Guillermo Javier Pérez Cerda

Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
185/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Javier Pérez Cerda

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al que adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del citado Tribunal en sesión de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dentro de los autos del conflicto competencial 8/2019. Acúsese recibo correspondiente. Ahora, del contenido del testimonio remitido se advierte que la superioridad resolvió, en lo conducente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juez Séptimo de distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para conocer del juicio amparo 1067/2018, promovido por Guillermo Javier Pérez Cerda.". Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Glósese a los autos el oficio 1722/2019-II, signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, atento a su contenido téngasele informando que insiste en declinar la competencia respecto a la demanda de amparo 1067/2018-II, de su estadística, promovida por Guillermo Javier Pérez Cerda, misma que dio origen a la diversa 185/2019 de este Tribunal, y a fin de resolver la controversia competencial remitió los autos al Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para el efecto de que la superioridad determine a quien compete el conocimiento de la misma de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio 1451/2019-II, signado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, mediante el cual transcribe el acuerdo de veintidós de marzo de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo indirecto 1067-2018-II, de su estadística promovido por Guillermo Javier Pérez Cerda, a través de su defensor público federal Jorge Guerrero Olguín; asimismo, remite las constancias siguientes: Cuaderno de Amparo indirecto 1067/2018-II, del índice del Tribunal oficiante. Cuadernos concluidos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo antes precisado. Informe justificado rendido por la responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con residencia en Reynosa Tamaulipas, al cual anexo copias certificadas de la causa penal 72/2018, de su índice, así como un DVD, con que contiene los registro de audio y video de la causa penal antes señalada. En tales condiciones, y en virtud de que el juicio de amparo de que se habla, fue turnado a este órgano jurisdiccional, regístrese el mismo con el número 185/2019, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, se declaró legalmente incompetente para continuar conociendo respeto a la demanda de amparo 1067/2018-II de su estadística, por lo que, estimó que es al Juez de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, a quien le resulta competencia para conocer de la litis constitucional planteada por la parte quejosa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del mismo se desprende que la oficiante de mérito, se declaró incompetente por las siguientes razones: "Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso reclama de las autoridades responsables: La orden de aprehensión o detención y su ejecución. Por lo que se trata de un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, de ahí que resulte aplicable el párrafo primero del artículo 37 de 18 Ley de amparo. Sobre el particular, la autoridad Judicial responsable al rendir su informe justificado (foja 11 a 13), aceptó la existencia de una Orden de aprehensión en contra del quejoso, emitida el quince de octubre de dos mil dieciocho, dentro del juicio oral 24/2018, relativo a la causa pena! 72/2018 (fojas 28 y 29). I Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 74, fracción III, de esta última ley, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Por lo que, en tratándose de la orden de aprehensión reclamada, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo es aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución o trate de ejecutarse, y en el caso que nos ocupa, como se dijo, el citado acto reclamado debe o trata de ejecutarse en Uruapan Michoacán. Lo anterior, se encuentra corroborado con el contenido del auto de apertura a juicio oral de diez de agosto de dos mil dieciocho (foja 15 a 21), del que se desprende que, como dato personal del hoy quejoso, se cuenta con el domicilio ubicado en calle Prolongación la Fuente, número 17, colonia la Cedrera, en Uruapan. Michoacán; asimismo, del propio auto se aprecia que, atendiendo a dicho domicilio. ( De igual forma, a foja 23 de estos autos, obra copia autenticada, que ya fue valorada en párrafos anteriores, relativa al escrito del defensor público federal del hoy quejoso, dirigido al juez ahora responsable, en el que solicitó; se justifique la inasistencia del hoy quejoso a la audiencia de juicio oral para el nueve de octubre de dos mil dieciocho, y al efecto, exhibió una constancia médica expedida a nombre del amparista (foja 24), el siete de octubre de dos mil dieciocho, por el doctor Mauricio Gómez Zamayoa, de "Farmacias del Ahorro': ubicada en Portal Santos Degollado. 