Guillermo Martinez Suarez
Expediente 1535/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2016
Partes del expediente
- Guillermo Martinez Suarez
Actuaciones
- Principal
-V I S T O el estado que guardan los presentes autos . . . se declara que el mismo ha causado estado . . . archívese el presente asunto como enteramente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda en oficio de cuenta número 1865/2016, signado por el Juez único de Primera Instancia Penal en San Juan del Río, Querétaro, por medio del cual devuelve SIN DILIGENCIAR el despacho 57/2016 con número de orden 119/2016, del índice de este Juzgado Federal, que se libró a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado se notificara el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, a la parte promovente. Acúsese el recibo de estilo a la autoridad oficiante. Ahora bien, atendiendo a la razón actuarial que data de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, realizada por la actuaria adscrita al Juzgado Único de Primera instancia Penal en San Juan del Río, Querétaro, dentro de los autos del despacho en mención, de la que se desprende que no fue posible realizar la notificación ordenada en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Vista la demanda de garantías promovida por . . . contra actos de . . . luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número . . . . Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto reclamado, se hace consistir esencialmente en: 1.- El descuento al interno . . . del 10% (diez por ciento) del salario que deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro, previsto en el artículo 29 párrafo primero de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Querétaro. 2.- La retención al interno . . . del 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, al salario que deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro. 3.- La omisión de las responsables de aplicar en beneficio del interno . . . lo previsto en los artículos 39 y 42 de "la normatividad interna de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, en el caso a estudio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, atendiendo a que, como se evidenciará en párrafos posteriores, se carece de legitimación para instar el presente juicio de amparo. En relación al tema que se abordará a continuación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el concepto de legitimación procesal activa, como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación, sostiene nuestro Máximo Tribunal, se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercido en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la legitimación ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Razonamientos jurídicos que se encuentran inmersos en el criterio jurisprudencial registrado bajo la nomenclatura 2a./J. 75/97, emitido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 351, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En relación a lo anterior, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyos contenidos literalmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los textos legales previamente reseñados, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, lo que se entiende para efectos del juicio de amparo, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; de lo cual, se reitera, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, acción que podrá ejercer acorde al artículo 6 de la legislación en comento, por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita. Es decir, del contenido de los preceptos legales antes aludidos tenemos que, por regla general, el juicio de protección de derechos humanos debe ser promovido por la persona a quien perjudique el acto reclamado, quien tiene la facultad de acudir a instar el procedimiento constitucional a través de su representante o defensor, y por excepción, por conducto de cualquier otra persona que acuda a su nombre, siempre y cuando éste se encuentre imposibilitado para promoverlo y sólo respecto de los actos precisados en el numeral 15 del propio ordenamiento legal (aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional). Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del volumen 71, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." De ahí que, el juicio constitucional como en el que se actúa, a efecto de que resulte procedente, requiere ser promovido por la persona que se vea afectada en sus derechos humanos con el acto de autoridad, ya sea por sí misma o por conducto de sus representantes legales. Por tanto, en el supuesto de que el procedimiento de amparo sea promovido por persona diversa a la que perjudique la Ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, este es improcedente, habida cuenta que la persona que instaura el procedimiento constitucional no tiene la representación legal o personalidad para hacerlo, toda vez que el acto de autoridad no le causa ningún agravio en su esfera jurídica. En tal sentido, si como se desprende de la literalidad de la demanda de amparo, la misma es interpuesta por . . . quien manifiesta promover en favor de . . .; razón por la cual . . ., carece de legitimación procesal para promover el presente juicio de garantías a nombre de . . ., dado que el promovente no se ostenta como representante legal o apoderado del interno de mérito, por el contrario del cuerpo integral de la demanda de garantías se advierte que viene en favor de este último; en consecuencia, . . . no está impedido para solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, por propio derecho, ya que del contenido de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el