Guillermo Martínez Flores

Expediente 2330/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2330/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Martínez Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede de oficio a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que formuló el proyecto de laudo en el juicio laboral 1530/2016, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes. En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante constancia de devolución de autos de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, manifestó la imposibilidad para formular el proyecto de laudo y elevarlo a la categoría de definitivo, en razón de que no se practicó la investigación económica, a fin de tener conocimiento del ultimo domicilio de la persona demandada en autos del juicio laboral de origen 1530/2016, del índice de la Junta anteriormente mencionada. En tales condiciones, existe imposibilidad jurídica para que la responsable cumpla con la sentencia dictada en el presente asunto, en virtud de que se encuentra pendiente la investigación económica, a fin de tener conocimiento del ultimo domicilio de la persona demandada dentro del juicio laboral de origen, lo cual hace jurídicamente imposible cumplir con el fallo protector, ya que es evidente que, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta incuestionable que ningún caso tendría conminar a la responsable a que cumpla con los efectos del amparo, pues al no existir un laudo dictado dentro del juicio de origen, no existe materia para el cumplimiento del fallo protector. En consecuencia, lo procedente es declarar que el cumplimiento del fallo protector, ha quedado sin materia. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 193177 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a. CXXIV/99 Página: 586 INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado resulta que cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y que por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorga para que la autoridad responsable notifique un acuerdo que admite a trámite un recurso interpuesto por el quejoso, pero resulta que dicha autoridad, en lugar de notificar el acuerdo de referencia, procede a dictar la resolución correspondiente al recurso intentado, por lo que es evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al agraviado la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, pues resulta evidente que ningún caso tendría conminar a la responsable a que notifique el acuerdo de admisión del recurso, si a la fecha concluyó la instancia que en él se ordena iniciar; y, además, la resolución definitiva fue favorable al quejoso." Anotaciones y archivo. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo. Devolución de documentos. Finalmente, toda vez que hay documentos de la parte quejosa, recibidas en auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en acatamiento al artículo Vigésimo, párrafo último, del Acuerdo General invocado, se le previene para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la cual por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Efectos. En el fallo protector se determinó que la autoridad obligada al cumplimiento, debe realizar lo siguiente: De no existir impedimento legal para tal efecto, acredite que formuló el proyecto de laudo en el juicio laboral 1530/2016, de su índice, y que lo elevó a la categoría de definitivo dentro del plazo que establece la Ley Federal del Trabajo, ordenando hacerlo del conocimiento oportuno de las partes. Levanta reserva. En razón de lo anterior, se levanta la reserva contenida en proveído de seis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se tuvo por recibido el oficio proveniente de la Junta Especial Numero Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, del que se desprende que remitió copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio de origen, con los que refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Vista a las partes. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de referencia, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Resérvese. Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias derivadas del juicio de origen; por tanto, agréguense a los presentes autos para que surta sus efectos legales y una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, provéase lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en representación de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento contenido en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, informa a este juzgado federal que no le corresponde el carácter de autoridad responsable, y que en todo caso corresponde a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, cumplir con la ejecutoria de amparo, y al efecto realiza diversas manifestaciones a fin de fundamentar y motivar el por qué se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para dar cumplimiento al citado mandamiento; al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el pasado catorce de noviembre del año actual, este juzgado de distrito tuvo al Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte, en representación del Titular de dicha dependencia, informando la imposibilidad que enfrenta a fin de dar cumplimiento al fallo protector, justificando su dicho en razón de que el quejoso ostenta el nombramiento de policía custodio adscrito a la Secretaría de Seguridad, y atendiendo a la entrada en vigor del decreto legislativo número 27213/LXII/18, por el que se creó la nueva Ley del Poder Ejecutivo del Estado, y se decretó la separación de la función de seguridad pública, de la procuración de justicia, es que el nombramiento relativo al quejoso, quedó a cargo de la propia Secretaría de Seguridad del Estado, por lo que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo le correspondía a la Secretaría de referencia. Asimismo, del oficio de cuenta, se advierte que la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por conducto de su Director General Jurídico, informa a este juzgado federal que no le corresponde el carácter de autoridad responsable, situación que fundó en base al contenido del párrafo cuarto del artículo Noveno Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este juzgado de distrito a quién le corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, si a la Secretaría del Transporte o a la Secretaría de Seguridad, ambas del Estado de Jalisco, remitiendo constancia fehaciente de ello. Para una mayor comprensión del presente requerimiento, remítanse copias de los oficios registrados con los números 27479 y 28665. De no dar cumplimiento o informar el impedimento que para ello tenga, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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