Guillermo Luis García o Guillermo García Luis

Expediente 525/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
525/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Luis García o Guillermo García Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el secretario de Acuerdo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este circuito, con residencia en esta población, por el que transcribe el auto de veintisiete de noviembre del presente año, mediante el cual determinó aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Guillermo Luis García o Guillermo García Luis, toda vez que mediante proveído de veintinueve de mayo del año en curso, este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda. Por otra parte, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que el presente cuaderno de antecedentes carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado. Por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hace constar que en el presente cuaderno no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que se concedió la medida cautelar solicitada; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido, este juzgador estima que carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que: procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. en su oportunidad, consérvese en el archivo de valor jurídico el original de este incidente y procédase a la digitalización de la resolución relativa a su otorgamiento. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este incidente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años proceda a su depuración y conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Luis García o Guillermo García Luis, contra actos de los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro correspondiente, bajo el número 525/2017. Ahora bien, en la demanda de amparo, la parte agraviada reclama la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca penal número 41/2017, mediante la cual los magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, modificaron la sentencia dictada en contra el quejoso Guillermo Luis García o Guillermo García Luis, en la causa penal 89/2008, por el juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la parte en que le fue impuesta la pena de prisión, negándole la concesión del beneficio de condena condicional, y su ejecución; además, reclama del juez Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, las consecuencias de dicha resolución, traducidas en el requerimiento formulado a efecto de que se interne voluntariamente en el Centro de Reinserción Social Tres de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con la finalidad de compurgar la pena de prisión, al no habérsele concedido algún beneficio, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la sentencia se librará orden de reaprehensión en su contra. En el caso, este resolutor estima carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto; lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General de la República; y numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, por los siguientes motivos. En efecto, los artículos 34 y 170, de la Ley de la Materia, en lo que interesa establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictadoel acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. ." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. ." De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales se haga valer previamente el recurso ordinario que establezca la ley de la materia, por virtud de la cual puedan ser modificadas o revocadas, y es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Luego, si de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito contra las sentencias definitivas que ponen fin al juicio; ello hace evidente, la competencia para conocer del asunto que se analiza (resolución de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca penal número 41/2017, mediante la cual los magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, modificaron la sentencia dictada en contra el quejoso Guillermo Luis García o Guillermo García Luis, en la causa penal 89/2008, por el juez Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, en la parte en que le fue impuesta la pena de prisión, negándole la concesión del beneficio de condena condicional, y sus consecuencias, traducidas en el requerimiento formulado a efecto de que se interne voluntariamente en el Centro de Reinserción Social Tres de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, con la finalidad de compurgar la pena de prisión, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a la sentencia se librará orden de reaprehensión en su contra), corresponde a un Tribunal Colegiado en única instancia, consecuentemente, el suscrito declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de mérito, y estima radica en el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. En apoyo al o anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 123/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, que aparece en la página 2226 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONDENA CONDICIONAL. CONTRA SU DENEGACIÓN EN SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. SI ESA DENEGACIÓN SE DA EN VÍA INCIDENTAL, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIONES I Y X DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL). De la interpretación gramatical y lógica del citado precepto, se advierte que para el pronunciamiento sobre la condena condicional, el legislador previó que el juzgador, en el ejercicio de esa facultad, determine si la otorga o no en dos momentos: a) al dictar la sentencia de primera o de segunda instancia, ya sea a petición de parte o de oficio; y, b) mediante la vía incidental después de dictada la sentencia de primera o de segunda instancia; oportunidad que obedece a la inadvertencia del condenado o del tribunal. De lo anterior deriva que si en la apelación de la sentencia definitiva se confirma la decisión del juzgador sobre tal beneficio, no es el caso de promover el incidente de que se trata al ya existir resolución sobre ese punto. Así, la fracción X del artículo 90 del Código Penal Federal, conforme a la cual el incidente tiene lugar por inadvertencia del sentenciado o de los tribunales, se da cuando no hubo pronunciamiento al respecto en primera ni en segunda instancias. En consecuencia, cuando en la sentencia definitiva de primera instancia exista pronunciamiento sobre el beneficio de la condena condicional, procede recurrirla en la apelación, y contra la sentencia ejecutoria el acusado puede acudir al juicio de amparo directo. En cambio, cuando el sentenciado solicita el beneficio de la condena condicional en vía incidental, contra la resolución del juez procede apelación, pero en este caso, en contra de lo que se resuelva en la segunda instancia, procede amparo indirecto en cualquier tiempo por tratarse de una interlocutoria." Por lo tanto, con fundamento en lo que establece el artículo 47 de la Ley de Amparo, y por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, se ordena remitir la demanda original y siete copias de la misma, para que en caso de considerarlo procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la demanda de garantías, así como autorizadas en términos del artículo 12, primer párrafo, a las personas que se señalan. Por otra parte, hágase saber al promovente que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puede oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión publica de las resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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