspondiente, que comprende como mínimo tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, salvo que la normatividad local establezca un monto mayor, y demás prestaciones a que tenga derecho, tales como remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso por la prestación de sus servicios (a manera enunciativa vacaciones, prima vacacional y aguinaldo), desde que se decretó su separación (a partir del veinte de febrero de dos mil dieciocho) y hasta que se realice el pago correspondiente. 3. Realicen la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada". Ahora, no se advierte que la autoridad responsable haya realizado el pago de la indemnización correspondiente que comprende como mínimo tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, salvo que la normatividad local establezca un monto mayor, y demás prestaciones a que tenga derecho, tales como remuneración diaria ordinaria, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso por la prestación de sus servicios (a manera enunciativa vacaciones, prima vacacional y aguinaldo), desde que se decretó su separación (a partir del veinte de febrero de dos mil dieciocho) y hasta que se realice el pago correspondiente. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO Con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciba el oficio que al efecto se envíe, proceda a dar cumplimiento en su totalidad al fallo protector y tome la medidas necesarias que tenga a su alcance y remita copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a lo precisado en el punto dos, de la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dos de enero del año en curso (fojas 284-285), esto es, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, esto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia y remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materia correspondiente del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente. Notifíquese.
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