Guillermo Martínez Campos

Expediente 181/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
181/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Martínez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, las constancias que en su momento remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    por medio de lista notifico al tercero interesado IRMA HERNANDEZ VELAZQUEZ, PILAR HERNANDEZ VELAZQUEZ Y MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ VELAZQUEZ, la resolución con engroso que en lo conducente dice: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 181/2019-III promovido por Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y Guillermo Martínez Campos, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve ante la autoridad señalada como responsable, recibido el siete de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, Esperanza Manríquez Villanueva en cuanto apoderada de Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y de Guillermo Martínez Campos, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.-ACTO RECLAMADO.-La sentencia definitiva de fecha 10 diez de enero del año 2019 dos mil diecinueve, notificada por instructivo con fecha 11 once de enero del año 2019, dictada por el C. Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del Toca de Apelación I-363/2018, proveniente del Juicio Ordinario Civil número 474/2017 que sobre Responsabilidad Civil Objetiva y otras prestaciones promovieron Irma Hernández Velázquez, Pilar Hernández Velázquez y María del Carmen Hernández Velázquez frente a Guillermo Martínez Campos e Ignacio López Servín, en su carácter de presidente de la empresa denominada Autotransportes Cuenca de la Laguna de Cuitzeo S.A. de C.V. dentro del Juicio ordinario civil 474/2017, Ante el Juez Tercero En Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán,". En ese ocurso la parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio las garantías individuales que contemplan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Por razón de turno, el asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito bajo el expediente 123/2019 de su índice, órgano pluripersonal anotado que, mediante resolución plenaria de catorce de febrero de dos mil diecinueve, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común. TERCERO. Avocamiento y trámite del juicio. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto bajo el progresivo 181/2019; sin embargo, toda vez que en el ocurso constitucional se observaron algunas omisiones en cuanto a las exigencias que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, se previno a la parte promovente para que las subsanara. Solventado lo anterior, mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda sin que hubiese sido necesario requerir a la responsable de su informe justificado al ya obrar dentro de autos, de manera que éste se puso a la vista de las partes y se ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este órgano federal. En el mismo auto se reconoció el carácter de tercero interesadas a Irma, Pilar y María del Carmen, todas de apellidos Hernández Velázquez, en términos de lo que dispone el inciso b) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, sin que haya sido necesario ordenar su emplazamiento dado que ello fue efectuado por la autoridad responsable y oportunamente éstas se apersonaron al sumario. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de diez de enero de dos mil diecinueve dictada dentro del toca I-363/2018, que confirma la sentencia pronunciada el quince de octubre de dos mil dieciocho, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil 474/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; determinación anterior en la que, en esencia, el juez de primer grado ordenó la reposición del procedimiento por actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia el acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos del juicio ordinario civil 474/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como las diversas constancias que integran el Toca I-363/2018 del índice de la responsable, en donde particularmente se observa la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve que se reclama en este juicio constitucional. Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Lo anterior, en términos de las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no tiene la naturaleza de imposible reparación para efectos del juicio de garantías. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De lo anterior se colige que el legislador estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y precisó en forma específica qué tipo de actos encuadran en esta hipótesis normativa, siendo estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, puede afirmarse, que con esta aclaración el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Sobre el tema de los actos de imposible reparación, en la ejecutoria a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el estudio del alcance del término establecido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que delimita actualmente los actos de imposible reparación. El Pleno del Alto Tribunal determinó que, a raíz de la publicación de la actual Ley de Amparo, se precisaron dos condiciones para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio: - La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, y en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento; momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, esta interpretación permite deducir las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. De aceptar la procedencia del amparo que se intenta contra la determinación de que se trata, se entendería que cualquier violación procesal podría ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, lo que no es posible de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 107 referido relativas a la procedencia del juicio de amparo