Guillermo Mendoza Zamora

Expediente 681/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
681/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Mendoza Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    I.- La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, no recurrieron el auto de once de junio de dos mil diecinueve (fojas 37 a 41), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de once de junio de dos mil diecinueve (fojas 37 a 41), se sobreseyó en el juicio de amparo (Punto Vigésimo Primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la indicación que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se remitirá el expediente al archivo material.

  2. Principal

    I.- Se tiene por recibido el oficio signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Judiciales de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de junio del año en curso (fojas 16 y 17) e informan lo conducente respecto al domicilio de la parte tercero interesada. se agrega a los autos el oficio de mérito para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo decretados a la autoridad oficiante en auto de cinco del mes y año en curso. Finalmente, se hace la precisión de que no se realiza mayor pronunciamiento respecto al emplazamiento de la parte tercero interesada, pues en auto de once de junio del año en curso (fojas 37 a 41) se decretó el sobreseimiento en el presente asunto.

  3. Principal

    I.-Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga con el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo emitido el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral J.4/382/2015 y sus notificaciones, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis aislada XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, con número de registro 189948, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Con fundamento en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida y admitida la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora, en el presente juicio Guillermo Mendoza Zamora, reclama la abstención de emitir el laudo respectivo, en el juicio laboral J.4/382/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, dictó laudo el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral J.4/382/2015 y lo notificó a las partes. A las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir el laudo que en derecho corresponda en el juicio laboral J.4/382/2015; sin embargo, la responsable remitió copia certificada del laudo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta responsable emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral J.4/382/2015; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía la omisión reclamada, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, emitiera el laudo que conforme a derecho procediera en el juicio laboral de origen, de tal manera que si eso ya aconteció e incluso se lo notificó de manera personal, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causa supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Por otra parte, se tienen por recibidos los diversos oficios signados por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "3" del Servicio de Administración Tributaria, Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de México y Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de junio del año en curso (fojas 16 y 17) e informan lo conducente respecto al domicilio de la parte tercero interesada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios de mérito para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo decretados a la autoridad oficiante en auto de cinco del mes y año en curso. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a la parte tercero interesada, pues en párrafos precedentes se decretó el sobreseimiento en el presente asunto.

  4. Principal

    I.- se hace efectivo el apercibimiento hecho al quejoso y se le notifica por medio de lista el acuerdo de once de junio que dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga con el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, mediante el cual rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo emitido el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral J.4/382/2015 y sus notificaciones, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Es aplicable la tesis aislada XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, con número de registro 189948, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Con fundamento en los artículos 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, exhibida y admitida la prueba documental que anexa la autoridad responsable a su informe de ley, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza. Ahora, en el presente juicio Guillermo Mendoza Zamora, reclama la abstención de emitir el laudo respectivo, en el juicio laboral J.4/382/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la responsable se desprende que la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, dictó laudo el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, en el expediente laboral J.4/382/2015 y lo notificó a las partes. A las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al solicitante del amparo tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la autoridad Junta Especial Número Cuatro del Valle de Toluca, viola sus derechos humanos al abstenerse de emitir el laudo que en derecho corresponda en el juicio laboral J.4/382/2015; sin embargo, la responsable remitió copia certificada del laudo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta responsable emitió el laudo correspondiente en el juicio laboral J.4/382/2015; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda existía la omisión reclamada, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, emitiera el laudo que conforme a derecho procediera en el juicio laboral de origen, de tal manera que si eso ya aconteció e incluso se lo notificó de manera personal, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se precisa que este juzgador de amparo considera innecesario dar vista a la parte quejosa con la actualización de la causa de improcedencia analizada, en términos del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que atendiendo a los motivos que la originaron no existe la mínima posibilidad de que dicha causa supere el obstáculo relativo a su sobreveniencia, ya que sólo provocaría retraso en la impartición de justicia máxime que la referida vista tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, cuyo ejercicio no se justifica al no producirle perjuicio la causa de improcedencia advertida, porque materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veinte de junio de dos mil diecinueve, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Por otra parte, se tienen por recibidos los diversos oficios signados por la Subadministradora Desconcentrada de Servicios al Contribuyente "3" del Servicio de Administración Tributaria, Delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de México y Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante los cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cinco de junio del año en curso (fojas 16 y 17) e informan lo conducente respecto al domicilio de la parte tercero interesada. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos los oficios de mérito para los efectos legales procedentes, se tiene por cumplido el requerimiento y sin efectos el apercibimiento respectivo decretados a la autoridad oficiante en auto de cinco del mes y año en curso. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento respecto a la parte tercero interesada, pues en párrafos precedentes se decretó el sobreseimiento en el presente asunto.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano