Guillermo Iglesias Prieto

Expediente 133/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 86 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
133/2020
Año
2020
Actuaciones
86
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Iglesias Prieto
  • Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil en Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 86.

  1. Incidental

    Ensenada, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que en esta misma fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que derivan los presentes cuadernos incidentales, en el cual causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, por tanto, se ordenó el archivo definitivo de aquel expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En virtud de lo anterior, se declaran sin materia las providencias decretadas en este incidente, debiendo hacer lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales conducentes. En términos del artículo Décimo Octavo inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente, en proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional, y por resolución incidental de diez de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del mencionado artículo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación, el presente proveído y demás que se consideren necesarios. Por otra parte, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Finalmente, atento a lo anterior y al contenido de la certificación secretarial de cuenta del que se desprende que la parte quejosa exhibió billete de depósito N856058, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos), a efecto de garantizar la suspensión definitiva, que le fue concedida. Por tanto, una vez que transcurra el término de seis meses a que alude el artículo 156 de la Ley de Amparo devuélvase el mismo a la directa quejosa, y en caso de no acudir a recibirlo transcurrido el término de dos años que establece el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito a favor del Erario Federal.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio ha causado ejecutoria; por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. En otro orden de ideas, vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que se formaron cuatro tomos de pruebas con las constancias remitidas por el Juez Primero Civil de Primera Instancia, en esta ciudad, en apoyo a su informe con justificación.Por tanto, dado que resulta innecesaria la conservación de las referidas constancias, devuélvase los tomos de pruebas formados a la autoridad de referencia. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su archivo

  3. Principal

    R E S U E L V E Único. Se sobresee en el juicio de amparo 133/2020-I promovido por ******** Prieto por su propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables -ordenadora- Juez Primero Civil de Primera Instancia y -ejecutora- Actuaria adscrita al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia, ambas en esta ciudad, consistente en el proveído de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio sumario civil ********, mediante el cual se declaró firme el auto aprobatorio del remate celebrado en tercera almoneda el seis de junio de dos mil diecinueve, y ordenó poner en posesión material y jurídica del aquí tercero interesado ******, el inmueble identificado como ******, así como su ejecución. Notifíquese.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de tres días hábiles otorgado a las partes con el dictamen pericial rendido por el perito oficial Ricardo Ronald Ramírez Rubio, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas del seis de octubre de dos mil veintidós. En ese sentido, ya que se encuentra ofrecida la testimonial a cargo de Laura Gabriela Castillo Ramos y Marco Antonio Moreno Ramos y dado que la parte oferente se comprometió a presentar a los testigos, cítese a los mismos por conducto de la parte quejosa, para que comparezcan debidamente identificados ante las instalaciones de este Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Baja California, ubicado en calle Delante, número 314, esquina Pedro Loyola, colonia Carlos Pacheco, Código Postal 22890, con residencia en esta ciudad, en la hora y fecha que habrá de celebrarse la audiencia constitucional, en la que tendrá verificativo el desahogo de la prueba testimonial a su cargo. Se apercibe a la parte quejosa que de no presentar a los referidos atestes el día y hora señaladas para el desahogo de tal probanza, es decir el mismo programado para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, se le tendrá por desinteresada en su desahogo y se declarará desierta en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.4/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo III, Febrero de 1996, página 125 del tenor literal siguiente: "TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. BASTA QUE EL OFERENTE MANIFIESTE QUE NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en el juicio de amparo, basta que el oferente de la prueba testimonial manifieste no poder, por sí mismo, presentar al testigo, para que el Juez deba citarlo con el apercibimiento de ley, sin que para ello sea necesario que aquél precise los motivos por los cuales está imposibilitado para hacerlo, pues además de que el texto de tal norma legal no establece este último requisito, ni tampoco previene la facultad del juzgador, los procedimientos o los criterios para calificar la idoneidad de los motivos en que se funda la petición o para desestimarla por considerar insuficientes los motivos de la solicitud, se trata de una norma de excepción al principio dispositivo que rige en la materia probatoria del procedimiento regulado por el Código en cita, que debe ser interpretada de manera estricta, por lo cual no cabe entenderla a modo de imponer al oferente la observancia de una formalidad que en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma de garantizar se aporten al proceso todos los medios de convicción para descubrir la verdad de los hechos debatidos."

Quedan 82 actuaciones en este expediente

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