biinstancial. En ese contexto, la resolución reclamada de segunda instancia que confirma la sentencia que ordena la reposición del procedimiento, al considerar que se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, ya que en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad, ya que sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre la relación jurídica procesal con las partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente, lo que en todo caso sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, si la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, eventualmente podría serle favorable y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario que proceda. Se insiste, porque las consecuencias del acto que se reclama solamente se traducen en que se reponga el procedimiento, se llamé al litisconsorte no llamados a juicio y continúe el mismo por todas sus etapas procesales, por lo que se considera que tal acto no es de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, conforme lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Ahora, esta potestad federal no pasa desapercibido el criterio jurisprudencial 1a./J.106/2004 intitulado: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO"; sin embargo, éste se considera no vigente en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que refiere: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Esto es, la jurisprudencia invocada se integró conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la que, en su artículo 114, fracción IV, disponía: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". Como se advierte del precepto transcrito, en su texto no se estableció lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, sino que fue en la labor jurisprudencial que se definieron los alcances de ese concepto, en donde se comprendió no solo a los actos que afectaban derechos sustantivos sino también procesales de afectación predominante o superior para el agraviado. Así fue que surgieron diversos criterios, entre otros, el contenido en la jurisprudencia 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en la que se llegó a determinar que, de manera excepcional, también procedía el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad, pues aun cuando estas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, siendo que esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Otro criterio que surgió, tomando como referencia lo que, a la luz del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, debía entenderse como actos de ejecución de imposible reparación, es el preinvocado 1a./J.106/2004, en el que, como quedó asentado, se reiteró que conforme a la evolución jurisprudencial de ese concepto por actos de imposible reparación debían considerarse: 1) los que afecten directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, y 2) los actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el legislador decidió establecer los alcances del término "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; por tanto, resulta innecesario acudir a la interpretación jurisprudencial surgida conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya que en la legislación vigente no se contempló a los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, como de imposible reparación, solo aquellos que sí afectan estos últimos. Por lo anterior, es que no se considera vigente en su aplicación, la jurisprudencia citada en último término (1a./J.106/2004), al no colmar lo dispuesto expresamente en el artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo. A mayor abundamiento, es conveniente citar, que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), de epígrafe: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomó el tema de lo que -de acuerdo a la ley de la materia vigente- debe entenderse por actos de imposible reparación, para lo cual sostuvo: ".Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece lo siguiente: (.) Como puede observase, el precepto legal en cita define qué debe entenderse por actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. - - - - De esta manera -como lo advirtió el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ya citada contradicción de tesis 377/2013-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. - - - - Esa interpretación -el Pleno la dedujo-, de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. - - - - Las consideraciones del Pleno a las que se ha hecho referencia, dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (se reproduce texto). - - - - Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. - - - - De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. En virtud de lo anterior, si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual, podría afirmarse la resolución de segunda instancia, que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales o adjetivos; establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí puedan afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. - - - - De manera que, el análisis de la procedencia del juicio de amparo, en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que se producen en el procedimiento, así como en las cosas y en las personas, lo cual, no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. - - - - Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.". [Destacado no es de origen]. Además, se cita el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, que dio génesis a las tesis de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo" Contradicción de tesis 14/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito. 19 de enero de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Tesis y criterio contendientes: Tesis VII.2o.C.77 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 1832, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver la queja 6/2014. Nota: Las tesis aisladas P. LVIII/2004 y P. LVII/2004 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, páginas 10 y 9, respectivamente. El Tribunal Pleno, el siete de abril en curso, aprobó, con el número 1/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. [Destacado no es de origen]. En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que se comenta, el Alto Tribunal dejó establecido qué actos de autoridad tienen el carácter de irreparables para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, definiendo como tales, en esencia, únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, excluyendo, sin distinción alguna, los relativos a los que producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva (como acontece en el caso), puesto que éstos no necesariamente llegan a trascender al resultado del fallo; de ahí que nuestro máximo tribunal definió que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden considerarse como actos irreparables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, aquellas violaciones procesales, incluso, de afectación predominante, relevante o superior, como lo pretende evidenciar la recurrente. De ahí que, aun cuando la parte quejosa sustente su disconformidad en el estado de indefensión que le irroga la resolución reclamada, primordialmente, por considerar que los efectos de la reposición del procedimiento repercuten directamente en sus derechos, al ordenar dejar insubsistente todo lo actuado a partir del auto de doce de junio de dos mil diecisiete, quedando subsistente la parte donde se tiene a los demandados por dando contestación a la demanda entablada, por oponiendo excepciones y defensas, exhibiendo diversas documentales y acusándosele de rebeldía a la actora a efecto de que no modifique su demanda, se insiste, no se está en presencia de un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Es de esta manera porque en la determinación del juez civil, que a su vez fue confirmada por el magistrado responsable, medularmente se asentó que dadas las circunstancias particulares de los hechos alegados en la demanda y su contestación -en relación a la acción de responsabilidad civil objetiva intentada-, se estaba en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, por lo a fin de resolver sobre el fondo del asunto era indispensable llamar a juicio a Sandra Chávez Torres -propietaria del vehículo involucrado en el siniestro-; de ahí que el efecto de la reposición lo era a partir del proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, quedando subsistente la contestación de demanda. Como se observa, por sí sola, la reposición del procedimiento no afecta de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo, ya que dadas las circunstancias particulares del caso, únicamente se ordenó llamar a juicio a una persona que no fue parte y correlativamente se dejó subsistente la contestación ya efectuada por la parte demandada ya incorporada al proceso, de manera que no se está en presencia del supuesto de excepción que indica la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a) precitada. Bajo este mismo razonamiento, se considera que el hecho de que se dejara subsistente la contestación de la demanda, únicamente se trata de una afectación procesal que, en este caso concreto, de ninguna manera puede estimarse irreparable. Así, al no reunirse los requisitos indispensables para considerar la procedencia de este juicio de amparo, en términos de lo que dispone la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, interpretada a contrario sensu, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, tal como lo dispone el artículo 63, fracción V, de la normativa aludida. En similares condiciones resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del Amparo en Revisión Administrativo 6/2019. Ante la improcedencia aquí decretada, es técnicamente imposible analizar las cuestiones de fondo planteadas por la impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y Guillermo Martínez Campos, contra los actos que reclamaron a la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 181/2019-III promovido por Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y Guillermo Martínez Campos, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve ante la autoridad señalada como responsable, recibido el siete de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, Esperanza Manríquez Villanueva en cuanto apoderada de Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y de Guillermo Martínez Campos, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "IV.-ACTO RECLAMADO.-La sentencia definitiva de fecha 10 diez de enero del año 2019 dos mil diecinueve, notificada por instructivo con fecha 11 once de enero del año 2019, dictada por el C. Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del Toca de Apelación I-363/2018, proveniente del Juicio Ordinario Civil número 474/2017 que sobre Responsabilidad Civil Objetiva y otras prestaciones promovieron Irma Hernández Velázquez, Pilar Hernández Velázquez y María del Carmen Hernández Velázquez frente a Guillermo Martínez Campos e Ignacio López Servín, en su carácter de presidente de la empresa denominada Autotransportes Cuenca de la Laguna de Cuitzeo S.A. de C.V. dentro del Juicio ordinario civil 474/2017, Ante el Juez Tercero En Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia Michoacán,". En ese ocurso la parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio las garantías individuales que contemplan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Por razón de turno, el asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito bajo el expediente 123/2019 de su índice, órgano pluripersonal anotado que, mediante resolución plenaria de catorce de febrero de dos mil diecinueve, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común. TERCERO. Avocamiento y trámite del juicio. Por auto de uno de febrero de dos mil diecinueve este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto bajo el progresivo 