Guillermo Javier Romero Abrego

Expediente 51/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
51/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Javier Romero Abrego

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento Agréguese a los autos el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de diez de febrero de dos mil veintitrés, y remite copia certificada del acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, del cual se advierte que levantó la reserva de trece de julio de dos mil veintidós y acordó lo correspondiente. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo reservado el trece de julio de dos mil veintidós en el juicio laboral ******************** y su notificación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." En ese sentido, de las constancias con las que se da cuenta destaca que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, levantó la reserva de trece de julio de dos mil veintidós y admitió las pruebas ofrecidas por las partes. En ese orden, dado que ha cesado la omisión de la que se duele la parte quejosa, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación del acuerdo recaído a la petición de la parte quejosa; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo la parte quejosa tendrá conocimiento del mencionado proveído. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, número de registro 184572, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las trece horas con veinte minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa con copia del acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad informa y se requiere Agréguese a los autos el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su representación, mediante el cual, en desahogo a lo solicitado el pasado uno de febrero, remite copia certificada del acuerdo de siete de febrero de dos mil veintitrés, del cual se advierte que la parte quejosa dio cumplimiento al requerimiento realizado por la autoridad responsable en el juicio laboral de origen. Considerando lo anterior, y dado que dicha información es insuficiente para que este órgano jurisdiccional resuelva este asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, informe a este Juzgado si una vez cumplido el requerimiento realizado a la parte actora, levantó la reserva reclamada de trece de julio de dos mil veintidós en el juicio laboral ********************. Se apercibe a la autoridad responsable requerida que en caso de ser omisa, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En tales condiciones, y para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada en el presente asunto y se señalan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de febrero de dos mil veintitrés. Autoridad cumple requerimiento. El Titular de la Dirección de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, por conducto de su representación, cumple con el requerimiento efectuado mediante auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, pues informa que en los registros a su cargo no se encontró lo siguiente: *** En ese orden, se toma conocimiento de lo informado para los efectos legales conducentes y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el auto que lo conminó. Se suspende procedimiento. Ahora, visto el estado procesal que guarda el expediente, se advierte que se ordenó una búsqueda oficiosa para advertir algún juicio sucesorio tramitado ante los Juzgados Familiares del Distrito Judicial de Puebla, a efecto de conocer si en la estadística de dichos órganos se encuentra denuncia de sucesión a nombre de los terceros interesados ********************y ********************, sin que dicha búsqueda tuviera resultados favorables. De igual manera, se ordenó una búsqueda para advertir algún testamento relativo a la sucesión a bienes de dichas personas, obteniendo como resultado que, en esta data, el Titular de la Dirección de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla informa que respecto del primero de los nombrados, no existe antecedente alguno, mientras que en relación al segundo de los mencionados existe un registro únicamente. En ese sentido, resulta oportuno tener en consideración el contenido del artículo 16 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto." De lo anterior se advierte que si el tercero interesado fallece y no tiene representación legal en el juicio de amparo indirecto, éste se suspenderá inmediatamente después de que se tenga conocimiento de la defunción. En ese tenor, mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, la parte quejosa informó la imposibilidad que tuvo para realizar la sucesión de bienes a nombre de los terceros interesados ********************y ********************, y realizó diversas manifestaciones relativas a la posible existencia de beneficiarios de las concesiones de los extintos en mención; asimismo, en dicha data se reservó el acuerdo respectivo hasta en tanto el Director General del Archivo de Notarias del Estado de Puebla proporcionara la información solicitada; circunstancia que aconteció el nueve de enero de dos mil veintidós, ordenando dar vista a las parte con lo informado. Luego, el pasado diecisiete de enero, la parte quejosa desahogó dicha vista, por lo cual se recabó diversa información a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla; información que fue proporcionada a este Juzgado en esta propia data. En tales condiciones, en relación con la imposibilidad de localizar a los la parte tercera interesada ********************y ********************, en virtud de haber fallecido, se reitera que se han agotado todos los medios a fin de lograr su emplazamiento al presente juicio de control constitucional, sin que se obtuvieran resultados favorables, por lo que se estima necesario contar con un representante de los mencionados. Por tanto, procede suspender el procedimiento de este juicio de control constitucional, conforme al artículo 16 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "PROCEDIMIENTO, INTERRUPCION DEL, EN EL AMPARO, POR MUERTE DEL ALBACEA DE LA SUCESION QUEJOSA. Conforme al artículo 369 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable atento el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el proceso se interrumpe cuando muere, antes de la audiencia final del negocio, una de las partes, y también cuando muere su representante; así pues, si murió el albacea de la sucesión quejosa, el procedimiento quedó interrumpido, si no tenía representante, es decir, apoderado, reconocido en el juicio de amparo, y como el fallecido albacea es quien representaba a la sucesión, habría que aplicar la regla del artículo 371, y considerar que la interrupción cesará tan pronto como se acredite la existencia de un nuevo representante de la sucesión quejosa, o hasta que haya un nuevo representante procesal. En este sentido, no obsta que hubiera un autorizado para oír notificaciones en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, pues el artículo 15 de dicha ley dice que en caso de fallecimiento del agraviado, su "representante" continuará en el desempeño de su cometido. Pero legalmente el representante es un apoderado, y el autorizado para oír notificaciones no tiene tal carácter, ni puede en rigor llamársele representante. Luego, la caducidad a que se refiere la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo no pudo operar durante la interrupción del procedimiento, pues sería contrario a justicia y a legalidad estimar que el artículo 15 es aplicable al "autorizado" por analogía o por mayoría de razón, ya que el sobreseimiento y la caducidad por inactividad podrán ser sanciones a la negligencia, pero no al fallecimiento de las partes. Por lo demás, si fallece en un caso el albacea de la sucesión quejosa, que era también heredero único, y se apersona al juicio el apoderado de la albacea de la nueva sucesión, la que también es heredera única, la intervención de dicho apoderado es bastante para impulsar nuevamente el procedimiento, ya que el heredero del heredero fallecido es causahabiente de los derechos de éste." Así, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en el presente juicio y se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por ello, se reserva señalar nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con las manifestaciones de la parte quejosa relacionadas con la existencia de posibles beneficiarios de las concesiones de los terceros interesados, indíquese que deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden. Finalmente, se toma conocimiento de su imposibilidad para realizar las denuncias respectivas debido a que los tribunales competentes se encontraban gozando de su segundo periodo vacacional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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