descuento del 10% a que refiere el artículo 29 párrafo primero de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Querétaro, así como la retención del 16% por concepto del Impuesto al Valor Agregado, al sueldo que el interno . . . deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro, además, de la omisión de las responsables de aplicar en beneficio del interno . . . lo previsto en los artículos 39 y 42 de "la normatividad interna de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro"; lo cual no constituye de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, respecto de los que se permite que cualquier persona promueva la demanda de amparo en favor del directo agraviado que se encuentra imposibilitado para promoverla por sí mismo. En las relatadas condiciones, al no promoverse el presente juicio directamente por la parte quejosa o por conducto de quien ostente legalmente su representación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Ahora bien, la parte promovente del amparo en el escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Granate, número 515, colonia San Pedrito Peñuelas, de San Juan del Río, Querétaro, lo que evidencia que dicho lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27 fracción II, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo, así como el ordinal 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento despacho, al JUEZ ÚNICO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio indicado y notifique el presente proveído al promovente del amparo. Asimismo, en base a lo expuesto en el artículo 27, de la Ley de Amparo invocada, lo requiera para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Querétaro, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se le hará por lista, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, con apoyo en el precepto legal referido, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las diligencias relativas a dicha comunicación, con el fin de no entorpecer su desahogo. Asimismo, en caso de que no se encuentre a la parte buscada, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. Así también, se le solicita el acuse recibo de la presente comunicación. Así mismo, se le hace del conocimiento que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a su jurisdicción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. . . . " a la parte promovente, por las razones que alude, por lo tanto, se ordena al Actuario de la adscripción, efectuar la notificación de dicho proveído por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hasta en tanto la parte quejosa señale nuevo domicilio procesal.
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por . . . contra actos de . . . luego, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número . . . . Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que el acto reclamado, se hace consistir esencialmente en: 1.- El descuento al interno . . . del 10% (diez por ciento) del salario que deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro, previsto en el artículo 29 párrafo primero de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Querétaro. 2.- La retención al interno . . . del 16% (dieciséis por ciento) por concepto del Impuesto al Valor Agregado, al salario que deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro. 3.- La omisión de las responsables de aplicar en beneficio del interno . . . lo previsto en los artículos 39 y 42 de "la normatividad interna de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, en el caso a estudio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, atendiendo a que, como se evidenciará en párrafos posteriores, se carece de legitimación para instar el presente juicio de amparo. En relación al tema que se abordará a continuación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el concepto de legitimación procesal activa, como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación, sostiene nuestro Máximo Tribunal, se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestiona en el juicio es ejercido en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. Así, la legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercida en el juicio por aquél que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestiona, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la legitimación ad causam lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Razonamientos jurídicos que se encuentran inmersos en el criterio jurisprudencial registrado bajo la nomenclatura 2a./J. 75/97, emitido por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 351, correspondiente a la Novena Época, cuyo contenido literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable." En relación a lo anterior, debe decirse que uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo es el de agravio personal y directo, contemplado esencialmente en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuyos contenidos literalmente disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "ARTICULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los textos legales previamente reseñados, se advierte que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, lo que se entiende para efectos del juicio de amparo, la preexistencia de un derecho legalmente tutelado por la norma jurídica, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación; de lo cual, se reitera, ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el agravio personal y directo, fundamental para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos. En ese sentido, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en