Guillermo Muela Leal
Expediente 488/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Guillermo Muela Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintisiete de octubre del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *****************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con los artículos 229, 230, 231 y 241 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 488/2018-II. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El uno de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnada el mimo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la omisión del Administrador Local de Recaudación de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la falta de emisión de contestación al escrito que le presentó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 488/2018-II y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", en su denominación correcta, la omisión de dar contestación al escrito que le presentó el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en el que solicitó la declaración de prescripción de diverso crédito fiscal. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de orden, tal como lo exige la técnica que impera en el juicio de amparo, debe abordarse de forma preferente el análisis sobre la certeza o inexistencia del acto reclamado, de conformidad, con lo señalado en la jurisprudencia XVIII.2°.J/10, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, de Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En el caso, al rendir su informe justificado, la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" negó la existencia de la omisión que le fue atribuida. Ahora, frente a la negativa que de la omisión reclamada hizo la autoridad responsable, el quejoso no aportó prueba que tuviera el efecto de desvirtuar el contenido de las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Debe recordarse que, de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, ante la negativa de la autoridad responsable, la regla general es que la parte quejosa aporte pruebas tendentes a demostrar que, efectivamente, la autoridad ordenadora incurrió en la omisión que le fue atribuida. Sin embargo, cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones, la carga de la prueba sobre la legalidad de sus actos corresponde a la autoridad responsable y, en oposición a ello, al quejoso no le corresponderá demostrar su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece. Ilustra lo anterior, la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 5, tercera parte, página 13, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO. Si bien es cierto que normalmente la carga de la prueba de las violaciones que se atribuyen a las responsables corresponde al quejoso, salvo cuando el acto reclamado es violatorio de garantías en sí mismo, también lo es que dicha regla admite una excepción: cuando la violación se hace consistir en hechos de carácter negativo o abstenciones por parte de las autoridades responsables, caso en que la carga de la prueba de la legalidad de sus actos corresponde a éstas y no al quejoso la de su ilegalidad, pues es principio aceptado por nuestro derecho que los hechos negativos o abstenciones no son materia de prueba y que el que niega no está obligado a probar su negativa, salvo que la misma implique la existencia una afirmación susceptible de probarse por cualquiera de los medios que la ley establece. En tales condiciones, a la autoridad responsable corresponde acreditar que, contrariamente a lo aducido por el quejoso, sí había dado contestación al escrito que presentó ente ella el dieciséis de enero de dos mil dieciocho y se lo notificó, lo cual sí demostró. En efecto, el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2" remitió copia certificada del oficio 400-23-00-01-03-2018-2052, emitido en el expediente SAT7S.26, de quince de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado por el ahora quejoso el dieciséis de enero del año en curso, en el que, acorde con la solicitud del quejoso de declarar prescrito el crédito fiscal que se le había fincado, determinó que: [.] El término para que opere la prescripción ha sido interrumpido con gestiones de cobro, realizadas dentro del procedimiento administrativo de ejecución, según las constancias que obran en el expediente de la resolución determinante del crédito fiscal a su cargo, por lo tanto, esta Administración Desconcentrada de Recaudación, se encuentra imposibilitada para acordar su petición. [.] Asimismo, la responsable remitió copia certificada de las diligencias de notificación realizadas para dar a conocer la referida contestación al ahora solicitante del amparo, en específico, la constancia de notificación por estrados, de veinticinco de abril inmediato siguiente. Tales documentales merecen plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º de esta última, por tratarse de documentos públicos expedidos por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones, de las cuales se advierte que, a la fecha de presentación de la demanda (uno de agosto de dos mil dieciocho), el acto reclamado era inexistente, porque en esa fecha la autoridad responsable ya había dado contestación al escrito que le presentó el quejoso y en el que le solicitó la declaración de prescripción del crédito fiscal que se había fincado a su cargo, esto es, emitió un oficio en el que contestó su petición y se lo notificó en los términos de las constancias que se anexaron al informe justificado. Las relatadas condiciones desvirtúan lo afirmado por el solicitante del amparo en el sentido de que la autoridad responsable se había abstenido de dar contestación al escrito respectivo que le presentó el dieciséis de enero del actual, lo cual evidencia la inexistencia de la omisión reclamada. Apoya las anteriores consideraciones, por igualdad jurídica, la tesis IV.3o.72 K, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, de Enero de 1994, página 254, del siguiente tenor: JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Sin que sea el caso analizar la legalidad de las consideraciones en que se basó la autoridad responsable para la emisión de los actos reclamados dado que ese análisis no puede emprenderse, pues se soslayaría que contra este tipo de actos la ley del acto prevé recursos ordinarios por virtud de los cuales podría obtenerse la modificación o revocación del oficio que recayó a la solicitud de declarar prescrito el crédito fiscal establecido a cargo del ahora quejoso. En esas condiciones, al no obrar dato alguno que evidencia la existencia de los actos reclamados, se impone sobreseer en el presente juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 488/2018-II, promovido por *******. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el veinte de agosto pasado se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de esa remisión se dio vista a la parte quejosa el veinticuatro del propio agosto. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada ********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el licenciado ********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible llevar a cabo la notificación personal a la parte quejosa, respecto del auto de veinte de los actuales, por las razones indicadas por la Actuaria Judicial de la adscripción en la constancia que antecede. Por ende, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación, así como las ulteriores, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta que la parte quejosa señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", en esta ciudad, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa entregándole copia del oficio que se recibe y sus anexos. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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