Guillermo Nieto Luna
Expediente 925/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/02/2021
Partes del expediente
- Guillermo Nieto Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que de conformidad con las circulares y Acuerdos Generales que ahí se describen, se reanudan los plazos y términos en el punto en que quedaron pausados... Causa estado. Vista la certificación que precede, de la que se advierte no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de revisión contra el auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 81 y 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Se requiere a la (s) parte (s) quejosa para que en un plazo de noventa días siguientes al en que tenga conocimiento de este proveído, comparezca a este órgano de control constitucional, a recuperar los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que de no hacerlo serán destruidos. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020 (durante su vigencia).
- Principal
Previo citatorio de notificación, toda vez que la parte quejosa o promovente no acudió a este juzgado dentro del término de dos días hábiles que fue otorgado en el mismo, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b, de la Ley de Amparo, a fin de que se le notificara el contenido del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se le notifica por lista dicho proveído, en el cual se determina medularmente: Agréguense a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3º de la Ley de Amparo, los oficios de cuenta, mediante los cuales las autoridades responsables dan cumplimiento con lo requerido por este órgano juzgado en proveído de diecinueve de noviembre pasado. Ahora bien, atento al contenido de los oficios de cuenta, se aprecia que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". Efectivamente, se actualiza la referida causal de improcedencia al atender a las constancias que se reciben, a las cuales se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos o elaborados por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y "certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Habida cuenta que en el caso, los actos reclamados consisten en: ? La notificación e imposición de la fotoinfracción con folio 294707425, equivalente a diez unidades de medida y actualización, más recargos. ? El requerimiento y embargo mediante folio M620004022915. ? El cobro y ejecución de la totalidad de las infracciones reclamadas en el presente juicio. Sin embargo, de las documentales recién valoradas se advierte que actualmente la citada foto infracción se encuentra cancelada de manera permanente. En virtud de que la autoridad responsable Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por acuerdo de fecha veintiséis de octubre pasado, por los motivos expuesto en dicha determinación, revocó la cédula de notificación de infracción con número de folio 294707425, elaborada al vehículo con número de placas JNV7176. Razón por la que la diversa autoridad responsable Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, en el oficio de cuenta, señala que el requerimiento y embargo identificado con número de folio M620004022915, se encuentra cancelado. Por tanto, jurídicamente no es factible examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, habida cuenta que ya no están surtiendo sus efectos, ni los surtirán, toda vez que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de su existencia, al haberse cancelado la foto infracción y requerimiento y embargo, materia de los actos reclamados, tal y como lo informan las autoridades responsables en los comunicados de cuenta. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, que a la letra dice: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, al ser la invocada causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Consecuentemente, se dejan insubsistentes la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y del conocimiento de las partes la circunstancia anterior. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, del Gobierno del Estado de Jalisco, toda vez que, la causal de improcedencia que invoca ya materia de análisis en párrafos precedentes.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado de autos, al analizar el contenido de los informes y constancias recibidas, se advierte que se considera necesario requerir a las responsables para que en un plazo de veinticuatro horas, remita copias certificadas de las constancias que ahí se describen. Apercibida que de ser omiso, dicho acto se presumirá como no emitido por escrito y se harán efectivos los medios de apremio decretados en el auto admisorio. Por otro lado, también resulta necesario requerir a la responsable ejecutora para que en el mismo plazo de veinticuatro horas, remitan copia certificada de la totalidad de las actuaciones que conformen el procedimiento administrativo del que emana los actos reclamados, bajo el mismo apercibimiento en caso de omisión. Para dar lugar a lo anterior, procede diferir la audiencia fijada para esta fecha y en su lugar se fijan las diez horas con cinco minutos del treinta del mes y año en curso para su celebración.
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