12. Código postal 6000, en Uruapan Michoacán. Por tal motivo, mediante pro e/do de ocho de octubre de dos mil dieciocho (foja 25 a 27) el juez responsable difirió la audiencia de juicio oral para el quince de octubre de dos mil dieciocho, a desahogarse por el método de videoconferencia, girando el exhorto correspondiente al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en tumo; de ahí que se ordenó informar al hoy quejoso que se presentara en dicho juzgado de esa Entidad Federativa, en la fecha señalada para la audiencia de mérito. I Ahora bien, el hoy quejoso no se presentó al desahogo de la audiencia de juicio oral señalada para el quince de octubre de dos mil dieciocho, de ahí que en esa propia fecha se libró la orden de aprehensión reclamada por el quejoso (fojas 28 y 29); ordenándose el cumplimiento de la misma y, para tal efecto, se indicó que su domicilio es el ubicado en calle Prolongación La Fuente, número 17, colonia La Cediera, en Uruapan, Michoacán, con un tiempo de residencia en dicho Jugar de veintinueve años. Lo que deja de manifiesto que, como se anticipó, se cuenta con datos objetivos relativos a que la orden de aprehensión reclamada por el quejoso se trata de ejecutar en Uruapan, Michoacán. I Y, debe agregarse que por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (foja 60), se requirió al quejoso para que expresara si era su deseo señalar con el carácter de autoridad responsable a alguna con residencia en Uruapan, Michoacán, sin que lo haya hecho, Sin embargo, de forma respetuosa este Juzgado no comparte el criterio del homólogo oficiante, pues se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, por las razones que a continuación se exponen. En el caso que nos ocupa, resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: "(.) la Orden de detención, Aprehensión, girada en contra de mi representado Guillermo Javier Pérez Cerda, al parecer porque en diligencia de data 15 de octubre del año en curso, a las 14:30 horas, donde se ventilaba la inasistencia del justiciable de mérito de data 9 nueve del mismo mes y año a las 9:15 horas, por haber presentado una receta médica de fecha 7 de los corrientes, para justificar su cita a la audiencia de juicio oral, instruida por el hecho que la ley señala como delito de contrabando previsto en el artículo 103, fracción II y sancionado en el artículo 104, fracción I, en términos del artículo 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en la diligencia señalada en segundo término, el juez de enjuiciamiento consideró que no se acreditó esa circunstancia, ordenando en términos del artículo 141, fracciones II y III del Código Adjetivo de la materia, para que se girara la orden de aprehensión, para que compareciera pero a través de la fuerza pública el día 15 de Noviembre del año en que se actúa a las 09:15 horas, al juicio oral, respectivamente." Es decir, el promovente reclama a las autoridades responsables: La orden de detención o aprehensión emitida por la autoridad responsable dentro del juicio de origen. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que el suscrito Juez, respetuosamente, no comparte la opinión del declinante y estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso que nos ocupa, resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Lo anterior se sostiene, en virtud de que en el escrito de demanda de amparo se pone de manifiesto que los actos reclamados por la parte quejosa son: la orden de detención y aprehensión decretada en su contra, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Enjuiciamiento en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, así como la posible ejecución de la mencionada orden atribuida al Delegado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tamaulipas, quien también se ubica en la ciudad de Reynosa, sin que pase inadvertido que el promovente de amparo en su escrito inicial de demanda, manifestó en el apartado antecedentes A mi representado Guillermo Javier Pérez Cerda, se le sigue proceso por el delito de contrabando previsto en el artículo 103, fracción II y sancionado en el artículo 104 Fracción I, en términos del artículo 95, fracción II del Código Fiscal de la Federación, de la causa penal # 72/2018 Y que derivo el Juicio Oral # 24/2018, del Centro de Justicia Penal Federal Federal en el Estada de Tamaulipas con residencia en esta ciudad (SIC). Se agotaron las etapas procesales, cierre de la investigación, audiencia intermedia, auto de apertura a juicio oral y citación a juicio oral para que en data 15 de octubre del año en curso a las 14:30 horas, donde se ventilaba la inasistencia del justiciable de mérito de data 9 nueve del mismo mes y año a las 9:15 horas, por haber presentado una receta médica de fecha 7 de los corrientes, para justificar su cita a la audiencia de juicio oral, instruida por el hecho que la ley señala con, delito de contrabando previsto en" el artículo 103, fracción II y sancionado en el: artículo 104 Fracción I, en términos del artículo 95, fracción 11del Código Fiscal de la Federación, en la diligencia señalada en segundo término, el juez de enjuiciamiento considero que no se acredito esa circunstancia, ordenando en términos del artículo 141 Fracciones II y III del código adjetivo de la materia, para que se girara la orden de aprehensión, para que compareciera pero a través de la fuerza pública el día 15 de Noviembre del año en que se actúa a las 09: 15 horas, al juicio oral respectivamente.