Guillermo o Guillermo Eduardo Rivera Archundia
Expediente 526/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/05/2021
Partes del expediente
- Guillermo o Guillermo Eduardo Rivera Archundia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que el término previsto por el numeral 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para impugnar el acuerdo de quince de abril último, transcurrió sin que hubiesen realizado manifestación alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en el proveído en mención se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Devuélvanse las constancias enviadas por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de la autoridad en cita.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, dictada en este juicio, transcurrió sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA; dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En esas condiciones, los efectos de la sentencia fueron para que el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Agustín Rodríguez Beiza, realice lo siguiente: "*" Ahora bien, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de la Unidad de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante el cual comunica que en audiencia de etapa intermedia celebrada el doce de abril del año en curso, en la carpeta judicial *, se cerró el procedimiento ordinario y se ordenó la apertura del procedimiento abreviado; asimismo, se emitió sentencia en la que declaró al aquí quejoso Guillermo Rivera Archundia o Guillermo Eduardo Rivera Archundia, penalmente responsable de la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de abuso sexual agravado y robo, en agravio de la víctima de identidad reservada e iniciales D.L.R.G., imponiéndole una pena de cuatro años, nueve meses de prisión y multa. A fin de acreditar lo anterior, remite copia certificada del disco óptico (dvd) que contiene la audiograbación de la referida audiencia intermedia celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial *, que presidió el Juez de Control Mauricio Ledesma Rodríguez, quien emitió el aludido fallo condenatorio. En virtud de lo anteriormente señalado, resulta innecesario dar vista con lo informado por la mencionada Directora y las constancias que lo acreditan, en términos del arábigo 196 de la Ley de Amparo, pues este juzgador considera que la constancia que fue remitida por la oficiante, es apta y bastante para establecer sin lugar a dudas sobre la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello en virtud, de que dado el desenlace con motivo de la apertura del procedimiento abreviado y la emisión de la sentencia condenatoria, resulta incontrovertible que atento al estado procesal que guarda la carpeta judicial de la que deriva el acto reclamado que se analizó en esta instancia, no se podrían atender los efectos del fallo amparador en sus términos, sin modificar la nueva situación jurídica que la rige; por tal motivo, se declara la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, si bien el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, en el presente caso, por las razones antes anotadas, existe una imposibilidad jurídica y material que impide su total ejecución. Bajo este contexto, con fundamento en la última parte del numeral 196, este juzgador DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, quedando a salvo el derecho de las partes para interponer el recurso correspondiente. Dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, glósese el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, es susceptible de depuración. Resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, así como la devolución de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la ley de la materia.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE TERCERA INTERESADA D.L.R.G., NO SE COMUNICÓ VÍA TELEFÓNICA CON EL ACTUARIO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PREVIA CITA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA:"Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para impugnar la resolución de veintitrés de marzo del año en curso, dictada en este juicio, transcurrió sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA; dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En esas condiciones, los efectos de la sentencia fueron para que el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Agustín Rodríguez Beiza, realice lo siguiente: "*" Ahora bien, agréguese a los autos el oficio signado por la Directora de la Unidad de Gestión Judicial del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, mediante el cual comunica que en audiencia de etapa intermedia celebrada el doce de abril del año en curso, en la carpeta judicial *, se cerró el procedimiento ordinario y se ordenó la apertura del procedimiento abreviado; asimismo, se emitió sentencia en la que declaró al aquí quejoso Guillermo Rivera Archundia o Guillermo Eduardo Rivera Archundia, penalmente responsable de la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de abuso sexual agravado y robo, en agravio de la víctima de identidad reservada e iniciales D.L.R.G., imponiéndole una pena de cuatro años, nueve meses de prisión y multa. A fin de acreditar lo anterior, remite copia certificada del disco óptico (dvd) que contiene la audiograbación de la referida audiencia intermedia celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial *, que presidió el Juez de Control Mauricio Ledesma Rodríguez, quien emitió el aludido fallo condenatorio. En virtud de lo anteriormente señalado, resulta innecesario dar vista con lo informado por la mencionada Directora y las constancias que lo acreditan, en términos del arábigo 196 de la Ley de Amparo, pues este juzgador considera que la constancia que fue remitida por la oficiante, es apta y bastante para establecer sin lugar a dudas sobre la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello en virtud, de que dado el desenlace con motivo de la apertura del procedimiento abreviado y la emisión de la sentencia condenatoria, resulta incontrovertible que atento al estado procesal que guarda la carpeta judicial de la que deriva el acto reclamado que se analizó en esta instancia, no se podrían atender los efectos del fallo amparador en sus términos, sin modificar la nueva situación jurídica que la rige; por tal motivo, se declara la imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, si bien el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, en el presente caso, por las razones antes anotadas, existe una imposibilidad jurídica y material que impide su total ejecución. Bajo este contexto, con fundamento en la última parte del numeral 196, este juzgador DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, quedando a salvo el derecho de las partes para interponer el recurso correspondiente. Dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables, glósese el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, es susceptible de depuración. Resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, así como la devolución de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la ley de la materia."
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por * en representación de *, contra los actos y autoridad precisados en el considerando tercero, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *, contra los actos que reclamó consistentes en la determinación de veintidós de septiembre de dos mil veinte en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ambos en la carpeta judicial número *, atribuido al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio, *, por los motivos expuestos en el considerando séptimo y para los efectos precisados en el diverso octavo.
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