Guillermo Isaias Torres Tello
Expediente 349/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 349/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Guillermo Isaias Torres Tello
Actuaciones
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- Principal
III. Se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas en proveído de dos de septiembre de dos mil veintiuno, sin que haya realizado manifestaciones relativas al cumplimiento del fallo protector realizado por la autoridad responsable; por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver lo que corresponde. En principio, es necesario puntualizar que mediante sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a Guillermo Isaías Torres Tello, respecto del acto que reclamó a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, que fue el siguiente: Procede conceder a Guillermo Isaías Torres Tello, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal responsable, emita el laudo correspondiente en el juicio laboral DIT-328/2013; y se lo notifique personalmente a las partes. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, en proveído de dos de septiembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable, remitiendo copia certificada del laudo dictado el treinta de agosto del año actual, en el expediente DIT-328/2013, de su índice, así como las cédulas de notificación, con las cuales notificó dicha determinación a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas. En este contexto, de las constancias remitidas se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, emitió la resolución en forma de laudo el treinta de agosto del año actual, en el expediente DIT-328/2013, de su índice, resolución que fue notificada a las partes, tal y como se advierte de las constancias que obran en autos. No obstante lo anterior, no se desatienden las manifestaciones realizadas por la autoridad tercera interesada Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Jurídica Zona 2 de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en ausencia de la Directora Jurídica y en representación del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio presentado el ocho de septiembre de este año, en los que solicita que no se tenga por cumplida la sentencia constitucional, ya que refiere que la autoridad responsable no tomó en cuenta que la tercera interesada pertenecía y formada parte de la administración centralizada del Gobierno del Estado por lo que los recursos o ingresos eran proporcionados por el Gobierno del Estado a través de la dependencia correspondiente, por lo que al cambiar de denominación, siendo ahora la Fiscalía General del Estado, no guarda relación laboral alguna con el aquí quejoso, por lo que infiere que le depara perjuicio el laudo emitido por la responsable. Ahora bien, se hace la precisión de que la Litis atendida en este asunto únicamente se circunscribió a la omisión de la responsable de emitir el laudo correspondiente, por tanto, todas las manifestaciones que hace valer en relación al fondo del asunto en cuanto al sentido del laudo, no pueden ser objeto del cumplimiento en virtud de que no fue materia de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, no ha lugar acceder a lo solicitado por la autoridad tercera interesada, en virtud de que dicha inconformidad la puede hacer valer ante la instancia correspondiente, toda vez que ya fue emitida una resolución definitiva por parte de la autoridad responsable, lo cual no fue materia de la litis de este asunto, por ende, al haberse cumplido a cabalidad la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, es inconcuso que la responsable acató los lineamientos del fallo constitucional y al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA.
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III.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad tercera interesada Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Jurídica Zona 2 de la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en ausencia de la Directora Jurídica y en representación del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria federal dictada en autos, realizado por la autoridad responsable. Al respecto, dígasele a la ocursante que sus manifestaciones serán tomadas en consideración al momento de resolver si la sentencia constitucional fue debidamente atendida por la autoridad responsable. Orienta a la anterior consideración, la Tesis aislada 2a. X/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, visible a página número 373, Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA, SEGUN LAS DIVERSAS SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE. Finalmente, se tiene a la oficiante, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en el oficio que se provee y como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que indica. NOTIFÍQUESE.
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III.- Notificación personal.
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III.- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en el presente juicio, hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; en tal virtud, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, el efecto del fallo protector es para efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: ? Procede conceder a Guillermo Isaías Torres Tello, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal responsable, emita el laudo correspondiente en el juicio laboral DIT 328/2013; y se lo notifique personalmente a las partes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado cabal cumplimiento al fallo protector de mérito. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente el trámite que estén realizando para dar cumplimiento al fallo protector, se iniciará el procedimiento establecido en el artículo 193 de la ley de la materia, y en relación con los diversos numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos, moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, así como, conforme a lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, del ordenamiento legal antes invocado, atendiendo al perjuicio ocasionado y la actuación dolosa con que califique esta juzgadora la omisión advertida. Además de que se abrirá el incidente de inejecución de sentencia y los autos originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en turno, para la substanciación del incidente aludido, sin perjuicio de que éste a su vez los envíe al Máximo Tribunal para los efectos que se encuentran contenidos en el penúltimo párrafo del citado artículo 193 y 194 de la ley de la materia, esto es, la separación del cargo de la autoridad omisa y su consignación ante el Juez de Distrito, dada su conducta contumaz para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.
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