Guillermo Humara Pedroza
Expediente 1104/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Guillermo Humara Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos y certificación. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentran notificadas la totalidad de las partes respecto de la resolución interlocutoria dictada el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se negó la suspensión definitiva. Asimismo, se desprende que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, las autoridades responsables ya se encuentra notificado del acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia señalada y se les corrió traslado con copia de los agravios respectivos. Se remiten autos en revisión. Por tanto, como está ordenado en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, el presente incidente de suspensión 266/2022-II; el original del escrito por el cual se interpone el recurso de revisión y copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción. Vinculación de expediente. No obstante lo anterior, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo citado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), del índice de este órgano jurisdiccional, a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen, entre otras, el escrito por el cual se interpuso el recurso, la resolución recurrida, el informe sobre la materia de la revisión y, en sí, todas las constancias pertinentes del citado juicio, a efecto de que se encuentre en posibilidades de resolver el medio de impugnación hecho valer por la parte recurrente; para lo cual se instruye a la analista jurídica SISE de la adscripción. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y mediante oficio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Visto el oficio presentado por el Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí; por medio del cual informa que sobrevino causal de improcedencia, en tal virtud, con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a los autos, en virtud de que por auto de veintitrés de agosto del año en curso, se sobreseyó el presente asunto fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio con anexo que remite el Director Jurídico del Instituto Registral y Catastral del Estado, autoridad vinculada, mediante cual rinde informe respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, en cuanto al ámbito de su competencia corresponde. Vista con informe de cumplimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndoles traslado con copia del oficio y anexo de cuenta, así como de los diversos recibidos el quince del mes y año en curso, con números de registro 15546 y 15590, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente y por medio de lista
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los presentes autos, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de los actos reclamados, se surte una causal de improcedencia. En principio resulta pertinente establecer con exactitud el acto reclamado, para lo cual debe tenerse presente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, en el caso, el análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente sumario, pone de manifiesto que el quejoso comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: Del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, la resolución emitida en audiencia preliminar celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en autos del procedimiento ordinario 79/2022, a través de la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso. En relación con dicho medio de defensa (recurso de reconsideración), cabe señalar que el quejoso manifiesta expresamente en el escrito por el que hizo valer dicho medio de defensa que: "El Recurso planteado es para impugnar la actuaciones posteriores a la contestación de demanda de las partes que represento, puesto que el día 11 de abril 2022, el secretario instructor emite acuerdo en donde, tiene a esta parte por no formulando contrarréplica y sus consecuencias legales inherentes, basándose en que esta parte demandada (persona física y persona moral que represento), no dimos cumplimiento a la contrarréplica correspondiente, sin embargo esta parte no fue notificada conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, es decir, NO SE NOS CORRIÓ TRASLADO CON LA RÉPLICA HECHO POR LA PARTE ACTORA, por lo que existe una franca violación a los principios consagrados en el artículo 17 de nuestra Carta magna." Precisado lo anterior, la suscrita advierte que respecto del acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, como se adelantó, del libelo constitucional se advierte que en la especie se reclama del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de San Luis Potosí, la resolución emitida en audiencia preliminar celebrada el veintiuno de julio de dos mil veintidós, en autos del procedimiento ordinario 79/2022, a través de la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el quejoso. Medio de defensa que se interpuso a efecto de impugnar las actuaciones posteriores a la contestación de demanda, debido a que, asegún aduce la parte quejosa, el once de abril del año en curso, se le tuvo "por no formulando contrarréplica", sin embargo refiere que dicha parte no fue notificada conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, es decir, no se le corrió traslado con la réplica formulada por la parte actora, lo que a su consideración vulnera el artículo 17 de la Carta Magna. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene laudo favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en su contra. En efecto, si a través de la determinación reclamada, el Tribunal responsable declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la determinación que tuvo a la parte quejosa "por no formulando contrarréplica", es inconcuso que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales, y, por ende, su consecuencia jurídica y material es la continuación del procedimiento de origen por sus cauces legales, hasta el dictado del laudo respectivo. Cobra puntual apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Así como la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo LXXIV, página 5708, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "REPLICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE NO LA TIENEN POR PRESENTADA EN TIEMPO. La resolución de segunda instancia, que no tiene por presentado en tiempo el escrito de réplica, no tiene el carácter de irreparable, pues aunque produce el efecto de que se tengan por confesados o admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia, según lo establece el artículo 266 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, el quejoso, durante la secuela del juicio, puede hacer uso de todos los medios de defensa que la ley concede, y mediante la prueba en contrario que rinda, puede desvirtuar los efectos que determina el mencionado precepto y obtener una sentencia favorable. En consecuencia, el amparo indirecto es improcedente contra la resolución de que se trata y por estar el caso comprendido en la fracción II del artículo 107 constitucional, sólo cabe la protesta para los efectos del amparo directo, que se promueva por el quejoso, contra la sentencia definitiva, para el caso de que ésta le sea adversa." En la misma tesitura, resulta aplicable la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, localizable en el Volumen 145-150, Sexta Parte, página 315, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTO QUE DECLARA POR PERDIDO EL DERECHO PARA CONTRARREPLICAR, NO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO EL. Si se reclama de la responsable el acuerdo por el que, según se dice, se declaró ilegalmente por perdido el derecho de la quejosa para contrarreplicar, se está en presencia de una violación procesal que, en términos de la fracción XI del artículo 159 de la ley de la materia, es análoga a la prevista en la fracción IV del mismo precepto, tomando en cuenta que el único efecto que podría producirse es que se tuviera a la quejosa admitiendo los hechos expuestos por el actor en la réplica; y, en esas condiciones, es claro que, la agraviada, en el supuesto de que no le fuera favorable el fallo que llegase a dictarse, estará en aptitud de combatirlo, aduciendo tal violación procesal, en el amparo directo que pudiera llegar a promover, por lo que la aludida violación procesal no es reclamable en amparo indirecto." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la legislación en consulta, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del trece de septiembre del año en curso, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como mediante oficios que se remitan a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.
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