(.) " Manifestaciones que realizó la promovente de amparo bajo protesta de decir verdad. Ahora, en el caso que nos ocupa no fue señalada ninguna autoridad responsable ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial, del distrito de Uruapan, Michoacán, esto, toda vez que las dos autoridades responsables señaladas tienen sus domicilios en Reynosa, Tamaulipas; por lo que deberá conocer de la demanda el Juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de las autoridades ejecutoras - Reynosa, Tamaulipas -, en virtud de que de existir tal orden de detención o aprehensión, ninguna de ellas podrá cumplimentar lícitamente el mandato que señala como acto reclamado en el ámbito territorial en el que no tiene imperio para ejercer sus funciones. En este orden de ideas, el suscrito juzgador no comparte el criterio del titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en reynosa, pues aún y cuando es verdad que la parte quejosa reside en esta Ciudad de Uruapan, Michoacán (porque así lo advirtió la oficiante, de las constancias que le remitió la autoridad responsable del auto de apertura a juicio oral de diez de agosto de dos mil dieciocho), lo cierto es que para fincar competencia a este Juzgado, se necesitarían agotar dos supuestos: Que el quejoso hubiera asegurado bajo protesta de decir verdad que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado. Que aun cuando no hubiera señalado expresamente que las autoridades ejecutoras tienen residencia en este Distrito Judicial, previa prevención hubiera aclarado su demanda y hecho el señalamiento conveniente. Sin embargo, de los autos del juicio de amparo que se recibe, se advierte que en proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad declinante otorgó la vista respectiva al quejoso Guillermo Javier Pérez Cerda, para que manifestara si era su deseo señalar alguna autoridad como responsable con el carácter de ejecutora en esta Ciudad, sin que la parte quejosa lo hubiera hecho, como posteriormente asentó en diverso auto de once de febrero de dos mil diecinueve; circunstancia esta última (que el quejoso señale autoridad ejecutora en este Distrito Judicial) que es necesaria ya que el sólo domicilio es insuficiente para justificar la competencia pretendida a esta autoridad. Sirve de apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 1ª/J.52/201, de la décima época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 571/2012, cuyo texto y rubro son los siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables.". Lo subrayado es por este Juzgado. Es entonces que la competencia por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, toda vez que éstos ejercen jurisdicción en dicha ciudad, y por las razones siguientes: Dentro de su jurisdicción, radica la autoridad señalada como ejecutora y la promovente del amparo ni en su demanda y tampoco en la vista que le fue otorgada para tal efecto, señaló autoridades responsables ejecutoras de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, esto es, en ningún momento señaló autoridad alguna en la ciudad de Lázaro Cárdenas o que el acto reclamado se encuentre ejecutándose en esta circunscripción territorial, pues como ya se dijo, las autoridades responsables tienen sus domicilios en Reynosa, Tamaulipas; por lo que, deberá conocer de la demanda el juez de Distrito con jurisdicción en el domicilio de la autoridad ejecutora. Ahora bien, contrario a lo que sostiene el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, se actualiza la regla competencial establecida en el primer párrafo artículo 37, de la Ley de Amparo, porque las autoridades responsables señaladas por el quejoso en su demanda de amparo, residen en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que en su punto cuarto, fracción XIX, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, establece que los juzgados de distrito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, ejercerán jurisdicción territorial entre otros, en el distrito judicial de Tamaulipas y no señaló autoridades responsables ejecutoras en el lugar donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Además, dicha autoridad, así como las restantes, residen en la ciudad de Reynosa, sin que en el caso, el domicilio del quejoso sea un factor determinante para fincar la competencia en el juicio de amparo, pues como lo ha señalado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 12/95 de rubro: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. ", el domicilio no es un factor para determinar competente al Juez de Distrito donde se ubica éste, pues adoptar tal criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover la demanda; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar; por ende, al no haber señalado autoridades ejecutoras en el domicilio competencia de este Juzgado, es claro que la competencia para conocer de la demanda de amparo, se surte en favor de la autoridad declinante, ya que la regla también concierne a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del Juez, de lo contrario, como ha quedado plasmado en párrafo anterior, el solo domicilio del amparista es insuficiente para justificar su competencia. En tal virtud, como se adelantó, este órgano de control constitucional, NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA y se ordena devolver los autos al JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON RESIDENCIA EN REYNOSA, y sus anexos, previo cuaderno de antecedentes que se forme, solicitándole el acuse el recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

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