Guillermo Javier Mendoza Galicia

Expediente 1339/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1339/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • Guillermo Javier Mendoza Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que ********************, hubiese recurrido el proveído de diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, se declara que el auto desechatorio de la demanda, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, con fundamento en el artículo 17, de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibida la demanda de amparo presentada a través del sistema electrónico a nombre de ******************** contra los actos que reclama del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno , así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo y 60, del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de las consideraciones siguientes: De la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución General de la República y se reforman y adicionan diversos ordenamientos, de quince de febrero de dos mil once, se advierte que la intención del legislador fue trasladar al ámbito de la justicia constitucional las experiencias positivas que ha generado el uso de las tecnologías de la información en otras materias, así como simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema judicial, otorgando validez a las promociones que se realicen, entre otros medios, con la firma electrónica. Como resultado de lo anterior, de la lectura al artículo 3, de la Ley de la Materia, se advierte que en el juicio de amparo es optativo para el promovente presentar la demanda correspondiente en forma impresa o electrónicamente y en este último caso, se exhibirá utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que fue aprobado mediante sesiones celebradas el veinticinco de noviembre y primero de diciembre de dos mil quince, se regula expresamente, entre otras cuestiones, el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en la tramitación del juicio de amparo electrónico; de la presentación de demandas de amparo indirecto en términos del artículo 15, de la Ley de la Materia y del sistema de recepción, registro, turno y envío de asuntos utilizado por las oficinas de correspondencia común en el juicio de amparo electrónico. Así, el artículo 62, de dicho Acuerdo General, establece que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es un sitio web a través del cual las partes y sus representantes en los juicios de amparo podrán acceder electrónicamente a las oficinas de correspondencia común, así como a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para presentar demandas, recursos y promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en estos. Mientras que el diverso numeral 64, dispone que para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59, de ese Acuerdo General y que se registren en el sistema. Asimismo, el ordinal 65, del mismo cuerpo en consulta, señala que el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que el usuario se registre en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, es dable concluir que para los casos en que se presente una demanda de amparo mediante el sistema electrónico, es necesario que el archivo relativo contenga la firma electrónica ya mencionada, salvo cuando se trate de casos señalados en el artículo 65, del multicitado Acuerdo General. En consecuencia, si la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó mediante el sistema electrónico por ******************** sin que aparezca alguna evidencia criptográfica ya sea al margen, al calce o en alguna otra parte del escrito relativo, que conlleve a demostrar que la misma se firmó electrónicamente como así lo exigen los numerales antes invocados, debe convenirse en que la solicitud de amparo que se formula por dicho medio carece de validez por no estar demostrada la manifestación de voluntad del promovente para acudir al juicio de amparo a través de la vía señalada. Al respecto, resulta aplicable la tesis XIX.1o.A.C.2 K (10a.), visible en la página 3485, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, Décima Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Décimo Noveno Circuito del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SE PRESENTA MEDIANTE EL USO DE UNA FIRMA ELECTRÓNICA DISTINTA DE LA REGULADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL (FIREL), AQUÉLLA NO PUEDE TENER EL EFECTO DE SER EQUIVALENTE A LA AUTÓGRAFA, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. De los artículos 2o., 3o. y 175 de la Ley de Amparo se advierte que en el juicio de amparo es posible presentar la demanda correspondiente con el uso de las tecnologías de la información, mediante la firma electrónica regulada por el Consejo de la Judicatura Federal a través de acuerdos generales. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo directo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada en los tribunales ordinarios; sin embargo, la condicionaron a la suscripción de un convenio entre el Poder Judicial de la Federación y los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo locales y a que: a) Aquél proporcione al órgano respectivo los programas informáticos necesarios; b) Los tribunales referidos reconozcan a la FIREL como el principal mecanismo de ingreso y consulta a los expedientes electrónicos; y, c) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y el tribunal respectivo, emitan una declaratoria al respecto, la que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Periódico Oficial de la entidad política correspondiente. Por tanto, si quien se considere agraviado con alguna sentencia que admita amparo directo, presenta su demanda mediante una firma electrónica distinta de la denominada FIREL, aquélla no puede tener el efecto de ser equivalente a la autógrafa para la procedencia del juicio, aun cuando la autoridad responsable certifique su recepción, ya que aceptar ese acto como válido, implicaría analizar los requisitos de admisibilidad de un juicio federal a la luz de normas y mecanismos locales inaplicables. Esta circunstancia no limita el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues nada impide a los particulares presentar su demanda por escrito, ante la imposibilidad jurídica y material de hacerlo electrónicamente. Sin que el caso, se actualice la excepción prevista por el ordinal 65, del Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en tanto señala que el registro de usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15, de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que si bien el acto de molestia consiste en una orden de arresto, lo cierto es que no se trata de un acto privativo de libertad emitido fuera de procedimiento, ya que el mismo se atribuye al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y Magistrados Titulares de la Primera, Segunda y Tercera Sala del mencionado Tribunal, quienes emiten sus determinaciones dentro de los asuntos sometidos a su conocimiento conforme a la competencia que le es dotada por la Ley de Justicia Administrativa del Estado, particularmente, en los artículos 40 y 44, y por ende, se puede establecer que todos sus actos, incluyendo la orden de arresto que aduce el quejoso han girado en su contra, fue decretada dentro de un procedimiento administrativo. Por tanto, conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 3, 6 y 113, del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, téngase por señalada la lista que se publica en un lugar visible en este Juzgado Federal y de fácil acceso para el público en general como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, y por autorizadas para los mismos efectos a las personas propuestas para tal fin. Lo anterior, en virtud de que no se colman los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en cuanto señala que en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, por lo que no ha lugar a tener a las personas mencionadas por acreditadas en términos amplios. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Con fundamento en los artículos 1 al 9, 12 al 16, 18 al 23, 61 al 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales con motivo de la tramitación de este procedimiento, en la inteligencia de que la falta de oposición hasta antes de la sentencia que dicte este juzgado federal, conlleva el consentimiento de dicha publicación; además, se les hace saber que en el caso de ofrecimiento de documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, siempre que tal clasificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados, pues de lo contrario, no se considerarán con tales características. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y con relación a los ordinales 237, fracción I y 260, fracción I, de la Ley de la Materia: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Notifíquese personalmente.

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