Guillermo Iride y/o Iribe Calderón

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Iride y/o Iribe Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia; en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por medio del cual, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que ha causado estado. Orden de archivo. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, doce de abril de dos mil diecinueve. Razón actuarial. Agréguese a los autos la razón de la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, donde hace constar la imposibilidad de notificar a la parte promovente Silvestre Iribe Millán, el proveído de veintinueve de marzo del año en curso, por los motivos que expone. II. Notifíquese por lista al promovente. Ahora bien, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, practíquese dicha notificación mediante lista de acuerdos; así como las subsecuentes notificaciones, inclusive las de carácter personal que resulten, hasta en tanto señale domicilio procesal. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia de registro 169843, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en abril de 2008, de la Novena Época, de texto siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese en términos de Ley, el proveído de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. I. Se tiene por no presentada la demanda. Vista el acta de notificación de cuenta, se aprecia que el quejoso expresó que no era su deseo ratificar la demanda de amparo que originó la formación de este expediente. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se deja sin efecto la suspensión de plano concedida en el proveído fechado el veintiocho de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de Ley.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Silvestre Iribe Millán, en favor de Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón, contra los actos de las autoridades denominadas: 1. Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. 2. Director de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad. 3. Secretario de Seguridad Pública de Tránsito Municipal, cuya denominación correcta es Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. En el entendido de que no se gira oficio a la autoridad que el quejoso denominó Director de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, toda vez que es un hecho conocido para este Juzgado de Distrito que tal autoridad no existe y que la misma es el Secretario de Seguridad Pública Municipal, la cual se designó como responsable. II. Creación del expediente Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 219/2019. III. Suspensión de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que se reclama la privación ilegal de la libertad, incomunicación, golpes y malos tratos, de que se dice es objeto el directo quejoso Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón. Ahora bien, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, para los siguientes efectos:  Cese de inmediato la incomunicación y privación de la libertad fuera de procedimiento de que se dice es objeto el directo quejoso Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón, por encontrarse dentro de las conductas establecidas por el artículo 15 de la Ley de Amparo.  Cesen los golpes, malos tratos, así como cualquier acto positivo o de omisión que puedan llevar a la privación de la vida del quejoso; igualmente cualquier acto degradante de la dignidad humana e imagen de las personas privadas de su libertad.  En virtud de los golpes y malos tratos de los que se dicen es objeto el quejoso, se le concede la suspensión, para que brinde de inmediato la atención médica que requiera, por el personal calificado con que cuenta el área respectiva del lugar donde se encuentren recluidos; y de ser necesario, le sea suministrado el medicamento indispensable para velar por su salud física, y cualquier otra medida de carácter urgente que se estime necesaria para lograr tal propósito. Ahora bien, si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, y éste determine su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo sexto del artículo 16 constitucional lo permite, o bien, su consignación ante el juez correspondiente. Si la detención del quejoso no tiene relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Si la detención del quejoso es relacionada con una orden de arresto administrativo, la suspensión tendrá por efecto que cese la ejecución de dicha orden de arresto, la cual se hace extensiva a cualquier autoridad que la haya ejecutado, bajo su estricta responsabilidad. Si la detención del quejoso es en cumplimiento a una orden de detención, la suspensión se concede para efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o consignado ante el juez penal correspondiente, según sea el caso. Si el quejoso se encuentra a disposición del Ministerio Público por haber sido detenido en flagrancia, el plazo se contará a partir de que sea puesto a su disposición; asimismo, en caso distinto de los mencionados en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad o consignado al Juez correspondiente. En el entendido, que en caso, de que no se localice al agraviado Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón, se considerará la desaparición forzada de persona y se proveerá en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo. IV. Solicitud de informe y constancias. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen a este juzgado, la forma y términos en que dieron cumplimiento a esta suspensión, debiendo agregar a su informe copia certificada de las constancias que integren el expediente de origen; con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 237, fracción I en relación con el 259 de la Ley de Amparo. V. Diligencia judicial. Ahora bien, considerando que el promovente señala en la demanda que el directo quejoso Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón, se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, se comisiona a la actuaria judicial adscrita para que se constituya en dicho lugar, una vez que lo localice, lo requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efecto el presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada a su favor; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada la misma, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de la Materia y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado. Asimismo, deberá dar fe de la integridad física y de las condiciones en que se encuentra el agraviado Guillermo Iride Calderón y/o Guillermo Iribe Calderón; de igual manera, se ordena a la actuaria de la adscripción para que cuestione al directo agraviado si ha sido objeto de incomunicación, golpes y malos tratos o si se encuentra en una situación que afecte su integridad física o sujeto a alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, consistentes en la mutilación, marca, azotes, palos o tormentos de cualquier especie. Asimismo, ordenar, sin necesidad de acuerdo previo, a la autoridad que lo tenga a su disposición, en caso de presentar lesiones o tener conocimiento de su provocación, con el carácter de urgente la asistencia médica que requiera la persona detenida, quien realizará las certificaciones médicas pertinentes. VI. Orden de acceso para inspección. Se ordena a las autoridades responsables, así como a las personas subordinadas a ésta y a quienes se encuentren de guardia, para que permitan al Actuario Judicial adscrito el acceso a las instalaciones del lugar en que se encuentra detenido el directo quejoso, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con apercibimiento que de no acatar la presente disposición, se dará vista inmediatamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que proceda conforme a sus atribuciones. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que dice: "JUEZ DE DISTRITO, OBLIGACIÓN DEL, PARA QUE NO QUEDEN PARALIZADOS LOS JUICIOS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 209 DE LA LEY DE AMPARO. Una recta interpretación de los artículos 157 y 209 de la Ley de Amparo, permite establecer que los órganos de control constitucional de primer grado tienen la obligación de cuidar por todos los medios a su alcance que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando el acto combatido atenta contra la libertad de las personas; de tal manera que las autoridades responsables que se resistan a dar cumplimiento a sus mandatos y órdenes pueden incurrir en conductas delictivas reguladas por el Código Penal Federal y, en tales hipótesis, puede y debe dar vista al fiscal federal de su adscripción para que proceda con arreglo a sus atribuciones." (Novena Época; Registro: 202122; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XIX.1o.2 K; Página: 859) VII. Domicilio. Téngase como su domicilio procesal para recibir notificaciones, el que indica en el escrito de demanda. VIII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. IX. Transparencia y acceso a la información. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Notifíquese en términos de Ley.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano