Guillermo Machorro Rivera

Expediente 452/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
452/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Machorro Rivera
  • Juez de Control Adscrito Al Juzgado de Oralidad Penal Y Ejecución Región Judicial Centro Sede En la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. I. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 452/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Guillermo Machorro Rivera; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Guillermo Machorro Rivera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, Apartado B y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Guillermo Machorro Rivera, con el número de juicio de amparo indirecto 452/2021; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) ÚNICO. Precise a cuál Juez es a quién le adjudica el acto reclamado, siendo que la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se encuentra conformada por diversos Jueces que conocen de específicas carpetas judiciales administrativas. (.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual llevó a cabo tal desahogo, por lo que en comparecencia del quejoso ante el suscrito juzgador, el veintisiete de mayo del presente año, ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención, por lo que en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintitrés de junio del año en curso, se difirió la audiencia constitucional y se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el impetrante de garantías Guillermo Machorro Rivera, reclama lo siguiente: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra, dentro de la carpeta de investigación 519/2020/UDS; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Ana Alicia Ponce Frías), por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 2 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Enrique López Criollo) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Aarón Hernández Chino) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 5 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Rosalba Elena Zárate Herrera) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Javier Vázquez Fernández) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 7 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Idalia Arciniega Arias) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Rosa Aurora Espejel Prado) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (María Guadalupe Muñoz Pérez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Mirian Huerta Lechuga) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Magally Escamilla Rodríguez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 12 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (José Álvaro Sarmiento Márquez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 13 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso. Niega. 14 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega. 15 Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), en el informe justificado que rindió, en nombre de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro: 1. Ana Alicia Ponce Frías, 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 3. Enrique López Criollo, 4. Aarón Hernández Chino, 5. Rosalba Elena Zárate Herrera, 6. Javier Vázquez Fernández, 7. Idalia Arciniega Arias, 8. Rosa Aurora Espejel Prado, 9. María Guadalupe Muñoz Pérez, 10. Mirian Huerta Lechuga, 11. Magally Escamilla Rodríguez y 12. José Álvaro Sarmiento Márquez), haya hecho del conocimiento de esta potestad federal, que en el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, a su cargo, se encuentra registrada la causa penal 1249/2021/PUEBLA, la cual se radicó con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la solicitud del Agente del Ministerio Público (sic), para citar a audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Guillermo Machorro Rivera, por su probable participación en hechos con apariencia de delito de violencia familiar y lesiones dolosas, previstos y sancionados por los artículos 284 Bis, 305, 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Laura Emma Armas Arana. Razón por la cual, se señalaron las nueve horas con treinta minutos, del once de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia en cuestión, en la que quedó debidamente citado el aludido quejoso, y las partes intervinientes; la cual se aperturó en la fecha y hora señaladas para su celebración, empero, en atención a los motivos expuestos por la autoridad oficiante, en el informe de referencia, dicha audiencia de formulación de imputación, se difirió para las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Empero, dado el estado procesal que guarda la causa penal 1249/2021/PUEBLA (diferimiento audiencia de formulación de imputación), es inconcuso, que no se ha emitido alguna orden de aprehensión en contra del quejoso Guillermo Machorro Rivera, de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Guillermo Machorro Rivera, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a las demás partes; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscritoAsí lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ante Martha Graciela Lemus Barajas, secretaria quien autoriza y da fe. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 452/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Guillermo Machorro Rivera; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma fecha, en archivo digital, a este Juzgado de Tercero Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Guillermo Machorro Rivera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de 1. Ana Alicia Ponce Frías, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, y otras autoridades. El quejoso narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, Apartado B y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Guillermo Machorro Rivera, con el número de juicio de amparo indirecto 452/2021; y se previno al quejoso para que diera cumplimiento a lo siguiente: "(.) ÚNICO. Precise a cuál Juez es a quién le adjudica el acto reclamado, siendo que la Casa de Justicia de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, se encuentra conformada por diversos Jueces que conocen de específicas carpetas judiciales administrativas. (.)". Una vez que el referido quejoso desahogó la vista en cuestión, en auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó la ratificación del escrito mediante el cual llevó a cabo tal desahogo, por lo que en comparecencia del quejoso ante el suscrito juzgador, el veintisiete de mayo del presente año, ratificó el contenido y la firma que fue plasmada en el ocurso de desahogo de la prevención, por lo que en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintitrés de junio del año en curso, se difirió la audiencia constitucional y se señalaron las nueve horas con cuarenta minutos del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el impetrante de garantías Guillermo Machorro Rivera, reclama lo siguiente: 1. La orden de aprehensión emitida en su contra, dentro de la carpeta de investigación 519/2020/UDS; y, 2. Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, y por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora bien, el quejoso atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Ana Alicia Ponce Frías), por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 2 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 3 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Enrique López Criollo) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 4 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Aarón Hernández Chino) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 5 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Rosalba Elena Zárate Herrera) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 6 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Javier Vázquez Fernández) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 7 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Idalia Arciniega Arias) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 8 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Rosa Aurora Espejel Prado) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 9 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (María Guadalupe Muñoz Pérez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 10 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Mirian Huerta Lechuga) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 11 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (Magally Escamilla Rodríguez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 12 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro (José Álvaro Sarmiento Márquez) por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos). Niega. 13 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Ciberacoso. Niega. 14 Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega. 15 Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega. Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí que no existan los actos reclamados. Por tanto, correspondía al quejoso la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en este juicio, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho relativo a que la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), en el informe justificado que rindió, en nombre de los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro: 1. Ana Alicia Ponce Frías, 2. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 3. Enrique López Criollo, 4. Aarón Hernández Chino, 5. Rosalba Elena Zárate Herrera, 6. Javier Vázquez Fernández, 7. Idalia Arciniega Arias, 8. Rosa Aurora Espejel Prado, 9. María Guadalupe Muñoz Pérez, 10. Mirian Huerta Lechuga, 11. Magally Escamilla Rodríguez y 12. José Álvaro Sarmiento Márquez), haya hecho del conocimiento de esta potestad federal, que en el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro, a su cargo, se encuentra registrada la causa penal 1249/2021/PUEBLA, la cual se radicó con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la solicitud del Agente del Ministerio Público (sic), para citar a audiencia de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Guillermo Machorro Rivera, por su probable participación en hechos con apariencia de delito de violencia familiar y lesiones dolosas, previstos y sancionados por los artículos 284 Bis, 305, 306, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, todos del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de Laura Emma Armas Arana. Razón por la cual, se señalaron las nueve horas con treinta minutos, del once de mayo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia en cuestión, en la que quedó debidamente citado el aludido quejoso, y las partes intervinientes; la cual se aperturó en la fecha y hora señaladas para su celebración, empero, en atención a los motivos expuestos por la autoridad oficiante, en el informe de referencia, dicha audiencia de formulación de imputación, se difirió para las nueve horas del veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para su verificativo. Empero, dado el estado procesal que guarda la causa penal 1249/2021/PUEBLA (diferimiento audiencia de formulación de imputación), es inconcuso, que no se ha emitido alguna orden de aprehensión en contra del quejoso Guillermo Machorro Rivera, de ahí, que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en este sumario constitucional. CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por el quejoso Guillermo Machorro Rivera, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, así como por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando tercero del presente fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; por lista a las demás partes; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, del que se advierte que mediante proveído de siete de junio del presente año, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable: 14. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, y se dejó a la vista de las partes, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo. En ese orden, tomando en consideración que la notificación -electrónica- al quejoso Guillermo Machorro Rivera respecto del informe justificado de referencia, se tuvo por hecha el once del mes y año en curso, es evidente, que a esta fecha, en que está programada la celebración de la audiencia constitucional, están transcurriendo los ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, dicha audiencia constitucional se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO PRÓXIMO, para que tenga verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191995; misma que a continuación se reproduce: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese electrónicamente al quejoso; y por lista a las demás partes -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. I. INFORME JUSTIFICADO. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por la Juez de Oralidad y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, Karla Ivonne Munguía Olmos, por medio del cual, rinde informe justificado por sí y a nombre de las autoridades responsables: 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Ana Alicia Ponce Frías, 2. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Enrique López Criollo, 4. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Aarón Hernández Chino, 5. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Rosalba Elena Zárate Herrera, 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Javier Vázquez Fernández, 7. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Idalia Arciniega Arias, 8. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Rosa Aurora Espejel Prado, 9. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, María Guadalupe Muñoz Pérez, 10. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Mirian Huerta Lechuga, 11. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, Magally Escamilla Rodríguez; y, 12. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, José Álvaro Sarmiento Márquez. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud que mediante proveído de cuatro de junio del actual, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional, y con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordenó traer a la vista el informe previo de las autoridades responsables citadas en líneas precedentes, rendido por conducto de la Jueza de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Ivonne Munguía Olmos), en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. II. PRUEBAS Por otra parte, con apoyo en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental de la citada autoridad la copia certificada de diversas constancias que obran en la causa penal 1249/2021/PUEBLA, de su índice, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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