Guillermo Omar Velasco López

Expediente 700/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
700/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Omar Velasco López

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 4675/2023 que remite el juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que este tribunal colegiado le notificó el acuerdo que declaró firme el diverso por el que se desechó la demanda de amparo y le devolvió los autos y demás constancias que sirvieron como antecedente para dictar el fallo respectivo. En consecuencia, previa anotación en el libro de control electrónico, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Para los efectos legales correspondientes, agréguese el oficio 4385 que remite el Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 7264/2023.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Del estado que guarda este expediente y de la certificación con que se da cuenta, se advierte que la parte quejosa no impugnó el acuerdo veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, se declara firme el citado acuerdo para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, hágase devolución al Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, de los autos originales y demás constancias, que sirvieron para dictar el fallo respectivo y solicítesele el acuse de recibo correspondiente.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Del examen de la demanda de amparo que promueve *********, contra el acto del Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, que decretó la caducidad de la instancia en el expediente +********, en el que se reclamó como suerte principal la cantidad de $*******, se advierte que es notoriamente improcedente, dado que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 170, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, debe desecharse con fundamento en el artículo 179 del mismo ordenamiento legal. Los artículos 61, fracción XVIII, 170, fracción I y 179, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional;". "Artículo 179. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de tres días si admite la demanda, previene al quejoso para su regularización, o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia." De las anteriores transcripciones se observa que el presente juicio de amparo, se reitera, es improcedente, toda vez que el quejoso no agotó el recurso ordinario establecido en el artículo 1334, del Código de Comercio, esto es, no se colma el principio de definitividad que establece el artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio uniinstancial. Ciertamente, el artículo 1334 del código en cita dispone lo siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Del artículo transcrito se colige que tratándose de los acuerdos no apelables en los juicios mercantiles procede el recurso de revocación, pues para la procedencia del presente juicio de amparo, era necesario que se agotara el medio de defensa ordinario que otorga la ley, esto es, contra el acuerdo reclamado, procedía el recurso de revocación; al no haber acontecido de esta manera, no se satisface un presupuesto procesal para la procedencia del juicio uniinstancial; de ahí que deba desecharse por improcedente la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.96/2011 (9ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 709 del tomo 2, octubre de 2011 del libro 1, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación". No pasa inadvertido que la aludida Primera Sala, abandonó parcialmente el criterio referido al aprobar la jurisprudencia 67/2014 (10ª.), publicada en la página 89 del tomo I, libro 13, diciembre de 2014, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CADUCIDAD EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE LA DECRETA EN LOS CASOS EN QUE, POR RAZÓN DE LA CUANTÍA, NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. En relación con la caducidad de la primera instancia en el juicio mercantil, esta Primera Sala fijó, como regla general, en la jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), que la resolución que la decreta constituye un auto definitivo y no una sentencia definitiva en su connotación material, para establecer que procede el recurso de revocación en su contra cuando por razón de la cuantía no procede el de apelación. Sin embargo, al existir una connotación formal del término "sentencia definitiva" que deriva de reconocer que existen resoluciones que, sin decidir el fondo del juicio en lo principal, o sea, sin ocuparse de establecer el derecho ni una condena o absolución de partes, se emiten en el momento procesal que corresponde a la sentencia definitiva y con las formalidades y denominación expresa de que se trata de una "sentencia definitiva", es necesario precisar que cuando la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, resulta improcedente el recurso de revocación ya que, por un lado, tal forma de determinar la caducidad tiene el carácter formal indisoluble de sentencia definitiva y, por otro, porque acorde con el contenido conducente del artículo 1334 del Código de Comercio, el recurso de revocación sólo procede en contra de autos o decretos del juez, pero no en contra de una sentencia definitiva. Lo anterior conduce, además, a abandonar parcialmente el criterio sostenido en la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J. 96/2011 (9a.), a fin de precisar que el criterio sustentado en esa jurisprudencia solamente es aplicable a autos, desde un punto de vista formal y material, y no a sentencias definitivas en su connotación formal". Sin embargo, el sentido de este proveído no desatiende a lo expuesto en la jurisprudencia 67/2014, en virtud de que en ese criterio solamente se excluyó de la procedencia del recurso de revocación -cuando por razón de la cuantía no resulte procedente la apelación- si la decisión sobre la caducidad de la primera instancia ocurre formalmente con el dictado de la sentencia definitiva, precisamente por la naturaleza formal de dicho fallo y porque el artículo 1334 del Código de Comercio dispone la procedencia del citado recurso de revocación sólo en contra de autos o decretos del juez, en cuya categoría no se encuentra la sentencia definitiva. Entonces, si en el caso la caducidad de la instancia se declaró en un acuerdo, prevalece el mismo criterio contenido en la jurisprudencia 96/2011, primeramente citada, sobre la procedencia del recurso de revocación en su contra. De igual manera es aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 401 del tomo I, diciembre de 2013 del libro 1, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es como sigue: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Por lo demás, resta decir que este asunto no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, pues es evidente que no se trata de un acto que importe peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco el acto reclamado consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni el caso es una persona extraña al procedimiento, pues se trata del actor en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Además, como se vio, la procedencia del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio no está sujeta a interpretación adicional, ya que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la obligación de interponerlo previamente a la instauración del juicio de amparo. Consecuentemente, conforme a lo antes expuesto y con fundamento en los citados preceptos legales, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Téngase por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso; asimismo, solo para oír y recibir notificaciones a ********; en la inteligencia que una vez que proporcione los datos de su cédula profesional y exhiba copia certificada de la misma, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del mencionado numeral, o bien demuestre que tiene registrada su cédula profesional en dicho sistema, se le reconocerá tal carácter con facultades amplias; en tanto que a ********, en los términos en que fueron propuestos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por los artículos 252, 253 y 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y dado que el presente asunto se inició y se tramitó a través de documentos físicos; únicamente se imprimirá lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación; además, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Téngase por autorizado el correo electrónico señalado en dicho ocurso como medio de comunicación no procesal en términos del artículo 257 fracción I, del mencionado acuerdo.

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