Guillermo León Díaz

Expediente 1441/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1441/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Guillermo León Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA: Visto el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión administrativo 589/2018 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo indirecto 1061/2017; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber a las partes que el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, desechó el recurso de revisión interpuesto por el Síndico Municipal, Director de Tránsito Municipal y Jefe de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, y en la materia de la revisión confirmó la sentencia recurrida, y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. Ahora, tomando en consideración que en el presente juico se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa JOSÉ CONCEPCIÓN MORA NOLASCO; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Consejo Técnico de Carrera Policial del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit y a la Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, con sede en Valle de Banderas, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia, apercibidos que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se harán acreedores a una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, como se aprecia de autos y a fin de evitar que las comunicaciones oficiales que se giren con motivo del presente acuerdo a las autoridades responsables Consejo Técnico de Carrera Policial del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y Notificadora Comisionada adscrita a dicho Consejo, sean devueltas por el Administrador Postal de Correos, con sede en esta Ciudad, hágase entrega de las mismas por conducto de su superior jerárquico Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, con sede en Valle de Banderas, a fin de que dichas autoridades responsables tengan conocimiento del presente acuerdo; en la inteligencia de que el mencionado Síndico Municipal deberá remitir a este Juzgado las constancias con las que justifique que hizo entrega a las citadas autoridades los aludidos oficios; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le aplicará una multa de diez Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme lo dispone la fracción I del arábigo 237 de la Ley de Amparo. Por último, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término que se le concedió mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Presidente Suplente del Comité Técnico de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad de Tepic; aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obren en autos. Luego, tomando en consideración este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso CONRADO FLORES PÉREZ para los efectos siguientes: 1. Las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del peticionario el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y se abstuvieran de aplicarlos en su contra, hasta en tanto sean reformados los contenidos de esos preceptos. 2. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hizo extensiva al acto de aplicación de la misma, por tanto, la autoridad responsable ejecutora Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, debería dejar insubsistente el oficio de trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual hace del conocimiento a la parte quejosa, el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio; y por tanto, deberían realizar uno nuevo en el cual dieran un trato igual al quejoso a aquel que señala la tabla que establece el artículo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres y, por tanto, debería recibir una pensión que conforme a la tabla del citado precepto legal, se otorga a las trabajadoras que se ubican en la misma hipótesis. 3. Igualmente, las citadas autoridades deberían pagar al quejoso las diferencias económicas que se generen del porcentaje determinado ("86.66%") y del que constitucionalmente le corresponde, a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. En cumplimiento a ello el Director General y el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficios recibidos en este Juzgado de Distrito el cuatro y cinco de junio del año en curso, informaron respectivamente el cumplimiento efectuado al fallo protector y para tal efecto anexaron el oficio número FP:426/2019 (foja 175 y 178, respectivamente), mediante el cual desincorporaron de la esfera jurídica del peticionario el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, asimismo, dejaron sin efecto el oficio de trece de febrero de dos mil dieciocho, en dicho oficio se advierte que queda notificado el quejoso de su contenido. De igual manera, mediante oficio recibido en este Juzgado el trece de junio de dos mil diecinueve, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, informó que realizo el pago al quejoso de las diferencias económicas que se generaron del porcentaje determinado ("86.66%") y del que constitucionalmente le corresponde, a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, para lo cual adjunto comprobante de operación de transferencia bancaria (foja 191), finalmente, mediante oficios recibidos en este Juzgado el veinte de junio de dos mil diecinueve, el Director General y el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad de Tepic, informaron que emitieron un nuevo dictamen de pensión por retiro edad y tiempo de servicio del quejoso en el que dieron un trato igual a la mujer (fojas 196 y 198). En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído, procédase a su depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, a través del cual remite copia certificada de la resolución pronunciada en el recurso de queja 182/2019, relacionado con el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 2436/2018 y devuelve un legajo de copias certificadas relativas a constancias y actuaciones del aludido sumario; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Luego, visto el contenido integral de las constancias y actuaciones que integran los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2436/2018 en que se actúa, de los que se advierte que no obra agregado el sobre o la constancias que acredite que se hubiere presentado en forma electrónica el recurso de queja interpuesto por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, residente en la Ciudad de México, el doce de diciembre de dos mil dieciocho, en contra del auto de treinta de noviembre de la misma anualidad. Por tanto, mediante oficio que se remita vía urgente estafeta, solicítese a la aludida autoridad -Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión-, para que por la misma comunicación, informe a este Órgano Jurisdiccional, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que presentó el citado recurso de queja, así como el medio o vía de comunicación por el cual lo remitió a este Juzgado, a efecto de informarlo de inmediato al Tribunal de Alzada para que a su vez resuelva lo que en derecho sea procedente en el mencionado medios de defensa -queja-. Con apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo requerido dentro del plazo otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el diverso numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en Tepic, para su conocimiento; en la inteligencia de que una vez que sea recepcionada la información requerida, sin demora se hará de su amplió conocimiento. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, por el que el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, remite copia certificada de la demanda de amparo promovida por Aída García García, Defensora Pública Federal del quejoso Guillermo León Díaz, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, y otras autoridades; en virtud de que el mencionado órgano Jurisdiccional, mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida a favor del citado quejoso, por las consideraciones expuestas en la misma; acúsese recibo de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Ahora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo, en relación con el arábigo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, considera que carece de competencia legal para resolver el presente asunto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado. En principio, es pertinente destacar que para que se surta la competencia por razón de la materia a favor de un Órgano Jurisdiccional, debe de atenderse a la naturaleza del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2674, Tomo CIII, del semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZÓN DE LA MATERIA. Para resolver una cuestión de competencia, deben juzgarse los actos reclamados de acuerdo con su naturaleza y no conforme a la interpretación que de ellos haya hecho el quejoso en su demanda de amparo, pues tal criterio podría permitir que, en ocasiones, a un acto esencialmente penal, se le diera carácter administrativo, o viceversa." En ese tenor, el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "ARTÍCULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;." El citado precepto legal parcialmente transcrito establece que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo en que se reclamen resoluciones judiciales en materia penal, esto es, emitidas por autoridades judiciales del orden penal; actos emitidos por cualquier autoridad que afecten la libertad personal y actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o algunos de los que prohíbe el artículo 22, de nuestra Carta Magna, entre otros casos. Además, excluye la posibilidad de que un juez de distrito de amparo especializado en materia penal conozca de los juicios de amparo indirecto donde se reclamen cualquiera de los actos señalados en los artículos 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen los casos que son competencia de los jueces de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, además de que el legislador no puede regular el mismo supuesto en distintas hipótesis normativas. Ahora, cabe precisar que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó los criterios en su momento sostenidos en las jurisprudencias P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de títulos: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA"; y, "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA". En su lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local. En ese sentido, todos los eventos que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la mencionada reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas, generadas de la propia ejecución de la sanción. Por tanto, cualquier controversia que se suscite por parte de los sentenciados, su conocimiento y solución debe corresponder a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal. También congruente con lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 345/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, pronunciada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, implican una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal. Decisión esta última de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 4/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Tomo 4, página 2479, diciembre de dos mil once, de título y texto siguientes: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley". Ahora, si en el presente caso con calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Cuatro "Noroeste", con sede en el Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit, y en ejercicio de sus derechos fundamentales, la promovente reclama de la autoridad penitenciaria (administrativa) la omisión de ordenar el servicio médico a los malestares físicos que padece el referido quejoso, se colige que el acto reclamado incide en la libertad del solicitante de amparo, si se atiende al contexto inherente a su condición de interno en dicho centro de reclusión, del cual se obtiene que a su decir no se le han respetado sus derechos fundamentales referentes a la salud (proporcionarle atención médica y oftalmológica), lo cual repercute, como se dijo, en su libertad personal. Ello, pues en el contexto jurisprudencial analizado, de ser ciertos dichos actos, podrían implicar una restricción a la libertad del quejoso en el entorno referente a su condición de interno en tal centro de reclusión, que atentan contra su libertad personal, pues al encontrarse resintiendo ataques al señalado derecho fundamental (salud), se reduce la que ?dentro de su encierro? podrían tener; es decir, pese a que el quejoso se encuentra recluido, el acto motivo de reclamo puede traer consigo una mayor restricción al derecho fundamental de la libertad de la cual ya es objeto por su situación de recluso. Criterio que igualmente sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil quince, al resolver el conflicto competencial 16/2015, suscitado entre este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, y el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, dentro del juicio de amparo indirecto 2187/2014, cuyo cuaderno de antecedentes del citado juicio en este acto se tiene a la vista y se invoca como un hecho notorio por este Juzgador Federal, y se le concede valor probatorio pleno, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 79, párrafo segundo, 80 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 367, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "HECHOS NOTORIOS, CARACTERÍSTICAS DE LA INVOCACIÓN OFICIOSA DE LOS. De la redacción empleada por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que la invocación de hechos notorios por parte de los tribunales es una facultad establecida en su favor por el legislador, como una herramienta más para que estén en mejor aptitud de dirimir las controversias ante ellos planteadas, que les permite echar mano de hechos que, aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, son lo bastante notorios e importantes como para dilucidar una contienda judicial determinada; esto es, la invocación de hechos notorios no es una obligación, sino una facultad meramente potestativa. Entonces, el empleo de esa facultad queda al arbitrio de los juzgadores, porque la calificación de notoriedad de un hecho cualquiera es una cuestión completamente subjetiva." En ese orden de ideas, atendiendo a esa nueva postura puede arribarse a la conclusión de que en el particular, si el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio de amparo consisten en la omisión de ordenar el servicio médico a los malestares físicos que padece el referido quejoso por parte de las autoridades señaladas como responsables, no hay duda que se ubica en la hipótesis antes señalada, y como consecuencia de ello, corresponde conocer y resolver lo que legalmente corresponda en relación con la demanda de amparo presentada por el quejoso, a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y no a uno en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, como el que resuelve. En ese contexto, como se dijo anteriormente este Juzgado Federal es incompetente en razón de la materia, pues a quien legalmente compete conocer de la demanda que nos ocupa, es a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal. Por otra parte, a fin de evitar daños irreparables en la integridad del promovente, de conformidad con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo se concede al quejoso GUILLERMO LEÓN DÍAZ, la suspensión de plano del acto reclamado que esencialmente hace consistir en: la omisión de ordenar el servicio médico a los malestares físicos que padece el referido quejoso, con la finalidad de que las autoridades responsables de inmediato, en el ámbito de sus atribuciones, le proporcionen a dicho impetrante, la atención médica así como el suministro de medicamentos que necesita para recuperar la salud, y le realice de ser el caso, el diagnóstico y/o cualquier estudio de laboratorio para atender su padecimiento. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de la Materia. Gírense en forma urgente los oficios necesarios para comunicar a las autoridades responsables el contenido del presente proveído. En esa tesitura, previo cuaderno de antecedentes que se integre, mediante atento oficio remítanse los presentes autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en esa materia, a efecto de que resuelva lo conducente en lo atinente a la demanda de amparo en cuestión, a quien se le solicita atentamente informe lo que en derecho resuelva. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el del lugar de su reclusión, esto es, el ubicado en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, Nayarit. En la inteligencia de que, de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Regístrese la demanda de amparo en el Libro de Gobierno con el número 1441/2019. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN SU LUGAR DE RECLUSIÓN.

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