181/2019; sin embargo, toda vez que en el ocurso constitucional se observaron algunas omisiones en cuanto a las exigencias que establece el artículo 108 de la Ley de Amparo, se previno a la parte promovente para que las subsanara. Solventado lo anterior, mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda sin que hubiese sido necesario requerir a la responsable de su informe justificado al ya obrar dentro de autos, de manera que éste se puso a la vista de las partes y se ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este órgano federal. En el mismo auto se reconoció el carácter de tercero interesadas a Irma, Pilar y María del Carmen, todas de apellidos Hernández Velázquez, en términos de lo que dispone el inciso b) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, sin que haya sido necesario ordenar su emplazamiento dado que ello fue efectuado por la autoridad responsable y oportunamente éstas se apersonaron al sumario. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La resolución de diez de enero de dos mil diecinueve dictada dentro del toca I-363/2018, que confirma la sentencia pronunciada el quince de octubre de dos mil dieciocho, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil 474/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; determinación anterior en la que, en esencia, el juez de primer grado ordenó la reposición del procedimiento por actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia el acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos del juicio ordinario civil 474/2017 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como las diversas constancias que integran el Toca I-363/2018 del índice de la responsable, en donde particularmente se observa la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve que se reclama en este juicio constitucional. Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Lo anterior, en términos de las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no tiene la naturaleza de imposible reparación para efectos del juicio de garantías. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De lo anterior se colige que el legislador estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y precisó en forma específica qué tipo de actos encuadran en esta hipótesis normativa, siendo estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí que, puede afirmarse, que con esta aclaración el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Sobre el tema de los actos de imposible reparación, en la ejecutoria a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordó el estudio del alcance del término establecido por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que delimita actualmente los actos de imposible reparación. El Pleno del Alto Tribunal determinó que, a raíz de la publicación de la actual Ley de Amparo, se precisaron dos condiciones para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio: - La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, y en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento; momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, esta interpretación permite deducir las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. De aceptar la procedencia del amparo que se intenta contra la determinación de que se trata, se entendería que cualquier violación procesal podría ser combatida a través del juicio de amparo indirecto, lo que no es posible de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 107 referido relativas a la procedencia del juicio de amparo biinstancial. En ese contexto, la resolución reclamada de segunda instancia que confirma la sentencia que ordena la reposición del procedimiento, al considerar que se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta materialmente los derechos sustantivos de la quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior, ya que en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión, o la propiedad, ya que sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre la relación jurídica procesal con las partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente, lo que en todo caso sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, si la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento, eventualmente podría serle favorable y en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario que proceda. Se insiste, porque las consecuencias del acto que se reclama solamente se traducen en que se reponga el procedimiento, se llamé al litisconsorte no llamados a juicio y continúe el mismo por todas sus etapas procesales, por lo que se considera que tal acto no es de imposible reparación para los efectos del amparo indirecto, conforme lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Ahora, esta potestad federal no pasa desapercibido el criterio jurisprudencial 1a./J.106/2004 intitulado: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO"; sin embargo, éste se considera no vigente en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que refiere: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Esto es, la jurisprudencia invocada se integró conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la que, en su artículo 114, fracción IV, disponía: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". Como se advierte del precepto transcrito, en su texto no se estableció lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, sino que fue en la labor jurisprudencial que se definieron los alcances de ese concepto, en donde se comprendió no solo a los actos que afectaban derechos sustantivos sino también procesales de afectación predominante o superior para el agraviado. Así fue que surgieron diversos criterios, entre otros, el contenido en la jurisprudencia 4/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO", en la que se llegó a determinar que, de manera excepcional, también procedía el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad, pues