Guillermo Muñoz Campos
Expediente 925/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 925/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con sede en la ciudad de México
- Guillermo Muñoz Campos
Actuaciones
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, así como el precepto noveno del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, envíese al archivo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en su demanda. En atención a lo anterior, dígase a la ocursante que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que de autos se advierte, así como en la boleta de turno, emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, que los documentos exhibidos en su escrito inicial de demanda, fueron en copia simple y no originales. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que ***, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 925/2021-II. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Toda vez que el numeral transcrito impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, por lo que se procede al análisis respectivo. El artículo en mención señala que para que el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese sentido, cabe precisar que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ***. Esto es, reclama de las autoridades responsables el cambio de adscripción de esta sede, informado al quejoso por oficio ***, a la Ciudad de Cancún, así como su ejecución. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1, fracción I y 5, fracción II, de la ley de la materia, porque que lo que se reclama no es un acto de autoridad susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo. Los citados artículos establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "ARTÍCULO 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales." LEY DE AMPARO: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley". Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones, que violen derechos humanos del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es indispensable que la contravención de los derechos fundamentales provenga de una autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que, por autoridad para los efectos del juicio de amparo, se entiende al ente público, que dotado o no de fuerza pública, con fundamento en una norma legal, emite actos unilaterales mediante los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica de los gobernados; esto es, ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad cuyo ejercicio es irrenunciable y que, por tanto, su actuación se traduce en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y establecer en relación con el gobernado un vínculo de supra a subordinación. Ahora, el artículo 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, mediante los cuales afecten derechos de los gobernados, mediante el ejercicio de funciones que estén determinadas por una norma general. De manera que a fin de corroborar la procedencia del juicio de amparo en contra de actos de particulares, es necesario que tales actos sean equiparables a los de una autoridad, es decir, que se realice sin la intervención del quejoso en un plano de supra a subordinación, además, que con ese proceder se creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas, con base en funciones determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, resulta necesario distinguir los tipos fundamentales de relaciones que existen en la vida de cualquier Estado o sociedad y que en el caso interesan. Para ello, es preciso atender a la clasificación que la Teoría General del Derecho, hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación, son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que de manera coactiva se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que, también, establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, y el Juicio de Amparo comomecanismo de defensa de los derechos humanos y las garantías constitucionales. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Mientras que las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose, también, por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe atender a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si lo que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Del criterio antes expuesto, se advierte que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que, si el ente que se señala como responsable no actúa en una relación de supra a subordinación con un particular, derivada de una ley en la cual emita actos unilaterales con los que cree, modifique, extinga situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular, sin requerir acudir a los órganos jurisdiccionales, no debe ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese sentido, es posible afirmar que, para los efectos de la Ley de Amparo, sólo aquellos actos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, son considerados actos de autoridad; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Es así porque, como se dijo antes, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, en que los primeros actúan en un plano superior al de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; ese tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad. Esto es, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha sido delimitado en razón de la naturaleza de la relación entre gobernante y gobernado. Por ello, para determinar si se está en presencia de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se requiere el análisis del caso concreto que se presente, para lo cual, se debe estudiar el origen material de ese acto y el tipo de la relación jurídica que existe entre los sujetos. En ese orden, es necesario destacar que en el presente caso, ***, señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, respecto del acto reclamado consistente en el cambio de adscripción de esta sede, informado al quejoso por oficio ***, a la Ciudad de Cancún, así como su ejecución. Entonces, dado el tipo de relación que existe entre el quejoso y la persona que señala como responsable, es dable concluir que los actos que reclama, no corresponden a una relación supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino deriva de una relación de iguales. Por lo anterior, se evidencia que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, no puede ser autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que los actos emitidos por éste consistentes en el cambio de adscripción de esta sede, informado al quejoso por oficio ***, a la Ciudad de Cancún, así como su ejecución, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que el acto que le reclama no es un acto unilateral, sino de coordinación. De lo anterior, se colige que la relación que existe entre el promovente del amparo y la aludida autoridad responsable, es de coordinación y no de supra a subordinación, ya que no surgió en ejercicio de una potestad pública para los efectos del juicio de amparo; esto es, la inconformidad del quejoso deriva de la relación laboral entre el inconforme y el Estado, ubicados en un plano de coordinación (patrón-trabajador), es decir, este último no se encuentra en un plano superior dotado de autoridad, sino que la orden de cambio de adscripción constituye un acto en su calidad de patrón equiparado de la impetrante, de modo que, cualquier decisión que adopten u omitan las señaladas como responsables, con motivo de dicha relación laboral, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino un hecho derivado de dicha relación, por lo que los conflictos que se susciten entre el trabajador y su patrón equiparado deben ser ventilados ante el órgano jurisdiccional laboral competente, y no en el órgano de control constitucional. Luego, no se colma la nota característica de los actos de autoridad precisada en líneas precedentes. De ahí que se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Por tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad, no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del amparo, en razón de que su actuar no atiende a una relación de supra a subordinación con un gobernado; sino que los actos que se reclaman, se insiste derivan de una relación de coordinación. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 103, fracción I, Constitucional, 1º, fracciones I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, lo que procede es se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza. Asimismo, se tiene como domicilio de la parte quejosa el que cita en su demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a ***. Por otra parte, de conformidad con el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones y la consulta electrónica del expediente por los usuarios ***, por tanto, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones con motivo de este asunto se ordenen. Se exhorta a las demás partes para que, cuando les sea posible, en términos de los artículos 22 fracción I y 28, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción II del numeral 22 citado, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente, o en forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante, esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera Picacho-Ajusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón, número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.
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