Guillermo Moreno Chazzarini
Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 956/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Moreno Chazzarini
Actuaciones
- Principal
... Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que causó estado la referida determinación. ... archívese este expediente como concluido. ... este expediente es susceptible de destrucción...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Moreno Chazzarini, por propio derecho, contra actos de la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 956/2022/A. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 049/2022 GEO 22-36165, en la que negó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta dentro del recurso de revocación 049/2022 relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 048/2021, por haberse estimado que se le darían efectos restitutorios con la concesión de la medida cautelar solicitada. b) La inscripción realizada en el Registro de Sanciones Estatales el cinco de septiembre del año en curso, de la sanción administrativa en la cual se declaró la inhabilitación temporal para desempeñar servicios públicos durante un año impuesta al quejoso, sin que haya quedado firme. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicha causa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; por lo que, de no agotarse tal medio de impugnación se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es decir, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. Por ende, en atención a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda que se provee, deben tomarse en consideración los artículos 280 fracción II y 292, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, los cuales permiten advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. En el caso, los actos reclamados lo constituyen la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 049/2022 GEO 22-36165, en la que negó la suspensión solicitada por el quejoso, para el efecto de que no se realizara la inscripción de la sanción impuesta en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 048/2021 que declaró su inhabilitación temporal para que desempeñara servicios públicos durante un año, la cual se realizó en el Registro de Sanciones Estatales el cinco de septiembre del año en curso, sin que estuviese quedado firme la determinación impugnada. En esa tesitura, es necesario citar el contenido del artículo 210, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidad Administrativa, establece que las resoluciones que se dicten en la tramitación del recurso de revocación, serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama, por lo que se sostiene que tal acto debió haber sido impugnado a través del juicio contencioso administrativo. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el quejoso, en el cual puede obtener la suspensión de aquellos, con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. (...) Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL CONTENIDO DEL AUTO DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DIAS POSTERIORES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Moreno Chazzarini, por propio derecho, contra actos de la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 956/2022/A. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: a) El acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 049/2022 GEO 22-36165, en la que negó la suspensión de la ejecución de la sanción impuesta dentro del recurso de revocación 049/2022 relativo al Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 048/2021, por haberse estimado que se le darían efectos restitutorios con la concesión de la medida cautelar solicitada. b) La inscripción realizada en el Registro de Sanciones Estatales el cinco de septiembre del año en curso, de la sanción administrativa en la cual se declaró la inhabilitación temporal para desempeñar servicios públicos durante un año impuesta al quejoso, sin que haya quedado firme. Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Dicha causa establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; por lo que, de no agotarse tal medio de impugnación se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es decir, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. Por ende, en atención a la naturaleza de los actos reclamados en la demanda que se provee, deben tomarse en consideración los artículos 280 fracción II y 292, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, los cuales permiten advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. En el caso, los actos reclamados lo constituyen la resolución de siete de septiembre de dos mil veintidós, dictada por la Directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, en el cuadernillo del recurso de revocación 049/2022 GEO 22-36165, en la que negó la suspensión solicitada por el quejoso, para el efecto de que no se realizara la inscripción de la sanción impuesta en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 048/2021 que declaró su inhabilitación temporal para que desempeñara servicios públicos durante un año, la cual se realizó en el Registro de Sanciones Estatales el cinco de septiembre del año en curso, sin que estuviese quedado firme la determinación impugnada. En esa tesitura, es necesario citar el contenido del artículo 210, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidad Administrativa, establece que las resoluciones que se dicten en la tramitación del recurso de revocación, serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama, por lo que se sostiene que tal acto debió haber sido impugnado a través del juicio contencioso administrativo. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el quejoso, en el cual puede obtener la suspensión de aquellos, con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia. (...) Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, Fermín Santiago Santiago, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe.
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