aun cuando estas son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, siendo que esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Otro criterio que surgió, tomando como referencia lo que, a la luz del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, debía entenderse como actos de ejecución de imposible reparación, es el preinvocado 1a./J.106/2004, en el que, como quedó asentado, se reiteró que conforme a la evolución jurisprudencial de ese concepto por actos de imposible reparación debían considerarse: 1) los que afecten directa e inmediatamente derechos sustantivos protegidos por las garantías individuales, y 2) los actos procesales que afectan a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el legislador decidió establecer los alcances del término "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; por tanto, resulta innecesario acudir a la interpretación jurisprudencial surgida conforme a la Ley de Amparo abrogada, ya que en la legislación vigente no se contempló a los actos procesales que no afectan derechos sustantivos, como de imposible reparación, solo aquellos que sí afectan estos últimos. Por lo anterior, es que no se considera vigente en su aplicación, la jurisprudencia citada en último término (1a./J.106/2004), al no colmar lo dispuesto expresamente en el artículo 107, fracción V, de la vigente Ley de Amparo. A mayor abundamiento, es conveniente citar, que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), de epígrafe: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retomó el tema de lo que -de acuerdo a la ley de la materia vigente- debe entenderse por actos de imposible reparación, para lo cual sostuvo: ".Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece lo siguiente: (.) Como puede observase, el precepto legal en cita define qué debe entenderse por actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. - - - - De esta manera -como lo advirtió el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ya citada contradicción de tesis 377/2013-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica, en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. - - - - Esa interpretación -el Pleno la dedujo-, de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y, la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. - - - - Las consideraciones del Pleno a las que se ha hecho referencia, dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). (se reproduce texto). - - - - Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. - - - - De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. En virtud de lo anterior, si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual, podría afirmarse la resolución de segunda instancia, que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, tiene efectos meramente procesales o adjetivos; establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los cuales los efectos de una reposición del procedimiento sí puedan afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. - - - - De manera que, el análisis de la procedencia del juicio de amparo, en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que se producen en el procedimiento, así como en las cosas y en las personas, lo cual, no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. - - - - Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva.". [Destacado no es de origen]. Además, se cita el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015, que dio génesis a las tesis de rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2011428 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 1/2016 (10a.) Página: 15 "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo" Contradicción de tesis 14/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito. 19 de enero de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Tesis y criterio contendientes: Tesis VII.2o.C.77 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 1832, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver la queja 6/2014. Nota: Las tesis aisladas P. LVIII/2004 y P. LVII/2004 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, páginas 10 y 9, respectivamente. El Tribunal Pleno, el siete de abril en curso, aprobó, con el número 1/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 15 de abril de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 18 de abril de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. [Destacado no es de origen]. En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis que se comenta, el Alto Tribunal dejó establecido qué actos de autoridad tienen el carácter de irreparables para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, definiendo como tales, en esencia, únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, excluyendo, sin distinción alguna, los relativos a los que producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva (como acontece en el caso), puesto que éstos no necesariamente llegan a trascender al resultado del fallo; de ahí que nuestro máximo tribunal definió que, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no pueden considerarse como actos irreparables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, aquellas violaciones procesales, incluso, de afectación predominante, relevante o superior, como lo pretende evidenciar la recurrente. De ahí que, aun cuando la parte quejosa sustente su disconformidad en el estado de indefensión que le irroga la resolución reclamada, primordialmente, por considerar que los efectos de la reposición del procedimiento repercuten directamente en sus derechos, al ordenar dejar insubsistente todo lo actuado a partir del auto de doce de junio de dos mil diecisiete, quedando subsistente la parte donde se tiene a los demandados por dando contestación a la demanda entablada, por oponiendo excepciones y defensas, exhibiendo diversas documentales y acusándosele de rebeldía a la actora a efecto de que no modifique su