Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro
Expediente 1444/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA 7.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la cuenta secretarial, se acuerda: AVISO DESIGNACIÓN NUEVA TITULAR Tomando en consideración el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, en el que se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano a partir del dieciséis de noviembre del año en curso, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1444/2022-7, promovido por **********, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio 4176 recibido el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el treinta siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en el treinta y uno posterior, la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito remitió: Original del juicio de amparo directo 534/2022 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro; Informe justificado rendido por el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. Así como cuatro tomos, que consisten en el original del toca civil 1294/2022-II, cuadernillos del incidente de cancelación de pensión alimenticia; juicio especial de reclamación de pensión alimenticia y cuadernillo de incidente de retención de pensión alimenticia, deducidos del juicio civil 847/2016, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco; Constancias de las cuales se advierte que el citado órgano colegiado declinó competencia para conocer de la demanda, en el cual Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) la sentencia interlocutoria de fecha veinticuatro, dictada en el Toca número 294/2022, relativo al incidente de reducción de pensión alimenticia (.) (.) la ejecución de la sentencia confirmada en el Toca número 294/2022."(sic) AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 2 Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Comalcalco, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El nueve de agosto de dos mil veintiuno se admitió la competencia, por lo que se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1444/2022-7; se requirió únicamente el informe justificado respectivo al Juzgado responsable, dado que el relativo a la Sala responsable ya obraba agregado en autos; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reconoció el carácter de tercera interesada a María de los Ángeles Peralta Huy, por lo que se ordenó su emplazamiento; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. Previo citatorio, mediante lista de acuerdos de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se emplazó a la presente controversia a María de los Ángeles Peralta Huy, en su calidad de tercero interesada. CUARTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución pronunciada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca civil 294/2022-II, que declaró infundado la inconformidad planteada; confirmó la sentencia interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós emitida por la Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro -aquí quejoso- deducido del expediente 847/2016, relativo al Juicio Especial de Pensión Alimenticia; así como su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Tanto el magistrado presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y como el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, al rendir sus respectivos informes con justificación, admitieron la existencia del acto que se les reclama. [Fojas 5 y 32] Cobra aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Afirmación que guarda sustento con el original del toca civil 294/2022-II [Tomo I], en donde obra la sentencia génesis de la controversia que por esta vía se dirime, la cual se pormenorizó en el apartado de pruebas de la audiencia constitucional. Documental a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como conforme a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando que precede que se acompañaron al informe justificado en original. Visto lo anterior, resulta necesario referir únicamente los antecedentes relevantes para la materia de la presente controversia constitucional: El cinco de julio de dos mil diecisiete, en audiencia pública el juez natural aprobó de manera definitiva el convenio suscrito por Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro -aquí quejoso- y María de los Ángeles Peralta Huy -aquí tercera interesada-, por sí y en representación de su menores hijos y por tanto, lo elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, acuerdo a través del cual el primero se obligó a proporcionar pensión alimenticia. [Fojas 30 a 33 del Tomo II] Posteriormente, por auto de veintitrés de junio de dos mil veinte, la Juez del conocimiento ordenó tramitar el incidente de cancelación de pensión alimenticia, interpuesto en el juicio principal por Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro -aquí quejoso-, en contra de María de los Ángeles Peralta Huy -aquí tercera interesada-, por lo que ordenó correr traslado y emplazar a la citada incidentada, para que dentro del plazo de tres días hábiles produjeran su contestación y ofrecieran las pruebas oportunas. [Foja 33 y 34 del Tomo IV] Seguida la prosecución incidental, mediante interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado natural determinó que el incidentista Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro -aquí quejoso-, no justificó la acción incidental de cancelación de pensión alimenticia que ejerció en contra de María de los Ángeles Peralta