Guillermo Palma Salazar
Expediente 420/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Palma Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiocho de agosto al veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a sus informes justificados, devuélvanseles los anexos I y II, y requiéraseles para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito presentada ante esta autoridad el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 255 a 258); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 162 a 193), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "Décimo. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada la irregularidad advertida en la resolución reclamada; lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: ° Deje insubsistente la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el toca de apelación número ********************de su índice; y, con libertad de jurisdicción, dicte la determinación que en derecho proceda, en la que deberá de resolver el problema jurídico de fondo, esto es, revisar, con base en los agravios formulados por la parte recurrente y las constancias que obran en autos, si la decisión del juez de primera instancia está ajustada a derecho en la acreditación del cuerpo del delito, la plena responsabilidad de la comisión del delito y el pronunciamiento de las penas. En el entendido de que no se podrá invocar de oficio alguna violación al procedimiento que amerite su reposición. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Resolución que en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 224 a 226). Así, por oficio 1220-B de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 235 a 250), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en el toca penal ********************de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó una nueva determinación, en la que resolvió el problema jurídico de fondo, esto es, revisó, con base en los agravios formulados por la parte recurrente y las constancias que obran en autos, la decisión del juez de primera instancia respecto de los delitos imputados al quejoso, resolviendo declarar extinguida la acción persecutoria respecto del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, en agravio de Carlos Manuel Alonso Barajas, del Gobierno del Estado de Puebla, y de quien resulte ser el legítimo propietario de la caseta de revistas ubicada en avenida cuatro Poniente, esquina con calle tres Norte de la ciudad de Puebla. Asimismo, procedió a dictar sentencia condenatoria en contra del quejoso respecto del delito de LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por el artículo 305, en relación con los diversos 83 y 87, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Mirna Angélica Pérez Campos, condenándolo a sufrir una pena privativa de libertad de dos meses, así como al pago de la reparación del daño moral por el monto que resulte del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en la época de los hechos a favor de dicha agraviada. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 255 a 257), mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de ocho de agosto del mismo año, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues la Sala responsable debió estudiar la figura jurídica de concurso de delitos que refiere se actualiza en el caso al imputársele el delito de lesiones y daño en propiedad ajena. Agrega que, desde que obtuvo su libertad personal ha firmado el libro de control de procesados que se encuentran en libertad provisional, lo cual le ha generado gastos económicos y personales que afectan su tranquilidad y ánimo, por lo que dicha afectación ha superado la pena impuesta. Alega que es ilegal que la Sala responsable haya dejado a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal correspondiente, respecto del agravio de su asesor jurídico de la objeción de la indolencia de los juzgadores en el procedimiento de la causa penal que se le instruyó, ya que la misma ley expone la tramitación y mecanismos por los cuales deberá sancionarse. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido anteriormente, la Sala responsable sí da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; aunado a que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió la Sala responsable, y dichas manifestaciones de la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de ocho de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito presentada ante esta autoridad el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 255 a 258); por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecisiete (fojas 162 a 193), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, realizara lo siguiente: "Décimo. Efectos del amparo. En las relatadas condiciones, dada la irregularidad advertida en la resolución reclamada; lo que procede es otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************; y en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción V, y 77 de la Ley de Amparo, a efecto de asegurar el estricto cumplimiento de este fallo y el respeto al derecho violado, se precisa que la citada concesión es para el efecto de que la autoridad responsable 1. Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: ° Deje insubsistente la resolución dictada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el toca de apelación número ********************de su índice; y, con libertad de jurisdicción, dicte la determinación que en derecho proceda, en la que deberá de resolver el problema jurídico de fondo, esto es, revisar, con base en los agravios formulados por la parte recurrente y las constancias que obran en autos, si la decisión del juez de primera instancia está ajustada a derecho en la acreditación del cuerpo del delito, la plena responsabilidad de la comisión del delito y el pronunciamiento de las penas. En el entendido de que no se podrá invocar de oficio alguna violación al procedimiento que amerite su reposición. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida." Resolución que en proveído de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, causó ejecutoria por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 224 a 226). Así, por oficio 1220-B de cuatro de agosto de dos mil diecisiete (fojas 235 a 250), la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución dictada en esa misma fecha en el toca penal ********************de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, dictó una nueva determinación, en la que resolvió el problema jurídico de fondo, esto es, revisó, con base en los agravios formulados por la parte recurrente y las constancias que obran en autos, la decisión del juez de primera instancia respecto de los delitos imputados al quejoso, resolviendo declarar extinguida la acción persecutoria respecto del delito de DAÑO EN PROPIEDAD AJENA A TÍTULO DE CULPA, en agravio de Carlos Manuel Alonso Barajas, del Gobierno del Estado de Puebla, y de quien resulte ser el legítimo propietario de la caseta de revistas ubicada en avenida cuatro Poniente, esquina con calle tres Norte de la ciudad de Puebla. Asimismo, procedió a dictar sentencia condenatoria en contra del quejoso respecto del delito de LESIONES A TÍTULO DE CULPA, previsto y sancionado por el artículo 305, en relación con los diversos 83 y 87, fracción I, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, en agravio de Mirna Angélica Pérez Campos, condenándolo a sufrir una pena privativa de libertad de dos meses, así como al pago de la reparación del daño moral por el monto que resulte del equivalente de cien días de salario mínimo vigente en la época de los hechos a favor de dicha agraviada. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, respecto del escrito del quejoso presentado ante esta autoridad el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (fojas 255 a 257), mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de ocho de agosto del mismo año, en el sentido de que refiere que la ejecutoria de amparo no está cumplida, pues la Sala responsable debió estudiar la figura jurídica de concurso de delitos que refiere se actualiza en el caso al imputársele el delito de lesiones y daño en propiedad ajena. Agrega que, desde que obtuvo su libertad personal ha firmado el libro de control de procesados que se encuentran en libertad provisional, lo cual le ha generado gastos económicos y personales que afectan su tranquilidad y ánimo, por lo que dicha afectación ha superado la pena impuesta. Alega que es ilegal que la Sala responsable haya dejado a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía legal correspondiente, respecto del agravio de su asesor jurídico de la objeción de la indolencia de los juzgadores en el procedimiento de la causa penal que se le instruyó, ya que la misma ley expone la tramitación y mecanismos por los cuales deberá sancionarse. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como quedó establecido anteriormente, la Sala responsable sí da cumplimiento a la ejecutoria de amparo; aunado a que, en la sentencia ejecutoriada se concedió la protección constitucional por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió la Sala responsable, y dichas manifestaciones de la parte quejosa se refieren a cuestiones de fondo de la nueva determinación emitida por la autoridad responsable, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Guillermo Palma Salazar; visto su contenido, téngasele por hechas sus manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria del presente juicio de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, las cuales se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno.
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