demanda, se insiste, no se está en presencia de un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Es de esta manera porque en la determinación del juez civil, que a su vez fue confirmada por el magistrado responsable, medularmente se asentó que dadas las circunstancias particulares de los hechos alegados en la demanda y su contestación -en relación a la acción de responsabilidad civil objetiva intentada-, se estaba en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, por lo a fin de resolver sobre el fondo del asunto era indispensable llamar a juicio a Sandra Chávez Torres -propietaria del vehículo involucrado en el siniestro-; de ahí que el efecto de la reposición lo era a partir del proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, quedando subsistente la contestación de demanda. Como se observa, por sí sola, la reposición del procedimiento no afecta de manera directa o inmediata algún derecho sustantivo, ya que dadas las circunstancias particulares del caso, únicamente se ordenó llamar a juicio a una persona que no fue parte y correlativamente se dejó subsistente la contestación ya efectuada por la parte demandada ya incorporada al proceso, de manera que no se está en presencia del supuesto de excepción que indica la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a) precitada. Bajo este mismo razonamiento, se considera que el hecho de que se dejara subsistente la contestación de la demanda, únicamente se trata de una afectación procesal que, en este caso concreto, de ninguna manera puede estimarse irreparable. Así, al no reunirse los requisitos indispensables para considerar la procedencia de este juicio de amparo, en términos de lo que dispone la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, interpretada a contrario sensu, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, tal como lo dispone el artículo 63, fracción V, de la normativa aludida. En similares condiciones resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en sesión de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del Amparo en Revisión Administrativo 6/2019. Ante la improcedencia aquí decretada, es técnicamente imposible analizar las cuestiones de fondo planteadas por la impetrante, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables que con antelación se precisaron. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia que se transcribe: Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Autotransportes Cuenca de la laguna de Cuitzeo, S.A. de C. y Guillermo Martínez Campos, contra los actos que reclamaron a la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. DESAHOGA PREVENCIÓN. Visto el escrito signado por Esperanza Manríquez Villanueva, apoderada de la persona moral quejosa "AUTOTRANSPORTES CUENCA DE LA LAGUNA DE CUITZEO S.A. DE C.V.", y la persona física Guillermo Martínez Campos, mediante el cual, en atención a la prevención que le fue formulada mediante proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, manifiesta que los hechos y abstenciones en los que funda su escrito inicial de demanda lo son bajo protesta de decir verdad; asimismo, exhibe copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado con el mismo a las partes. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Consecuentemente, admítase la demanda de amparo promovida por Esperanza Manríquez Villanueva, apoderada de la persona moral quejosa "AUTOTRANSPORTES CUENCA DE LA LAGUNA DE CUITZEO S.A. DE C.V.", y la persona física Guillermo Martínez Campos, contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con veinte minutos del cuatro de abril de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Sin que se estime necesario requerir a la autoridad responsable su informe justificado respecto del acto reclamado por la parte quejosa, pues este ya obra agregado a los autos; en tanto que las constancias que sustentan el mismo, obran en cuaderno de pruebas por separado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERAS INTERESADAS. Se reconoce el carácter de terceras interesadas a Irma, Pilar y María del Carmen, todas de apellidos Hernández Velázquez; respecto de quien se estima innecesario proveer en relación a su emplazamiento, pues ello ya se hizo por conducto de su apoderado Tiburcio Maldonado Medina, el uno de febrero del año en curso, como consta del acta que al efecto levantó la Notificadora adscrita a la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SE TIENE A TERCERAS INTERESADAS APERSONÁNDOSE DENTRO DEL JUICIO. Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se reservó proveer en relación al contenido del escrito presentado por las terceras interesadas de mérito, hasta en tanto la parte quejosa diera cumplimiento a la prevención que le fue formulada en autos. Ahora, como lo anterior ya aconteció, con fundamento en los artículos 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a Irma, Pilar y María del Carmen, todas de apellidos Hernández Velázquez apersonándose dentro de los presentes autos como terceras interesadas. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Asimismo, se tiene como domicilio de las terceras interesadas de que se trata, para oír y recibir notificaciones, el marcado con el número 909, interior 2, de la calle Virrey de Mendoza en la colonia Ventura Puente de esta ciudad y como sus autorizados para tal efecto a Tiburcio Maldonado Medina, Damián Hernández Camacho, Miriam Sosa Sixtos y Adriana Prado Cisneros; en el entendido de que únicamente a los dos primeros, lo es con la plenitud de facultades contenidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que, como se desprende de la certificación secretarial que encabeza el presente proveído, después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que existe registro de las cédulas profesionales que acreditan que se encuentran facultados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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