Huy -aquí tercera interesada-. [Fojas 349 a 359 del Tomo IV] Inconforme con dicha resolución Guillermo Ibrahim Escobar Alfaro -aquí quejoso-, interpuso recurso de apelación, el que fue admitido por la juez responsable por proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en efecto devolutivo y ordenó remitir los autos al tribunal de alzada, para la calificación y substanciación del mismo. [Foja 404 y 405 del Tomo IV] En proveído de ocho de abril de dos mil veintidós la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, admitió a trámite el recurso y lo registró bajo el expediente 294/2022-II. [Foja 52 a 53 del Tomo I] Finalmente, mediante resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, dictada en los autos del toca civil 294/2022-II [Folio 56 a 98 del Tomo I], estimó infundada la inconformidad planteada por el incidentista y por tanto, confirmó la interlocutoria apelada. Ahora, la citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, de la cual se advierte que la Sala responsable soportó, en lo que interesa, sus razonamientos en lo siguiente: Tras sintetizar los antecedentes del caso, los argumentos de inconformidad del apelante y la valoración de los medios de convicción que obran en autos, estimó infundados los argumentos de inconformidad. Determinó que, a pesar que opuesto a lo afirmado por el incidentista, la Jueza natural sí analizó los medios de prueba aportados por las partes, valoró las documentales así como las confesionales, de las que si bien es posible advertir la incidentada es propietaria de algunos inmuebles, tal condición no fue suficiente para justificar la cancelación de la pensión, puesto que no se acreditó que tales vienen generen ingresos a su propietaria, más aún si tales bienes fueron adquiridos con antelación a la firma del convenio donde se fijó la pensión, por lo que es claro que el apelante ya era consciente de tal situación cuando consintió el porcentaje fijado. Sostuvo que fue correcta la apreciación de la Jueza de origen al afirmar que la incidentada, al detentar la guardia y custodia de su menor hija, no tiene obligación de rendir cuentas sobre la forma en la cual dispone de la pensión y si bien, con los diversos informes de instituciones bancarias se aprecia que la incidentada tiene deudas y créditos, tal condición tampoco acredita la capacidad económica que aduce el apelante que justifique la cancelación buscada. Tampoco resultó beneficioso el análisis de las testimoniales y la prueba psicológica relativas a la existencia de la nueva relación sentimental de la incidentada, puesto que tales medios de convicción no circunstanciaron en modo, tiempo y lugar el inicio o prevalencia de tal situación, ni que la existencia de tal relación sentimental justifique la cancelación de la pensión alimenticia. De lo anterior, estimó que no es cierto que la sentencia apelada únicamente se base en temas de pensión compensatoria, dado que del análisis practicado al fallo recurrido, la Sala no acreditó la existencia de pronunciamiento relativo de parte de la Juez natural. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El amparista en su único concepto de violación indica que la responsable vulnera sus derechos, puesto que quedó plenamente acreditado que la actora en el juicio de alimentos cuenta con propiedades que le permiten ingresos para solventar sus necesidades. Insiste que existen documentales con pleno valor probatorio que acreditan que la incidentada da en arrendamiento sus inmuebles y por tanto percibe ingresos. Citó como soporte a lo anterior, las jurisprudencias 1a./J. 37/2007 y 1a./J. 36/2007, de rubro siguientes: "ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. LA HIPÓTESIS DE QUE LA EX CÓNYUGE "CAREZCA DE BIENES" PARA TENER DERECHO A PERCIBIRLOS, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE SI POSEE BIENES, ÉSTOS NO SEAN SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR FRUTOS SUFICIENTES PARA SUFRAGAR LA NECESIDAD ALIMENTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Registro digital 172631. "ALIMENTOS DERIVADOS DEL DIVORCIO NECESARIO. SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL DERECHO DE LA EX CÓNYUGE INOCENTE A RECIBIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." Registro digital 172630. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que los argumentos sintetizados devienen inoperantes. Esto, sin que pase inadvertido a este órgano de amparo el legítimo derecho de la suplencia de la queja en la materia familiar, derivado de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, no obstante tal obligación no llega al extremo de interpretar los parámetros de la solicitud para darle un alcance diverso al pretendido por el impetrante. Soporta idéntico razonamiento, el criterio judicial visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 1058, octava época, materia común, registro digital 229521, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, LIMITES DE LA. La suplencia de la deficiencia de la queja no puede llegar al extremo de interpretar la demanda de garantías al grado de darle un alcance diverso del que expresamente señala el quejoso." Ahora, la calificativa de inoperancia de los argumentos propuestos como concepto de violación se soporta en el hecho que no controvierten de modo alguno los aspectos torales en los que la Sala responsable soporta la sentencia reclamada. Soporta lo anterior, el criterio de jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXVI, Cuarta Parte, página 27, materia común, registro 269435, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." Lo anterior al margen que esta jurisdicción comparte el razonamiento vertido respecto a la insuficiencia de los medios de prueba para acreditar la solvencia económica de la incidentada, el mero argumento del quejoso de que existen medios de prueba incontrovertibles que sí justifican la cancelación de la pensión, por sí mismo no combate de manera alguna la determinación impugnada. Ello es así, puesto que resulta una mera expresión genérica, lo cual imposibilita a este órgano de amparo el estudio, dado que de hacerlo implicaría suplir la deficiencia de la queja, que en el presente caso no resulta procedente. