Guillermo López Villaseñor

Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Guillermo López Villaseñor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la constancia elaborada por el actuario de la adscripción, de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, en la cual asentó que una vez constituido en el Centro Penitenciario Aguaruto, estando presente el quejoso ********************, le notificó personalmente el contenido de los autos de doce, trece y diecisiete de julio, todos del año en curso, y ante la presencia judicial expresó: "es mi Deceo desistirme del presente Juicio de Amparo, lo anterior lo ago libre de toda coaccion", y firmó al calce. Al respecto, se estima conveniente formular las siguientes precisiones en torno a la figura jurídica del desistimiento. En materia de amparo, el desistimiento de la demanda se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (.)". Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo se encuentra previsto como una causal de sobreseimiento, siempre y cuando la parte quejosa manifieste su deseo de desistirse, por lo que el desistimiento de la demanda de amparo implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que el quejoso manifieste su deseo de desistir del presente juicio, lo que aconteció dado que el promovente lo hizo ante la presencia judicial de funcionario público, como lo es el actuario judicial adscrito a este juzgado federal, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. Tiene aplicación por identidad de razón, la jurisprudencia 119/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página 295, del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". En el caso, se tiene que ********************, en el momento en que se le notificaron los autos de doce, trece y diecisiete de julio, todos del año en curso, manifestó ante la presencia judicial del actuario que era su deseo desistir del presente juicio de amparo, libre de toda coacción, tal como se constata de la diligencia de notificación aludida que obra agregada en autos, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que el promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se tiene a ********************, por desistido expresamente del presente juicio de amparo, por lo cual se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente expediente. En atención a lo determinado con antelación, se deja sin efectos la diligencia programada para el desahogo de la prueba de inspección judicial para las diez horas trece minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés, así como la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del once de agosto de este año. En ese contexto y toda vez que no procede la retractación de la parte quejosa de su desistimiento, con fundamento en el artículo 356 fracción III del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que este proveído ha causado estado. Resulta aplicable por las razones que informa la jurisprudencia 2a./J. 161/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 687, registro 163160, de rubro y contenido siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Sin que obste para ello el hecho de que aún no se ha notificado a las demás partes el sobreseimiento, pues sus consecuencias únicamente afectan al promovente. Por tanto, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo que deberá hacerse del conocimiento a las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad. Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no tiene relevancia documental, ni valor jurídico, por tanto, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese el oficio CPA/DIR/0455/2023, recibido por correo electrónico y signado por el Director del Centro Penitenciario Aguaruto, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento de trece de julio del año en curso, informa que giró instrucciones al Encargado del Departamento Médico de ese Centro Penitenciario, para que se tomen las medidas pertinentes y el directo agraviado *** (aquí quejoso) reciba la atención médica que requiere, y remite la valoración médica emitida por el *******. Con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, téngase por exhibida la prueba documental que acompaña a su oficio, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Agréguese el escrito firmado electrónicamente por ********************, defensor público federal de ********************, mediante el cual, por los motivos que expone, pide que las notificaciones que se realicen al amparista, que el actuario se cerciore de que dicho quejoso se conduce o habla con total libertad y sin coacción alguna. Asimismo, el promovente manifiesta que no le fue notificado el auto de once de julio de dos mil veintitrés, no obstante de haberlo solicitado, incluso, que no tiene acceso a dicho acuerdo, pues únicamente le aparecen visualizados los autos de doce y trece del mes y año en curso, por lo que solicita se hagan las gestiones necesarias a efecto de que tenga acceso al auto de once de julio de dos mil veintitrés. Por último, ofrece la prueba de inspección judicial, para efecto de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional dé fe sobre la existencia de lesiones en el quejoso. Atento a lo anterior, se instruye al actuario adscrito a este juzgado, para que en toda notificación que practique a ********************, verifique que las manifestaciones que en su caso realice dicho quejoso, las haga libre de toda coacción. Por otra parte, referente a que no se le ha notificado al promovente el auto de once de julio de dos mil veintitrés, a pesar de haberlo solicitado, dígasele que dicho acuerdo se ordenó y fue notificado mediante lista, pues aun cuando solicitó que las notificaciones en este asunto se le realicen de manera electrónica bajo el usuario que proporcionó, la elección de esta modalidad debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan por medio de lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Por otro lado, atendiendo las manifestaciones de imposibilidad de visualizar el auto de once de julio del año en curso; el secretario actuante verificó y constató que el promovente sí está autorizado para tener acceso al expediente electrónico bajo el usuario que proporcionó, asimismo que los autos de once, doce y trece del mes y año en curso, sí se visualizan en el expediente electrónico; no obstante lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico (SISE) de este órgano jurisdiccional, para que verifique la existencia de algún problema que impida al promovente tener acceso al expediente electrónico, en específico consultar el auto de once de julio del año en curso, y de ser así, lleve a cabo las gestiones necesarias a fin de corregir la problemática detectada. En cuanto a la prueba de inspección judicial que ofrece, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 161, 162, 163 y 164 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se admite dicha probanza en los términos de su ofrecimiento, limitándose el actuario a dar fe de lo que pueda ser apreciado por medio de los sentidos; y para su desahogo se señalan las diez horas trece minutos del veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Ahora bien, como el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Aguaruto, con residencia en esta ciudad, gírese oficio al Director de dicho centro penitenciario, a efecto de que en la fecha y hora señalada con antelación, permita el acceso al actuario de la adscripción y proporcione una área privada adecuada para que pueda desarrollarse esa probanza, tomando en cuenta que dicha prueba tiene como fin dar fe de lesiones, que en su caso presente en el área de los glúteos el mencionado ********************; lo anterior sin perjuicio de las medidas de seguridad indispensables que deben observarse por ese centro penitenciario, para salvaguardar la integridad de toda persona. En otro contexto, agréguese sin mayor proveído el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Director del Centro Penitenciario Aguaruto, con residencia en esta ciudad, toda vez que en auto de trece de julio del año en curso, se tuvo por rendido el citado informe -recibido por correo electrónico- y se acordó lo conducente. Finalmente, como el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Aguaruto, con residencia en esta ciudad, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), se ordena al actuario de la adscripción, para que le notifique personalmente los autos de doce y trece de julio del año que transcurre, así como del presente proveído, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la diligencia de once de julio de dos mil veintitrés, practicada por el actuario de la adscripción, de la cual se advierte que el directo agraviado **, ratificó la demanda de amparo promovida en su favor contra actos del Director del Centro Penitenciario Aguaruto, con residencia en esta ciudad. Se admite la demanda. No se forma incidente de suspensión, toda vez que en auto de once de julio de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los actos reclamados. Se señalan las diez horas con diez minutos del once de agosto de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá en la sentencia respectiva una medida de apremio, equivalente a cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo Constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; acorde con el artículo 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. Dese a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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