Guillermo Pacheco Lorenzo
Expediente 592/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Pacheco Lorenzo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese para que surta los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, por el que acusa recibo del diverso con el que se remitió el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo indirecto, así como del DVD que remitió como justificación a su informe el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese al presente cuaderno de antecedentes para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio del secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, del que se advierte acusa recibo del diverso con el que se remitieron los autos originales del presente juicio de amparo indirecto; e informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, y se avocó al conocimiento del mismo; radicándolo con el número 402/2022, de su índice. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, así como el auto de seis de junio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE), para que habilite los permisos concernientes a la vinculación del presente asunto de manera permanente, en relación con el aludido juicio del índice de la oficiante en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Asimismo, toda vez que por auto de seis de junio de este año, se reservó el envío de los cuadernos incidentales, hasta en tanto se aceptara la competencia declinada, lo que en el caso ya acontece; por tanto, se ordena remitir los mismos al juzgado de referencia, debiendo formar cuaderno de antecedentes respectivo. --------------------Informes. Vista la cuenta que antecede, agréguense a los presentes autos los oficios del comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones adscrito a la Comandancia Local de Puerto Escondido, Región Costa y comandante General de la Región Costa, mediante los cuales rinden de manera respectiva su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con ellos al momento de celebrar la audiencia constitucional. Incompetencia por razón de territorio. Toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, se debe considerar si en el caso, este órgano jurisdiccional debe seguir conociendo del presente caso, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Cabe precisar que en la demanda de amparo, se precisó que el acto reclamado tendría ejecución en la localidad de Tomatal, perteneciente a Santa María Colotepec, Pochutla. Al respecto, este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, considera que no es legalmente competente por razón de territorio, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados precisados en la demanda de amparo, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 48, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia [...]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." Al respecto, existen los criterios -los cuales no contravienen a lo dispuesto en la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo sexto transitorio de dicha normatividad- la jurisprudencia criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, tomo informe 1972, parte II, séptima época, del tenor siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distritoen cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Así como la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, séptima parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época, que reza: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". La intelección de los normativos y criterios apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia a los Juzgados de Distrito: a) La primera regla está contenida en el primer párrafo del señalado numeral 37 de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto, es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclamó la orden de aprehensión y/o comparecencia, la cual, según lo narrado en la demanda, pretendió ejecutarse en el centro de trabajo del quejoso, el cual se localiza en Tomatal, perteneciente a Santa María Colotepec, Pochutla. Como se ve, en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque dicho acto, dada su naturaleza, se ejecutará por parte de las autoridades responsables en la comunidad antes citada. Ahora bien, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dispone en su punto CUARTO, fracción XIII, lo siguiente: "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo anterior, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo contra actos que tengan ejecución en Santa María Colotepec. Decisión. Por tal motivo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, resulta legalmente incompetente para seguir conociendo de este juicio de derechos fundamentales; en consecuencia, se declina competencia, por razón 01/05/24 22:12:08 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.29.d8 IVAN HUMBERTO PANTOJA ARREDONDO de territorio, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. No se inadvierte que el quejoso Guillermo Pacheco Lorenzo y otros seis, promovieron diverso juicio de amparo contra la orden de aprehensión y/o presentación y su ejecución, dictada el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la causa penal 483/2019, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, el cual fue radicado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con el número de expediente 66/2020, mismo acto reclamado en el presente juicio de garantías, según se advierte del informe justificado rendido por el Juzgado referido. Sin embargo, la Oficina de Correspondencia de Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, será quien deberá turnar el asunto al Juzgado que corresponda. Se reserva el envío de los cuadernos incidentales, hasta en tanto se acepte la competencia que ahora se declina. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional (doce horas con dieciocho minutos del veintidós de junio de dos mil veintidós). Se solicita atentamente el acuse de recibo correspondiente; fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias para la comprensión del asunto, y realícense las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios correspondientes. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación." De igual manera, envíese el DVD que remitió como justificación a su informe el Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, mismo que se recibió en auto de diez de junio pasado. Consecuentemente, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo en cita, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del Acuerdo General en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, de conformidad con los preceptos 6, fracción II, 21 y 24 del citado Acuerdo General, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes, para posteriormente remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como previa generación de los documentos que establece el artículo 22 del referido Acuerdo General de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente. En relación al destino que se debe dar la cuaderno incidental y duplicado, ello corresponderá realizarlo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, al cual se le remiten. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a los secretarios y/o actuarios adscritos a este juzgado para la firma del oficio que recaiga al presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese sin mayor proveer el oficio del juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido, toda vez que vista la certificación de cuenta, se advierte que el pasado dos de junio del año en curso, se tuvo por recibido un oficio con similar contenido, y se acordó lo conducente. Por otra parte, se tiene recibido el DVD del Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Oaxaca, que remite como justificación a su informe, sin que se realice mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el seis de junio del año en curso, este juzgado se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de este juicio, y declinó competencia por razón de territorio al juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno, por lo que una vez que se tenga conocimiento del juzgado al que correspondió conocer del presente expediente, y en su caso, si admitió o no la competencia declinada, se acordará al respecto. Notifíquese, y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Incidental
R E S U E L V E : ÚNICO. Se NIEGA a Guillermo Pacheco Lorenzo la suspensión definitiva de los actos reclamados, materia de esta litis incidental; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta interlocutoria. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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