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/5, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1600, novena época, materia común, registro digital 176045, de rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LAS SIMPLES EXPRESIONES GENÉRICAS Y ABSTRACTAS CUANDO NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Si no se está en el caso de suplir la deficiencia de los agravios en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, no basta que el recurrente exprese sus agravios en forma genérica y abstracta, es decir, que se concrete a hacer simples aseveraciones para que el Tribunal Colegiado emprenda el examen de la legalidad de la resolución recurrida del Juez de Distrito a la luz de tales manifestaciones, sino que se requiere que el inconforme en tales argumentos exponga de manera razonada los motivos concretos en los cuales sustenta sus propias alegaciones, esto es, en los que explique el porqué de sus aseveraciones, pues de lo contrario los agravios resultarán inoperantes." Es aplicable el razonamiento de la jurisprudencia I.4o.A. J/48, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero 2007, página 2121, novena época, materia común, registro digital 173593, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez." De ahí que no le asista la razón a la impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo tal consideración en el criterio 1a. CVIII/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXV, Mayo de 2007, novena época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se comparte el sentido del sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós dictado en el toca civil 294/2022-II, por el cual se confirmó la interlocutoria de siete de marzo de dos mil veintidós dictada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al juicio especial de pensión alimenticia 847/2016, del registro del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, Comalcalco, Tabasco; es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por la impetrante no resultan procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada. Además, respecto de las jurisprudencias invocadas en la demanda y relacionadas con los argumentos que resultaron inoperantes, no procede realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las mismas. Ilustra ese proceder la tesis de jurisprudencia VIII.1o.(X Región) J/3 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3552, décima época, materia común, registro 160604, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA. Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.", se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo." En las relatadas circunstancias, ante lo inoperante de los argumentos de disenso planteados por la parte solicitante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las parte quejosa que, en término del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, no se hará la publicación de su nombre, ni de sus datos personales, por tanto, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante proveído de siete de octubre pasado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Mariana de los Ángeles Peralta Huy, instrucción que el actuario adscrito diligencio al entregar citatorio de once posterior, por lo que el término de dos días previsto por el inciso b) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, transcurren del trece al catorce de octubre de dos mil veintidós. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la constancia actuarial de cuenta de las que se advierte la imposibilidad del fedatario de la adscripción de realizar el emplazamiento de la tercero interesada Mariana de los Ángeles Peralta Huy, asimismo hace constar que del tomo de pruebas consistente en el toca civil 294/2022-II, que remitió la Sala responsable a su informe con justificación, se advierte que el domicilio de la referida tercero interesada es el ubicado en calle Simón Sarlat número 244 altos de la colonia Centro de esta ciudad (foja 99). En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena emplazar a la parte tercero interesada a que se alude, en el domicilio precisado, por conducto de la Actuaria de este Juzgado, con una copia simple de la demanda de amparo, le notifique los autos de uno y veintidós de septiembre del año actual, así como los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y el presente proveído; de igual manera, le hará saber que en caso de que lo estime conveniente se apersone al presente juicio a defender sus derechos y que la audiencia constitucional relativa está fijada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la tercero interesada.Así lo proveyó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la secretaria Gabriela Ponce Hernández, que certifica y da fe.
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