el artículo 5, fracción I, citado en párrafos precedentes, prevé la disposición imperativa de que sólo puede acudir al juicio de protección de derechos fundamentales quien resienta un menoscabo en sus derechos subjetivos de manera directa y personal, acción que podrá ejercer acorde al artículo 6 de la legislación en comento, por propia persona, por conducto de su representante legal o apoderado, defensor o persona extraña cuando la ley expresamente lo permita. Es decir, del contenido de los preceptos legales antes aludidos tenemos que, por regla general, el juicio de protección de derechos humanos debe ser promovido por la persona a quien perjudique el acto reclamado, quien tiene la facultad de acudir a instar el procedimiento constitucional a través de su representante o defensor, y por excepción, por conducto de cualquier otra persona que acuda a su nombre, siempre y cuando éste se encuentre imposibilitado para promoverlo y sólo respecto de los actos precisados en el numeral 15 del propio ordenamiento legal (aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional). Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del volumen 71, primera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." De ahí que, el juicio constitucional como en el que se actúa, a efecto de que resulte procedente, requiere ser promovido por la persona que se vea afectada en sus derechos humanos con el acto de autoridad, ya sea por sí misma o por conducto de sus representantes legales. Por tanto, en el supuesto de que el procedimiento de amparo sea promovido por persona diversa a la que perjudique la Ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, este es improcedente, habida cuenta que la persona que instaura el procedimiento constitucional no tiene la representación legal o personalidad para hacerlo, toda vez que el acto de autoridad no le causa ningún agravio en su esfera jurídica. En tal sentido, si como se desprende de la literalidad de la demanda de amparo, la misma es interpuesta por . . . quien manifiesta promover en favor de . . .; razón por la cual . . ., carece de legitimación procesal para promover el presente juicio de garantías a nombre de . . ., dado que el promovente no se ostenta como representante legal o apoderado del interno de mérito, por el contrario del cuerpo integral de la demanda de garantías se advierte que viene en favor de este último; en consecuencia, . . . no está impedido para solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, por propio derecho, ya que del contenido de la demanda de garantías se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en el descuento del 10% a que refiere el artículo 29 párrafo primero de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado de Querétaro, así como la retención del 16% por concepto del Impuesto al Valor Agregado, al sueldo que el interno . . . deviene con motivo de sus actividades de trabajo desempeñadas en el Centro de Reinserción Social de Juan del Río, Querétaro, además, de la omisión de las responsables de aplicar en beneficio del interno . . . lo previsto en los artículos 39 y 42 de "la normatividad interna de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro"; lo cual no constituye de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, respecto de los que se permite que cualquier persona promueva la demanda de amparo en favor del directo agraviado que se encuentra imposibilitado para promoverla por sí mismo. En las relatadas condiciones, al no promoverse el presente juicio directamente por la parte quejosa o por conducto de quien ostente legalmente su representación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Ahora bien, la parte promovente del amparo en el escrito de demanda señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Granate, número 515, colonia San Pedrito Peñuelas, de San Juan del Río, Querétaro, lo que evidencia que dicho lugar se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27 fracción II, primer párrafo y 113, ambos de la Ley de Amparo, así como el ordinal 298, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento despacho, al JUEZ ÚNICO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio indicado y notifique el presente proveído al promovente del amparo. Asimismo, en base a lo expuesto en el artículo 27, de la Ley de Amparo invocada, lo requiera para que en el término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Querétaro, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se le hará por lista, aun las de carácter personal, sin ulterior acuerdo, con apoyo en el precepto legal referido, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las diligencias relativas a dicha comunicación, con el fin de no entorpecer su desahogo. Asimismo, en caso de que no se encuentre a la parte buscada, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya puede ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el referido diario oficial, el dos de abril de dos mil trece. Así también, se le solicita el acuse recibo de la presente comunicación. Así mismo, se le hace del conocimiento que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a su jurisdicción. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,793 expedientes
- Guillermo Lomelí Velázquez1713/2015
- Guillermo Loredo Becerril43/2021
- Guillermo Manuel Saiz García1173/2018
- Guillermo Martínez Sámano1361/2021
- Guillermo Martínez Samano431/2023
- Guillermo Martínez Sánchez171/2017
- Guillermo Maya Rangel680/2022
- Guillermo Maya Rangel897/2022
- Guillermo Mendieta Mata1154/2021
- Guillermo Mendoza Delgado2931/2015
- Guillermo Mendoza Ramírez1384/2015
- Guillermo Millán Macias990/2017